Tras las declaraciones del gobernador Ignacio Torres en Comodoro Rivadavia al momento de anunciar la intervención del Instituto, entre las que cuestionó un supuesto contrato de alquiler a instalaciones del gremio en cuestión (al que antes perteneció Alfredo Prior, ex presidente del Instituto), desde la APJM dieron difusión al contrato de comodato.

El mismo fue firmado en diciembre de 2021 y abarcaba al período 1 de enero de 2022 hasta el próximo 31 de diciembre de 2023, en tanto en ese acuerdo se establecía que el ‘comodatario’ (es decir, el Instituto) se comprometía al cuidado de las instalaciones y pago de los servicios durante el tiempo de funcionamiento, comprometiéndose a la devolución en el mismo estado en que las instalaciones fueron recibidas, previéndose multas diarias en caso de incumplimiento.

No hay alquiler alguno de las instalaciones, es un comodato y estamos orgullosos de colaborar con el crecimiento de nuestra obra social”, expresó la comisión directiva de la Asociación del Personal Jerárquico Municipal, encabezada por Roberto Astete, en referencia al vínculo por el que el instituto utilizó instalaciones del gremio para el funcionamiento de oficinas.

“De la lectura del contrato no surge que haya habido un monto a pagar por el uso de las instalaciones, salvo los mencionados gastos de funcionamiento y refacciones necesarias para adaptar a las necesidades de las instalaciones administrativas”, añadieron.

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