El "escándalo y aprietes" denunciado por Castillo y Massoni podría derivar en una falsa denuncia

“Después de un tiempo prudencial y tras la elección de las PASO, decidí mostrar lo que hicieron los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el 1ro de septiembre pasado, en el supermercado La Anónima de Trelew”, dijo José Glinsky a través de su cuenta de Facebook.

“Porque no me da lo mismo que se diga cualquier cosa sobre mí o sobre la institución que con mucho orgullo hoy me toca conducir –añadió-. Se hizo una denuncia grave y es necesario aclararla”.

Compras en el súper

El planteo de Castillo fue a partir de un hecho ocurrido el 1 de septiembre, cuando observó la llegada de 3 móviles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estacionaron en la calle contigua a la playa del supermercado ubicado frente a sus oficinas, donde funciona la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria de Trelew.

Según afirmó entonces el funcionario municipal, los agentes descendieron y “comenzaron a fotografiar el edificio, al personal y a mis hijos Diego Ezequiel Castillo y Nashibe Jael Castillo, que también se hallaban en el lugar”; agregó además que “los efectivos fotografiaron la camioneta de mi hija (marca Chevrolet Trucker año 2014) que se encontraba estacionada en el playón de La Anónima”.

Como consecuencia de los dichos del funcionario municipal, el ministro Massoni remitió una nota a la entonces ministra de Seguridad de la Nació, Sabina Frederic, para requerirle una investigación interna, ante lo que consideraba hechos graves atribuidos a una fuerza bajo su mando, vinculando a José Glinski, quien es el titular de esa fuerza nacional. 

El planteo fue atribuído a una diferencia de tono político entre Castillo y quien hasta ese momento era secretario de Gobierno del municipio de Trelew, Federico Ruffa, amigo personal y del mismo sector político que Glinski. Tras ese hecho, Ruffa presentó la denuncia a su cargo. 

Una investigación que se transformó en boomerang

El propio Glinski solicitó una investigación a la Dirección de Control Policial (compuesta por la Auditoria de asuntos internos, la Defensoría del policía y el Tribunal de disciplina), que depende directamente del Ministerio de Seguridad de la Nación, no de la fuerza, garantizando la transparencia e independencia del proceso de investigación.

Entre las conclusiones de ese informe, se desprende que el día 1ero de septiembre, el personal de PSA se encontraba de regreso luego de realizar tareas de control preventivo de cargas y correos en la sede de la empresa OCA.

Finalizado ese procedimiento, los efectivos se dirigieron a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) Trelew (oficina central) y camino a esa dependencia, se detuvieron en el supermercado La Anónima, ubicado en la calle Belgrado 154, con el fin de comprar bebidas, alimentos, y demás racionamiento para el consumo del personal afectado al operativo.

Siguiendo con las conclusiones del informe, fueron 3 los agentes de la PSA que bajaron a comprar y como respaldo de sus declaraciones, los efectivos entregaron los respectivos tickets de compra, y en aquellos casos en los que no los conservaron, se aportó como documentación los movimientos bancarios efectuados con la tarjeta de débito, donde consta la compra al mencionado supermercado (así aparece en detalle), ese día y en ese horario.

Además, en la investigación se accedió a los videos de La Anónima, que registran el momento en que los agentes ingresaron y luego salieron con las bolsas de compras, que llevaban para el almuerzo del personal que estuvo afectado al operativo. 

En el mismo estuvieron afectados tres vehículos de porte mediano a grande, por lo que estacionaron en las calles lindantes al supermercado (ya que la playa estaba saturada), que a su vez está frente a la dependencia municipal, por lo que se desprende del informe. 

En esa circunstancia, un funcionario municipal del área de control operativo los llamó para preguntarles si estaban allanando la Secretaría conducida por Castillo, lo que fue negado por los agentes, que hicieron constar también en sus declaraciones la insistencia con la que el funcionario volvió a preguntarles lo mismo. 

Por su parte, Castillo no pudo presentar imágenes que reflejen el accionar que atribuyó a los agentes de la PSA, salvo la filmación de los vehículos estacionados.  Incluso dejó plasmado que toda su denuncia pública se basó en una conjetura, al firmar en esos días: “supongo que todo ese despliegue se debe a una fuerte discusión laboral que tuve con el secretario de Gobierno Federico Ruffa y este señor es amigo intimo de José Glinsky (sic), que se desempeña como director nacional de la PSA”.

Posible delito de falsa denuncia 

Como consecuencia del desguisado, Ruffa formuló una presentación judicial para vindicarse, en los términos del artículo 68 de la Constitución Provincial, que exige a los funcionarios públicos demostrar que son inocentes cuando se les atribuye algún tipo de conducta irregular. 

Paralelamente, el ex funcionario pidió que se inicie una investigación preliminar para determinar si Castillo incurrió en el delito de falsa denuncia, previsto por el artículo 245 del Código Penal, por lo que hay una causa judicial abierta para determinar esa acusación. 

Quien también quedó mal parado con estos hechos es el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, quien en declaraciones periodísticas, además del pedido de intervención al Ministerio de Seguridad de Nación, había adoptado la teoría conspirativa de Castillo como propia:

“Fíjese el abuso de poder, de autoridad que existió, de utilizar una fuerza federal para generarle un apriete, en este caso, a otro funcionario municipal, pero no deja de ser una persona –dijo Massoni en medios radiales-. El uso de una fuerza de seguridad federal para este tipo de cuestiones. Se da cuenta por qué me enervo con posterioridad, cuando quieren realizar este tipo de chicanas, y decir que en la seguridad hace falta que vengan, yo creo que se lo dije en su programa: ‘Glinski como es amigo de Ruffa, baja la PSA como para querer mojar la oreja a un ministro’”.

Por su parte, Glinski manifestó en sus redes sociales: 

“Queda para analizar después la bajeza del funcionario provincial que utilizó políticamente la denuncia a sabiendas de que era mentira lo que se estaba denunciando o, al menos, muy dudoso. Ningún documento respalda las acusaciones, sólo un video con vehículos estacionados. De las situaciones difíciles como las que atraviesa Chubut, salimos con más política, no con actitudes irresponsables que dañan, no a mí, no a la PSA, sino a la política en general”.