El déficit de la SCPL llegó a 195 millones de pesos
Se trata de otro servicio público en riesgo.
COMODORO RIVADAVIA - (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) - La Sociedad Cooperativa de Comodoro Rivadavia presentará en la próxima asamblea ante sus asociados un balance con un déficit alarmante: el rojo del último ejercicio es de 195 millones de pesos, lo que significa que creció más de 5 veces en relación al año pasado, lo que plantea un grave riesgo para la prestación de otro de los servicios públicos esenciales en la ciudad: nada menos que el abastecimiento de agua y energía eléctrica, además del saneamiento del sistema cloacal.
Entre las razones expuestas por la institución ante el intendente en una comunicación oficial, se enfatizan las demoras en aprobar los aumentos tarifarios, que este año subieron un 60%. En paralelo, la entidad presentará en los próximos días un planteo administrativo en sede judicial, para iniciar una demanda contra la Provincia, a la que exige una deuda de 134 millones de pesos, razón por la cual le devolverá la operación del acueducto el 28 de febrero próximo.
Los gastos de la SCPL pasan por dos factores preponderantes, aunque no exclusivos: la compra de agua en block y la compra de energía de energía eléctrica. No son los únicos. A ello se suma la carga salarial de los trabajadores de la institución, más la compra de insumos y equipamientos para la función desarrollada. Sin embargo, son los dos primeros los que parecen explicar el mayor desfase de este año.
AUMENTOS DE AGUA Y ENERGÍA
Según la línea argumental expuesta por la entidad en su comunicación al intendente Linares, el problema fundamental se origina en las sucesivas subas de los precios de la energía en el mercado mayorista (con incrementos en febrero de 2016 y febrero de 2017, según las resoluciones del ministro de Energía Juan José Aranguren), que no tuvieron la misma celeridad para ser trasladadas a las tarifas que pagan los usuarios.
En efecto, el año pasado la factura de compra de electricidad pasó de 8 a casi 27 millones de pesos mensuales, lo que motivó un traslado a tarifas que, tras los análisis pertinentes del Ente de Control y el Concejo Deliberante, no tuvieron mayor demora. A su vez, en noviembre se registró un incremento del precio del agua en block, aplicado en este caso por el gobierno de Chubut. Tras presentar el pedido de incremento en un 60%, el análisis y acuerdo alcanzado con la comisión de receso del Concejo –en los meses de verano- fue luego anulado, lo que motivó la audiencia pública del 6 de abril.
“En el medio pasaron dos cosas: el nuevo aumento dispuesto por el gobierno nacional en los precios de la energía, en febrero de este año, que llevó la factura a 54 millones mensuales; y la catástrofe climática”, explican desde la institución. Vale repasar un detalle: en menos de 2 años, el costo de la energía consumida por la ciudad pasó de 8 a 54 millones de pesos mensuales, elevándose casi 7 veces.
De este modo, la discusión tarifaria tuvo nuevas instancias de análisis, en un contexto en el que la ciudad atravesaba una emergencia climática que perjudicó también seriamente a la misma cooperativa, por los daños provocados en instalaciones que de por sí venían arrastrando problemas de magnitud.
Así, la aprobación final para el incremento tarifario, que promedió un 60%, se concretó en junio, en una evolución parcial de 4 meses por servicio (para el agua y la electricidad), lo que lleva la serie a que recién en noviembre el traslado de ese incremento será recibido por la totalidad de los usuarios.
En concreto, según expondrán los directivos en la asamblea que tratará el balance, el próximo 4 de noviembre, “la demora en la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios nos costó 144 millones de pesos”. El agravante es que se aproximan nuevos ajustes, según dejó entrever el gobierno nacional, por lo que algunas proyecciones del déficit para 2018 sitúan el rojo en el orden de los 300 millones de pesos.
RECLAMO JUDICIAL A PROVINCIA POR 134 MILLONES DE PESOS
La situación de la Cooperativa es de alto riesgo. Por tratarse de una entidad que brinda servicios esenciales, no puede aplicar otras medidas como las que se dieron, por caso, en el transporte público de pasajeros, que cada mes se paraliza por atrasos permanentes del gobierno provincial a la hora de pagar el TEG.
Sin embargo, la situación es grave. La situación financiera llevó a entablar nuevas negociaciones con CAMMESA, que podría volver a trabar embargos sobre las cuentas de la entidad, a raíz de que la deuda con la proveedora de la energía mayorista supera los 400 millones de pesos y no hay perspectiva de reducción drástica inmediata. A su vez, según se enumera desde el seno de la entidad, la AFIP continúa aplicando sanciones por deudas impositivas, lo cual conlleva a un ahogo inminente.
Para cubrirse, la SCPL iniciará en los próximos días una demanda administrativa en sede judicial contra el Estado provincial, al que le reclama una deuda actualizada en 134 millones de pesos, originada en el convenio ley (nunca cumplido) por el que la provincia debía cubrir parte del costo de operación del acueducto. El sistema será devuelto el 28 de febrero próximo, pero al mismo tiempo la cooperativa busca una maniobra para recuperar parte de la acreencia mientras la ley estuvo vigente, para poder responder al mismo tiempo frente al potencial embargo de CAMMESA.
De no poder encauzarse, las consecuencias caerán por peso propio: el vecino citado al comienzo no sólo tendrá motivos para quejarse por una factura cada vez más alta, sino que podría pagar alto un servicio que ni siquiera podría cumplirse.
