COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La polémica abierta en Jujuy –que escaló en un conflicto entre el gobierno de esa provincia y el de Bolivia- a partir del cobro de atenciones de salud a personas extranjeras tiene reflejos similares en el hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Si bien el marco legal hoy garantiza la atención de la salud a toda persona extranjera que se encuentre en tránsito por el territorio argentino, en el marco de una emergencia, la polémica surge en casos en que personas extranjeras no residentes en la ciudad llegan a la misma para realizarse intervenciones quirúrgicas que insumen grandes gastos, como la colocación de prótesis de rodillas o caderas, con costos que pueden oscilar entre los 70.000 y los 300.000 pesos y deben ser absorbidos por el hospital público.

La atención gratuita a extranjeros en tránsito en hospitales públicos ya fue motivo de controversias en marzo del año pasado, cuando el gobierno nacional impulsó una medida similar a la que ahora adopta el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. En Comodoro Rivadavia, la directora del hospital Myriam Monasterolo confirmó a ADNSUR que este tipo de casos continúa dándose en la ciudad, incluso con intervenciones judiciales que ordenaron al hospital a asumir los costos de ciertas intervenciones.

“Nos pasó la semana pasada, con una hombre extranjero que no tuvo cobertura de atención en su país para colocarse una prótesis, entonces vino transitoriamente para hacerlo en el hospital –relató Monasterolo-. Nosotros por ley no podemos negar la cobertura a nadie que esté en tránsito y sufra una emergencia, pero en un caso así consideramos que no es urgente. Le respondimos que no hay problema en hacer la intervención, siempre que el paciente se haga cargo del costo de la prótesis, que es de 250.000 pesos, para el reemplazo de ambas caderas”, explicó la directora.

“Tal vez no es adecuada la expresión, pero hay una especie de ‘turismo de salud’ –detalló-, nosotros no tenemos problema en dar atención desde el equipo de salud y el quirófano, pero el costo de la prótesis debe ser absorbido por quien puede pagar un viaje y un hotel para llegar hasta aquí”.  

En algunos casos, incluso, se dio en el pasado que hubo cambios de domicilios, en los que se declara la dirección de un familiar o un amigo como lugar de residencia, para lograr la atención. Si bien estadísticamente este tipo de demanda no es alto (en enero hubo 3 requerimientos de extranjeros en tránsito) el costo de determinadas intervenciones lleva al debate sobre si el Estado debe correr con todos los gastos de los costosos insumos que demandan determinadas intervenciones.

“No sólo se da con gente de otros países, también puede pasar con residentes de otras provincias, que no tienen la cobertura en su lugar de origen y buscan en otros hospitales públicos, como nos pasó tiempo atrás con una persona de Catamarca”, reseñó.

El año pasado hubo intervenciones a pacientes extranjeros en los que incluso hubo intervención judicial: una jueza ordenó, a partir de una demanda de un paciente extrnajero, que la directora y el ministro de Salud debían garantizar la intervención requerida, bajo riesgo de responder con sus propios bienes en caso de negativa. Fue por el caso de un joven boliviano, que había sufrido una fractura en sus piernas durante su niñez y que, más de una década después y viviendo desde hace dos años en la ciudad, reclamó que se le colocaran prótesis en sus piernas para corregir aquella dolencia que nunca fue atendida en su país.

En todos los casos, el costo de estos insumos es variable, pero de alto impacto. “No tenemos inconveniente en brindar la atención a través del recurso humano, pero al pagar el costo de los elementos, se están usando recursos del hospital, que se generan a través del arancelamiento o del presupuesto, para asumir ese costo”, explica la directora.

En otra situación, una joven mujer que llegó a operarse desde Chile requirió la colocación de placas en sus caderas: “como era joven, los traumatólogos recomendaron la prótesis importada”, detalla la directora, para aludir a un costo que puede llegar a los 300.000 pesos.

Acuerdo entre Chile y Esquel

El tema requiere de acuerdos ministeriales o incluso entre Estados, como se dio entre el hospital de Esquel y el vecino país de Chile: dos veces por semana llega un micro con pacientes para ser atendidos en patologías que no tienen cobertura en sus ciudades, pero en ese caso el Estado chileno brinda una contraprestación económica al hospital de la ciudad cordillerana.

En el caso de Comodoro, las gestiones resultan más dificultosas: se han cursado notas a la Cancillería de Bolivia para requerir la reparación del costo de las prótesis colocadas a pacientes de ese país, “pero no hemos conseguido siquiera que nos respondan a la nota”, explica la funcionaria.

Con casi 40 cirugías traumatológicas al mes, el hospital debe estirar los recursos, siempre escasos, para poder priorizar los casos más urgentes, mientras que el sistema de subsidio indirecto, desde un hospital público hacia el costo que se niega a cubrir el Estado de otro país, es un tema que abre una polémica que requiere un marco normativo más equitativo para todas las partes.

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