El acuerdo con el FMI, el impacto en las tarifas y la deuda de 9 mil millones que la SCPL busca refinanciar con CAMMESA para que no se apague la luz

Una de las derivaciones inevitables del acuerdo entre Argentina y el FMI se vincula con las tarifas de servicios públicos, principalmente electricidad y gas, que son los que insumen gran parte de los subsidios que el organismo exige reducir para atenuar la sangría de dólares del Estado.

En febrero, el precio de la energía mayorista ya aumentó un 34 por ciento, lo que agranda la brecha entre lo que recauda hoy la SCPL y la factura que debe pagarle al distribuidor, al que adeuda 9.000 millones de pesos. Por eso hay gestiones para refinanciar ese saldo y lograr una quita de intereses, para evitar que el pasivo comience una escalada que al final del camino contempla embargos de cuentas y reducción de la energía entregada para distribuir en la región.

Antes de llegar a las consecuencias del acuerdo con el FMI es necesario recorrer el camino anterior, a fin de entender la compleja situación energética que atraviesa la distribuidora de Comodoro Rivadavia, sino también de toda la provincia de Chubut, además de otras provincias y regiones sumamente complicadas 

Vale un dato de contexto: la deuda total de las distribuidoras supera actualmente los 220.000 millones de pesos. Según un registro actualizado a octubre último, EDENOR y EDESUR se ajustaron alrededor de 80.000 millones de pesos entre ambas, mientras que el conjunto de las cooperativas de Chubut ya alcanzó, por entonces, los 18.000 millones de pesos. 

La deuda con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Sociedad Anónima) se remonta al período iniciado en 2011, cuando por disposición del gobierno nacional las tarifas quedaron congeladas, pese a que los costos para su distribución (como la mano de obra del personal y los insumos eléctricos) continuaban incrementándose al ritmo de la inflación. 

A partir del año 2016, el precio de la energía comenzó a actualizarse en forma periódica, con la finalidad de reducir los subsidios que el Estado nacional aportaba para cubrir el costo de la generación de energía (no así para la distribución). 
En ese contexto, en el año la cooperativa de Comodoro hizo un acuerdo con CAMMESA en el año 2018, por el que esperaba pagar 91 cuotas iguales de 8,2 millones de pesos mensuales. De ese modo, la deuda quedó consolidada, en ese momento, en 742 millones de pesos. 

Aunque se cumple el plan de pagos, al no cancelar el corriente mensual se origina una nueva deuda que podría convertirse en impagable.

Crecimiento imparable de deuda

¿Cuál fue el motivo para que la deuda, que en ese momento estaba por debajo de 1.000 millones de pesos, se multiplicara hoy por casi 13 veces más en los últimos 4 años?

Para entender la respuesta, hay que considerar que las sucesivas actualizaciones del precio mayorista de la energía para usuarios residenciales e industriales, es decir la que debe comprar la cooperativa para luego distribuir en hogares o empresas y comercios de la zona, se incrementó en más de un 1.000 por ciento entre los años 2016 y 2019, por lo que de una factura que en el año 2016 era de 27 millones de pesos por mes, pasó, hasta fines del año pasado, a un monto de 129 millones de pesos. Si bien el incremento en este caso refleja un 477 por ciento, hay que considerar que la otra parte del costo real de la energía se cubre con subsidios del Estado nacional.

De ese modo, “aunque se iba pagando la cuota de 8 millones de pesos, que se terminaba licuando por la inflación, se nos genera por otro lado una deuda mayor por la gran diferencia por el costo corriente mensual que no podíamos afrontar”, explican desde ámbitos técnicos de la entidad comodorense.

Con el incremento del 32 por ciento aplicado en febrero, el monto a pagar por mes será de 170 millones de pesos. Aun así, no es el costo real. La factura que la cooperativa debe abonar a CAMMESA cada mes contiene una aclaración en la que se lee: “Esta factura cuenta con un subsidio del Estado nacional por valor de 170 millones de pesos”, lo que significa que el costo real de la energía en la actualidad ascendería a 340 millones de pesos mensuales. Y como el gobierno nacional se compromete ante el FMI a reducir paulatinamente esos aportes de subsidios, es posible que la porción neta a pagar suba nuevamente en los próximos meses.

De ese modo, al considerar también los costos de mano de obra y valor agregado de distribución, el costo total para la prestación del servicio oscila hoy los 450 millones de pesos, mientras que la recaudación mensual, por el servicio de energía eléctrica según la información a la que tuvo acceso esta columna, asciende a 226 millones, es decir alrededor de la mitad.

De ese modo, la deuda de capital se ha incrementado en la actualidad hasta los 5.600 millones de pesos, mientras que al sumarse los intereses, el monto total asciende a una cifra que al mes de febrero se ubicaba en los 9.046 millones de pesos. 
Por el ritmo al que crece y los intereses aplicados, el monto podría fácilmente duplicarse antes de que termine este año. 

Propuesta de refinanciación

Ante estas circunstancias, desde la SCPL se iniciaron gestiones para acordar un plan de regularización, ya que el año pasado la Secretaría de Energía de la Nación lanzó un programa que incluso apuntó a la condonación de fuertes porcentajes de la deuda, pero a condición de que hubiera sido adquirida como consecuencia de la pandemia. En el caso de la entidad comodorense, como se explicó más arriba, el problema es muy anterior, al igual que otras prestatarias del resto de la provincia y del país. 

Las gestiones iniciadas apuntan también a destrabar un embargo que hay actualmente sobre las cuentas de la entidad, por algo más de 600 millones de pesos, que quedaron trabados cuando CAMMESA inició acciones legales en reclamo de la deuda. 

La búsqueda de un acuerdo para lograr refinanciar el pasivo apunta precisamente a evitar que las acciones judiciales sigan escalando, ya que la normativa le permite a la empresa mayorista, que cuenta con una mínima participación del Estado nacional, embargar cuentas pero también reducir la entrega de potencia ante la falta de pago. 

En otras palabras, la normativa permite ‘cortar la luz’ a las distribuidoras que incumplan con sus acreencias, lo que significaría restricciones del servicio eléctrico para las comunidades que dependen de la misma, aunque se espera que ese extremo no llegue a aplicarse, a partir de las muestras de voluntad expresadas por las partes.

En ese marco, el otro problema que aparece en el horizonte cercano se vincula a la actualización de las tarifas. Es que aún cuando el pasivo pudiera reducirse o se beneficiara con una fuerte quita de intereses, el plan de pago que se acuerde hacia delante quedaría otra vez en mora si se mantiene el desfase actual entre el costo real de la compra de energía y la factura que pagan los usuarios.

Esa diferencia podría incrementarse, o reducirse, por dos factores principales: uno estará dado por la proporción en que el gobierno nacional reduzca los subsidios a la energía, a partir de los compromisos con el FMI y más allá de la intención de evitar “tarifazos”, como dijo el presidente Alberto Fernández, quien de todos modos reconoció que los incrementos de tarifa podrían seguir la variación de la pauta salarial, que se ubica en torno al 40 por ciento, aunque podría subir más 'persiguiendo' a la inflación. El otro elemento es la evolución del dólar y de los precios de los insumos energéticos, atados a esa divisa. 

Por otra parte, la segmentación que se aplicará a nivel nacional, para reducir la totalidad de los subsidios al 10 por ciento de la población de mayores ingresos, podría tener que aplicarse también en Comodoro Rivadavia y zona de influencia, manteniéndose los aportes de subsidios, en mayor medida, para los sectores más postergados.