El crudo relato de The New York Times sobre el aumento de la pobreza en Argentina

Artículo original publicado en The New York Times

Antes de la pandemia Carla Huanca y su familia estaban haciendo mejoras modestas pero significativas en su apretado departamento en una villa miseria de Buenos Aires. Ella trabajaba como peluquera. Su pareja atendía la barra en un club nocturno. Juntos llevaban a casa alrededor de $ 25.000 por semana, lo suficiente como para construir un segundo piso de su casa, creando más espacio para sus tres hijos. Estaban por hacer el yeso de las paredes.

“Entonces se cerró todos”, dijo Huanca, de 33 años. “No nos quedó nada”. En medio de la cuarentena la familia necesitó de subsidios de emergencia del gobierno argentino para tener comida. Se resignaron a dejar las paredes como estaban. Siguieron pagando el servicio de Internet inalámbrica para que sus hijos tuvieran acceso a la educación a distancia. “Nos gastamos todos nuestros ahorros”, dijo Huanca.

La devastación económica global que ha acompañado el Covid-19 ha sido particularmente dura en la Argentina, país que entró en la pandemia en profunda crisis. Su economía se redujo casi un 10% en 2020, lo que fue el tercer año seguido de recesión.

La pandemia ha acelerado el éxodo de las inversiones extranjeras, lo que hizo caer el valor del peso argentino. Eso ha aumentado los costos de importaciones como alimentos y fertilizantes y mantuvo la inflación por encima del 40%. Más de cuatro de cada 10 argentinos están hundidos en la pobreza.

Pesa sobre la vida del país una renegociación inevitable este año con el Fondo Monetario Internacional, institución que los argentinos detestan ampliamente por haber impuesto una austeridad fiscal asfixiante como parte de un paquete de rescate hace dos décadas. Con sus finanzas públicas menguadas por la pandemia, la Argentina debe negociar un nuevo programa de repago de los US$ 45.000 millones que se le deben al FMI. Esa carga es resultado del más reciente rescate del Fondo y el mayor en la historia de la institución, un paquete de US$57.000 millones que se le otorgó a la Argentina en 2018.

Bajo una nueva conducción el Fondo ha aminorado su tradicional reverencia por la austeridad, lo que alivia en parte la habitual ansiedad. Aún así, las negociaciones seguramente serán complejas y políticamente tempestuosas.

El gobierno argentino, encabezado por el presidente Alberto Fernández, está hundido en discordias con la perspectiva de las elecciones de mitad de término en octubre. La administración se enfrenta a un duro cuestionamiento desde la izquierda, con una expresidenta -y actual vicepresidenta- Cristina Fernández de Kirchner, que exige una postura más combativa frente al FMI.

Las empresas se quejan de que el Gobierno no ha creado una estrategia que pueda generar crecimiento económico sostenido. Liberar a la Argentina del estancamiento y la inflación es un objetivo que los líderes del país no han logrado alcanzar en décadas. En un país que ha caído en el default de su deuda soberana no menos de nueve veces, el escepticismo pesa sobre la fortuna nacional limitando la inversión.

“No hay plan, no hay camino hacia adelante”, dijo Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas de la Argentina que dirige Econviews, una consultora con sede en Buenos Aires. “¿Cómo se va a conseguir que las compañías inviertan? No hay confianza”.

La administración de Fernández apuesta a los méritos de una relación más cooperativa con el FMI, buscando asegurarse un acuerdo con la institución que no le imponga al Gobierno duros recortes presupuestarios y le permita promover el crecimiento económico. Estas esperanzas hubieran sido irrealistas en un tiempo. Desde Indonesia pasando por Turquía hasta la Argentina, el FMI ha forzado a los países a recortar el gasto en medio de las crisis, quitándoles combustible para el crecimiento económico y castigando a los que dependen de la asistencia pública.

Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, junto a la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva.

Pero el actual FMI, encabezado desde hace dos años por Kristalina Georgieva, ha moderado la tradicional obsesión de la institución con la disciplina fiscal. Ha alentado a los gobiernos a imponer impuestos a la riqueza para financiar los costos de la pandemia, medida que el Gobierno adoptó a fines del año pasado.

El análisis del Fondo del cuadro de deudas de la Argentina y su conclusión de que la carga era insostenible sentó las bases para un acuerdo con los acreedores internacionales el año pasado. Los inversores acordaron finalmente reducir el valor de alrededor de US$66.000 millones en bonos, superando la oposición del mayor administrador de activos del mundo, BlackRock.

El gobierno argentino procede bajo el supuesto de que puede lograr un acuerdo con el Fondo que permita al país posponer significativamente sus deudas, lo que produciría alivio de pagos inminentes -US$ 3800 millones este año y más de US$18.000 millones el año entrante- sin requerimientos estrictos de que reduzca el gasto.

“La conducción del FMI ha dejado en claro que este es el marco”, dijo Joseph E. Stiglitz, Nobel de Economía de la Universidad de Columbia en New York. El nuevo acuerdo será un reflejo del “nuevo FMI -agregó- reconociendo que la austeridad no funciona y teniendo en cuenta sus preocupaciones por la pobreza”. La flexibilidad que se prevé que tendrá el FMI con la Argentina refleja su creciente confianza en el presidente Fernández y su ministro de economía, Martín Guzmán, que estudió con Stiglitz.

A primera vista, su administración representa un retorno al pensamiento que ha animado la vida pública en la Argentina desde la década de 1940 bajo el liderazgo de Juan domingo Perón. Su presidencia se caracterizó por una fuerte autoridad estatal, generosidad pública hacia los pobres y el desdén por las consideraciones presupuestarias.

