El Poder Judicial de Chubut proyecta casi el doble de gastos que el año pasado
El salto presupuestario que prevén los jueces llamó la atención en ámbitos de la administración pública, advirtieron fuentes de Economía a ADNSUR. El proyecto del presupuesto contempla un incremento del 95 por ciento
El proyecto de presupuesto del Poder Judicial remitido a la Legislatura de Chubut contempla una proyección de gastos por un total de 19.816 millones de pesos, lo que significa un incremento del 95 por ciento en relación a los desembolsos del año 2021.
El salto presupuestario que prevén los jueces llamó la atención en ámbitos de la administración pública, ya que se propone crecer por encima de los otros poderes del Estado, según advirtieron fuentes de Economía a ADNSUR.
El presupuesto del Ejecutivo provincial, que es de 218.000 millones en cuanto a los recursos, que se eleva a 241.000 millones de pesos al considerar las deudas que debe afrontar la provincia este año, contempla un aumento de algo más del 51 por ciento en relación al año pasado, al compararse contra los 141.000 millones de pesos gastados durante este año.
La Legislatura, por su parte, se eleva en un 36 por ciento, al subir de un gasto de 2.238 millones de pesos, a 3.057 millones que proyecta gastar este año.
El reparto dentro del Poder Judicial
En la distribución de recursos, 11.294 millones corresponden al pago de salarios y otros gastos de funcionamiento en el ámbito de la judicatura, 3.323 a los defensores públicos y 4.199 millones de pesos a los fiscales.
En total, la planta de integrantes del Poder Judicial, entre magistrados y empleados, se integra por 2.234 cargos en planta de personal, mientras que los recursos propios representan alrededor de 1.611 millones de pesos, en tanto el resto proviene de la administración central del gobierno.
El proyecto autoriza al Superior Tribunal de Justicia a disponer de los intereses que se generen por plazos fijos de depósitos de dinero de recursos propios y de aquellos fondos inmovilizados por más de 10 años, a fin de destinar a obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento del Poder Judicial.
