RAWSON (ADNSUR) - El Ministerio de Educación de Chubut pondrá en vigencia un sistema de identificación de datos biométricos para controlar la asistencia de los docentes a las escuelas, en un programa de acciones que fue anticipado por ADNSUR en noviembre último, a partir de un trabajo conjunto realizado con especialistas en educación del ámbito nacional. El sistema tendría un costo de 24 millones de pesos, por lo que será de aplicación paulatina.

El sistema, que formó parte de un acuerdo firmado con los gremios, apunta a establecer un control más estricto de la asistencia del docente a la escuela, algo que hoy no se verifica, como quedó en evidencia durante el conflicto del año pasado y no hubo forma de establecer con claridad quiénes concurrieron a trabajar y quiénes adhirieron a la medida.

Por eso, la intención del ministro Andrés Meiszner es comenzar a obligar a los maestros a cumplir con normas que ya rigen para otros empleados públicos, es decir, marcar tarjeta a través de un sistema moderno con datos biométricos, como puede ser el pulgar o el rostro.

AHORRO DE 370 MILLONES DE PESOS

La intención del ministro Meiszner es comenzar a obligar a los maestros a cumplir con normas que ya rigen para otros empleados estatales.
La intención del ministro Meiszner es comenzar a obligar a los maestros a cumplir con normas que ya rigen para otros empleados estatales.

La reforma administrativa en el sistema educativo apunta a generar ahorro de recursos en gastos que no significan una inversión a favor del docente que está frente al aula, sino en una dilapidación de recursos que luego resultan insuficientes para el normal funcionamiento del sistema. Según pudo conocer esta agencia al momento de anticipar el plan, hasta el año pasado se destinaban 370 millones de pesos por mes al pago de miles de horas cátedras “sobre las que no hay ningún control”, según confiaron quienes trabajan en el proyecto de reforma.

El tema de las horas cátedra sin control se ha planteado en varias oportunidades, pero hasta ahora no generó resultados concretos. Desde el área educativa se ha cuestionado que se destinan recursos a pagar incluso cargos políticos en determinados municipios con estos recursos. Además, los funcionarios del área cuestionan también situaciones de abuso dentro del mismo sistema educativo, con superposición de cargos ejercidos supuestamente por el mismo docente pero en diferentes localidades, en días y horarios que resultaría imposible de asistir por la casi superposición horaria.

Otros puntos que incluirá la futura reforma, según anticipó ADNSUR en noviembre último, apunta a controlar mejor la gran cantidad de licencias médicas que hoy llegan a muchos “abusos” en el sistema docente, y especialmente, a poner el acento en el llamado Régimen de Incompatibilidad. Con esto último se alude a determinadas “avivadas” que permite el sistema, y que se dejarían de permitir.

Un ejemplo es el caso de muchos agentes que están prestando una comisión de servicios en otro ministerio, o en otro poder del estado, pero en el momento de concursos y designaciones se presentan para tomar más horas cátedra, para luego de obtenerlas e incrementar sus ingresos, reincorporarse a la comisión de servicio, en vez de desempeñarse en el aula. “No puede ser que un maestro esté adscripto a otro organismo sin dar clase, pero se presente a un concurso para ganar un nuevo cargo, y después pida licencia para volver al otro trabajo que no tiene que ver con lo pedagógico”, explicaron en Educación, como un claro ejemplo de despilfarro de fondos que no llegan a los alumnos.

Otra de las situaciones de abuso que se busca erradicar es la de los llamados “trabajadores golondrina”, término con el que se refieren a cientos de docentes que llegan de otras provincia, toman un cargo en un aula, para después pedir una licencia por un motivo particular que les permite el convenio colectivo para volver a su provincia de origen, y mientras tanto Chubut tiene que salir a buscar un nuevo suplente, pagando hasta tres sueldos por un mismo servicio. La idea es terminar con este sistema exigiendo un determinado tiempo de residencia en la provincia para concursar por un cargo, que se evalúa si sería de al menos dos o tres años con domicilio en la zona.

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