El Gobierno evalúa otorgar un nuevo bono de fin de año, pero vuelve el acampe piquetero desde el martes

Los planes sociales no tendrán cambios significativos de acá hasta el final del mandato de Alberto Fernández, adelantaron desde el Gobierno Nacional tras la auditoría que mandó a realizar el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta. Aunque recién tendrá un primer corte con datos para analizar cerca de fin de año, ya se adelantó que non habrá “medidas de fondo” en un año electoral para evitar errores propios que generen conflictividad social. Cualquier decisión sobre los programas sociales tendría un impacto directo, según aceptaron fuentes oficiales. “No podés tener a la gente en la calle”, graficó un experimentado funcionario nacional a La Nación.

La inflación forzó analizar la posibilidad de extender un bono de fin de año para los beneficiarios de planes sociales. Pero no habrá un aumento sobre el monto que perciben, salvo que haya una nueva actualización del salario mínimo vital y móvil, que se revisará en noviembre.

Ante este escenario las organizaciones sociales avanzan con un plan de lucha que pondrán en marcha el martes. Los piqueteros de izquierda decidieron acampar en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, el martes. “Vamos a salir muy fuerte. Estamos llegando al límite”, anticipó Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero.

El plan es quedarse en la calle hasta obtener una respuesta. Están preparados para estar toda la semana. Entre los pedidos que le van a hacer a Zabaleta el más urgente es por los alimentos que el gobierno nacional reparte. “Es un desastre”, describió Belliboni. Como muestra piensan llevar a la puerta del emblemático edificio el maíz “para hacer pochoclos” que, según los piqueteros, llegaron a los comedores populares en las últimas semanas.

Tras la experiencia de abril, cuando las organizaciones piqueteras de izquierda realizaron un acampe de 48 horas sobre la avenida 9 de Julio en reclamo de mayor asistencia para comedores comunitarios y nuevos planes sociales para desocupados, lo que generó un fuerte cruce entre la Nación y el gobierno porteño, en esta oportunidad los manifestantes advirtieron que no cortarán la circulación del Metrobus y que mantendrán liberadas las calles paralelas al ministerio para que la gente pueda circular.

AUDITORÍA Y PLANES

Pese a la presión, no habrá más planes sociales. Zabaleta lo planteó con claridad desde que se hizo cargo de Desarrollo Social. “La mejor política social que existe es el trabajo. Nosotros vinculamos todos los programas que tiene el Ministerio a la generación de trabajo”, resumió el ministro hace unos días en el partido bonaerense de Punta Indio.

En el Gobierno observan a los movimientos sociales más radicalizados en una carrera electoral. El objetivo, según fuentes oficiales, es mostrarse combativos para ganar espacios internos. Ahí ubican, entre otros, a Belliboni.

Lejos de los ruidos, la auditoría avanza más lento de los previsto. Cerca de Zabaleta explicaron que el trabajo que lanzó el gobierno nacional para establecer los alcances del programa Potenciar Trabajo, que hoy perciben aproximadamente 1.200.000 personas –más del 50 por ciento está en el conurbano bonaerense–, será una “radiografía” sobre los planes. Pero por los plazos de realización y el contexto, será una herramienta para el próximo gobierno.

La semana que terminó se tomaron los datos en la localidad bonaerense de Ituzaingó, tierra del intendente kirchnerista Alberto Descalzo, y en Santa Fe capital. La semana que viene será el turno de Lanús y Morón.

Hoy, un beneficiario del Potenciar Trabajo cobra $23.925 –el 50 por ciento del salario mínimo– y a cambio se exige que haya una contraprestación laboral. Con la auditoría, que comenzó hace un mes, el gobierno nacional busca descartar irregularidades.

En el primer intento por llevar orden al reparto de fondos públicos el Gobierno tuvo que dar marcha atrás. Es que tras suspender el pago de 42.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por incompatibilidad con otro plan que entrega la Anses, Zabaleta decidió eliminar la resolución que prohibía cobrar ambos beneficios.

El encargado de poner en suspenso el cobro para esas 42.000 personas fue Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, que tiene bajo su control la Secretaría de Economía Social. La alarma había saltado por la auditoría.

Las organizaciones sociales miran todo con desconfianza. “La auditoría es una farsa, todo es poco serio”, resumió Belliboni. El objetivo que persigue el Gobierno, según la mirada de los piqueteros, es que los beneficiarios “no se reempadronen para que les den de baja el plan”.

Con información de La Nación