El 22% de la población de Chubut es pobre, según una consultora

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Según datos de una consultora mendocina, Chaco encabeza el ranking con el 54,2% de su población bajo la línea de pobreza y la sigue Santiago del Estero. Por sobre el nivel de 30% están Tucumán (38,9), Salta (37,5), Entre Ríos (36,6), Buenos Aires (36,1), San Juan (35,7), Río Negro (34,8), Mendoza (33,5) y Santa Fe (32,3). Perforan ese piso San Luis (29,9), Córdoba (27,2), La Pampa (24,9), Chubut (22,2) y Neuquén (22,1).

En base a encuestas telefónicas y al valor de un conjunto de bienes básicos que a diciembre pasado costaban, en promedio, $ 14.285 para una familia, la consultora mendocina Evaluecon estimó la cantidad de personas pobres por provincias.

En el "mapa federal" le siguen Santiago del Estero, con 50,3% y Jujuy, con 48,5 por ciento. Los lugares donde la situación es más aliviada son la ciudad de Buenos Aires, con 16,6%; Tierra del Fuego (18,9%) y Santa Cruz (21,9%). La pobreza promedio para todo el país que estima Evaluecon es de 35% para el año 2015.

Los índices se elaboran teniendo en cuenta una encuesta telefónica en grandes centros urbanos, rurales y suburbanos, hecha a personas mayores de 18 años de todas las provincias del país (150 utilizables por jurisdicción). El mencionado valor de la canasta básica usado para el cálculo (se cruzan datos de ingresos con ese costo) es el que Evaluecon considera el "mínimo e indispensable que necesita una familia tipo para vivir dignamente, en base a los niveles de consumo alimentario nutricionales mínimos requeridos".

José Vargas, director de la consultora, agrega que la construcción del índice es multifactorial, porque toma en cuenta si los encuestados tienen trabajo formales o no, cómo es su vivienda, su nivel educativo y el ingreso per cápita familiar.

Los precios surgen de relevamientos en supermercados, almacenes, verdulerías, farmacias y negocios de indumentaria, y los datos de los ingresos familiares (tanto formales como informales), de las encuestas.

Catamarca (con una tasa de 45,4%), Corrientes (43,3%), Misiones (41%) y La Rioja (40,4%) son las otras jurisdicciones en las que cuatro o más de cada diez habitantes no tienen condiciones dignas de vida.

Por sobre el nivel de 30% y siempre según el trabajo de Evaluecon están: Tucumán (38,9), Salta (37,5), Entre Ríos (36,6), Buenos Aires (36,1), San Juan (35,7), Río Negro (34,8), Mendoza (33,5) y Santa Fe (32,3). Perforan ese piso San Luis (29,9), Córdoba (27,2), La Pampa (24,9), Chubut (22,2) y Neuquén (22,1).

OTRO ÍNDICE DE POBREZA

Para los próximos días está prevista la difusión de otro índice de pobreza, que es el calculado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que para 2014 había estimado que 28,7% de la población era pobre. Con el empleo estancado y un elevado nivel de inflación, las expectativas de lo que puede haber ocurrido el año pasado no son favorables.

Para Agustín Salvia, director del Observatorio, cuando se observa esta problemática según jurisdicciones puede analizarse que los gobiernos provinciales pueden intervenir en dos de los factores que determinan la pobreza medida por ingresos: los precios y el nivel de actividad económica, que se traduce en demanda de empleo.

Evaluecon describe que en los últimos tres años, en la mayoría de las provincias la cantidad de trabajadores estatales creció por sobre los del sector privado: "En algunas jurisdicciones el empleo público es visto como un «subsidio permanente al desempleo», hasta tal punto que el gasto en salarios, en algunos casos, representa 60% del presupuesto total".

Salvia agrega que, a través de la inversión pública, las provincias pueden privilegiar la mano de obra local y las pymes. Considera que es un instrumento clave para operar sobre el sector laboral.

Desde el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) -que elabora un índice de precios barrial-, Pablo Gallo estima que con la dinámica de los precios en los últimos meses, la pobreza a nivel país debe estar en los mismos niveles de 2014, alrededor del 30% de la población, "con lugares donde se agudiza el problema".

Enfatiza la "significativa" dispersión de precios que se registra en los relevamientos en centros urbanos y que se profundizó en los últimos cuatro años. "Dependiendo de dónde te tocó vivir podés pagar varias veces más por lo mismo que otro ciudadanos -dice-. La política de intervención de precios que impulsó Guillermo Moreno logró el efecto contrario al buscado, empeoró la situación".

Vargas advierte que -además de "medir bien" desde el Indec- el Gobierno debe bajar la inflación. "Debe trabajar fuerte en políticas fiscal, monetaria y de ingresos coordinadas que, agregadas a la salida del default, el acceso a financiamiento barato y la llegada de inversiones, tendrían efecto", aporta, a la vez que agrega que se requiere de "acuerdos políticos, sociales y empresariales".

Para Salvia, los gobiernos provinciales pueden impactar en los precios según cómo gestionen la carga tributaria o den o quiten subsidios. "En lo que hace a los controles, aunque son potestad nacional, pueden intervenir en los centros de distribución y favorecer a los que menos tienen", afirma.

En Córdoba, provincia productora de alimentos, la canasta es $ 300 más cara que en Salta: "La brecha se relaciona con el sistema impositivo; la presión tributaria cordobesa se duplicó en términos del producto en la última década", dice Gallo.

Hasta hace poco, la jurisdicción tuvo la nafta más cara del país por efecto de la Tasa Vial que se cobraba. "Se eliminó, pero se generó un fondo específico para infraestructura adherido a Ingresos Brutos, que es más oneroso -agrega-. Los productores y comerciantes no lo absorberán, lo trasladarán a precios." Por la Tasa Vial se preveía recaudar $ 1068 millones este año; por el nuevo fondo, $ 1800 millones. Los economistas coinciden en la necesidad de una reforma tributaria para avanzar hacia un desarrollo equitativo y simétrico. Gallo advierte que no sólo hay que mirar la coparticipación de la Nación hacia las provincias, sino de éstas a los municipios.

El Cippes es autor de la idea sobre la que se basa el proyecto de ley para devolver 15 puntos del IVA de los productos de la canasta básica a quienes cobran la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan Progresar. "Es un instrumento con una característica única, ya que tendrá igual dinámica que la inflación y no se deteriorará, como sucede -por caso- con las paritarias, que son una foto al lado del movimiento cinematográfico de la inflación", dice Gallo.