El 28 de octubre comenzará el juicio por la Masacre de pingüinos en Punta Tombo
Durante el año 2021, el propietario de un campo vecino a la reserva natural chubutense destruyó una colonia de pingüinos durante la época de cría y dentro de dos meses darán inicio al desarrollo del juicio. Es la primera vez en Argentina, que un caso de daño ambiental agravado llega a esta instancia.
Tres años después de que ocurriera una matanza de pingüinos y sus crías en una estancia de Chubut, se confirmó que el 28 de octubre se realizará el juicio al acusado de perpetrar la masacre. La audiencia oral fue habilitada por la justicia luego de escuchar en una audiencia preliminar los daños y las consecuencias del accionar del propietario cuando destruyó cientos de nidos para construir un camino y cercarlo con un alambrado.
Es la primera vez en la Argentina que llega a juicio oral una causa por daño ambiental agravado y crueldad ambiental. El imputado es el dueño de la estancia “La Perla”, el productor ganadero Ricardo La Regina, quien está acusado por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos, en el marco del caso denominado “Punta Tombo”. La condena que enfrenta, a pedido de la fiscalía, es de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.
Lo confirmó la fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez, y anticipó que presentará 92 testigos, en su mayoría científicos, que buscarán demostrar que el propietario del campo pasó con una topadora por encima de los nidos en plena época de cría y reproducción.
Este caso ha captado la atención nacional e internacional debido a la magnitud del daño causado a la fauna local, específicamente a los pingüinos de Magallanes, en una zona de cría cercana a Punta Tombo.
En 2021, el propietario de un campo vecino a la reserva natural utilizó una topadora para abrir caminos y construir alambrados, lo que resultó en la destrucción de una colonia de pingüinos en plena época de cría. "Pasó por encima de una capa de cría de pingüinos con una topadora", explicó Gómez en vivo por Canal 12 este miércoles.
El impacto devastador de estas acciones quedó evidenciado en la muerte de numerosos pingüinos y la interrupción de su ciclo reproductivo.
Gómez, quien ha liderado la investigación, destacó la complejidad del caso debido a la falta de una legislación específica para proteger a la fauna en estas circunstancias. "Fue un desafío legal sin precedentes porque no había un caso similar en el país", comentó la fiscal, quien también agradeció la colaboración de instituciones como National Geographic y la Universidad de Washington.
EL APORTE DE IMÁGENES SATELITALES, CLAVE
Estas organizaciones aportaron imágenes satelitales y análisis expertos que fueron cruciales para la reconstrucción de los hechos y la determinación del momento exacto en que se produjo el daño.
La fiscal explicó que las imágenes satelitales permitieron verificar que los daños ocurrieron durante un periodo crítico para los pingüinos, cuando las hembras estaban incubando los huevos y los machos se encontraban en el mar en busca de alimento. Esto resultó en la muerte de muchos ejemplares y en la división de la colonia, un impacto que va más allá de la simple alteración del terreno. "Los trabajos realizados no solo crearon caminos y desmontes, sino que también dividieron la colonia, impidiendo que los pingüinos se alimentaran adecuadamente y afectando gravemente su reproducción", detalló Gómez.
El juicio contará con la presencia de destacados testigos y peritos, incluyendo al director ejecutivo de National Geographic, quien brindará un testimonio clave basado en su análisis de las imágenes satelitales.
También participarán expertos del CONICET y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), quienes realizaron estudios de suelos y contribuyeron con evidencia científica fundamental para el caso.
A pesar de la gravedad de los hechos, Gómez señaló las limitaciones de la actual legislación penal para abordar delitos ambientales. "La falta de legislación me llevó a presentar cargos bajo tipos penales de baja lesividad", explicó. Sin embargo, la fiscal se mostró optimista sobre el futuro, mencionando que el juicio podría sentar un precedente importante y conducir a una legislación más robusta para proteger la fauna y el medio ambiente en Argentina.
El próximo 28 de octubre, la comunidad local, organizaciones ambientales como Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y observadores internacionales estarán atentos al desarrollo del juicio, esperando que se haga justicia por los daños infligidos a los pingüinos de Magallanes. Para Gómez, el caso representa más que un simple desafío legal: "Fue un aprendizaje y una oportunidad para abogar por la protección del medio ambiente y la fauna de nuestra región."