Los políticos peronistas a partir de allí han dado amplia ayuda a las comunidades en problemas y gastado al infinito, pagando las cuentas con la emisión. Eso frecuentemente ha producido una inflación desatada, crisis y desesperación. Intermitentemente ha habido reformistas que llegaron al poder con el mandato de restaurar el orden fiscal reduciendo el gasto público. Eso ha llenado de ira a los pobres, sentando las bases para el siguiente auge peronista.

El último presidente, Mauricio Macri, llegó al gobierno como la supuesta solución a este ciclo de alzas y bajas. Inversores internacionales lo celebraron como la vanguardia de un nuevo enfoque tecnocrático de gobierno. Pero Macri se sobrepasó en el intento de explotar su popularidad con los inversores. Se endeudó de manera exuberante, al mismo tiempo que antagonizó a los pobres con recortes en los programas de ayuda oficiales. Su endeudamiento, combinado con otra recesión, forzó al país a someterse a la peor de las humillaciones, pedir ayuda al FMI.

El ex presidente Mauricio Macri y Christine Lagarde, ex directora del FMI.

En las elecciones de hace dos años los votantes rechazaron a Macri e instalaron a Fernández, un peronista. Algunos sugirieron que Fernández podría establecer una relación de enfrentamiento con los acreedores, incluyendo el FMI. Pero la administración Fernández se ha demostrado pragmática, ganándose la confianza del FMI, manteniendo al mismo tiempo la ayuda a los pobres. “Tenemos que evitar los patrones del pasado que causaron tanto daño”, dijo en una entrevista el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Queremos ser constructivos y resolver estos problemas de una manera que funcione”.

El problema más pernicioso sigue siendo la inflación, realidad que afecta tanto a las empresas como los hogares, acrecentando el peso con el que cargan los pobres a través del aumento de los precios de alimentos.

En las principales economías, como la de Estados Unidos, los bancos centrales habitualmente responden a la inflación elevando las tasas de interés. Pero eso ahoga el crecimiento económico, lo que no es una propuesta sustentable en la Argentina, donde el Banco Central ya mantiene las tasas de interés en un elevadísimo 38%.

En vez de ello Guzmán ha presionado a los sindicatos para que acepten reducidos aumento de los salarios, argumentando que los ingresos rendirán más si se puede domar la inflación. Ha impuesto controles de precios a los alimentos, urgiendo a otras compañías a mantener bajos sus precios de otros productos.

El Gobierno también ha aumentado los impuestos a las exportaciones, lo que ha provocado la ira de los ganaderos y los productores agrarios. “Uno pasa más tiempo llenando formularios para el gobierno que produciendo” se quejó Martín Palazón, un productor de soja, maíz y trigo y que también cría ganado en las afueras de Buenos Aires.

Aún así, los lamentos de las empresas argentinas y las crecientes dificultades para los pobres coinciden con la realidad de que las perspectivas del país están mejorando. Se prevé que la economía argentina se expandirá casi 7% este año, al generar crecimiento las exportaciones de soja, mientras los precios de los commodities dan al país una fuente de divisas.

Muchos empresarios argentinos siguen dudosos de que la recuperación pueda tomar impulso, especialmente tomando en cuenta las altas tasas de interés que mantiene el Banco Central.

Edelflex, una compañía con sede en las afueras de Buenos Aires, diseña equipo utilizado por las cervecerías, los procesadores de alimentos y las industrias farmacéuticas para el manejo de líquidos. El alto costo del crédito ha impedido a la compañía hacer mejoras en sus plantas que podrían generar crecimiento adicional, dijo el presidente de la compañía, Miguel Harutiunian. “Inevitablemente miramos al corto plazo y no podemos invertir en nueva tecnología” dijo Harutiunian. “El objetivo final de una compañía -o de un país- no puede ser meramente sobrevivir”.

Texcom, un fabricante textil con tres plantas en la Argentina, produce tejidos para marcas deportivas internacionales. En medio de la cuarentena impuesta por el Gobierno en marzo del año pasado, la compañía paró la producción. Para mayo, Texcom reabrió y pasó a abastecer un área muy necesaria: proveyó material para equipo de protección como barbijos utilizado por el personal médico en la primera línea de combate a la pandemia.

Aun así la producción de la compañía cayó el año pasado a la mitad comparado con 2019 y prevé que su producción este año volverá sólo a un 70% del nivel pre pandemia. El presidente de la compañía, Javier Chornik, ya está acostumbrado a las subidas y bajadas de su fortuna con los giros perpetuamente volátiles de la economía del país. “La Argentina está en un laberinto desde hace años y no logra salir”, dijo. “El país siempre parece crecer, luego hay una crisis y vamos hacia atrás. Vamos y venimos y nunca llegamos a ninguna parte”.

En la villa miseria en la zona sur de Buenos Aires, la pareja de Huanca recientemente había recuperado su viejo empleo en el club nocturno, pero el alza de los precios de los alimentos y combustible redujeron efectivamente sus ingresos. Entonces llegó una nueva ola de casos de covid a su vecindario. El Gobierno impuso nuevas restricciones en medio de la preocupación por las variantes que se extienden rápidamente desde el vecino Brasil. El empleador de su pareja redujo su horario y cortó su paga a la mitad. “Me asusta lo que podría pasar ahora”, dijo Huanca. “Todos están muy preocupados.”

Traducción de Gabriel Zadunaisky

Por: Peter S. Goodman y Daniel Politi para The New York Times