El Defensor del Pueblo presentó un amparo para que vuelvan las clases

RAWSON (ADNSUR) - El Defensor del Pueblo de la Provincia del Chubut, Héctor Simionati, presentó un amparo en el Juzgado Universal de Rawson para reclamar que se le ordene al Gobierno Provincial garantice el derecho constitucional a la educación y en ese marco, restituya de inmediato el dictado normal de clases en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Según precisó en los antecedentes, “el personal docente dependiente del Poder Ejecutivo Provincial se encuentra llevando a cabo medidas de protesta consistentes en la no concurrencia a las aulas”. Pero además del personal docente encargado del dictado de clases “también ha declarado medidas de fuerza tanto personal directivo y supervisores, como personal auxiliar de la educación pertenecientes a los distintos establecimientos educativos”.

Simionati recordó que la situación se remonta a marzo. “Se tomó primero la decisión de realizar medidas intermitentes de fuerza, pero su endurecimiento data de hace 30 días y abarca no sólo a los establecimientos educativos de las ciudades más pobladas (Rawson, Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn) sino también las escuelas ubicadas en las demás localidades en diferentes grados de acatamiento”.

INACTIVIDAD TOTAL

Por otro lado, dice el amparo, “el personal docente ha ´ocupado pacíficamente´ el edificio del Ministerio de Educación desde los primeros días de junio, lo que parece representar una inactividad administrativa total. Las partes se encuentran enfrascadas en una discusión paritaria donde la cuestión salarial es uno de los temas más importantes que no han encontrado cauce de solución”.

ÚNICOS AFECTADOS

Según Simionati, las medidas de fuerza del personal docente, de supervisión y directivos, más la toma del Ministerio, “son ineludiblemente una serie de hechos que llevan a la afirmación de que el derecho a la educación no se está garantizando a los educandos que concurren a tomar clases tanto de nivel inicial como primario, secundario y de formación profesional”. En este marco,según informó Jornada, el Defensor pidió la citación de la Asesoría de Familia del Ministerio Público de la Defensa para que se involucre “en virtud de que los principales afectados por la situación son niños, niñas y adolescentes”.