En medio de una nueva estafa por viviendas en Comodoro, el lunes se inicia el juicio contra acusados por la causa conocida como “IPV 2”

Según precisaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, el próximo lunes 26 de febrero se iniciará el juicio por asociación ilícita contra Maximiliano González, sindicado como jefe de esa organización; junto a él, están imputados Claudia Soledad Brítez y Ariel Alberto Villagrán, en carácter de organizadores de la maniobra fraudulenta.

La acusación apunta a demostrar que los imputados se dedicaban a la adulteración de legajos para adjudicar ilegalmente las viviendas construidas por el organismo oficial, a personas a las que pedían sumas de dinero, que oscilaban entre los 150.000 y 300.000 pesos, a valores del año 2019 (representan entre 3 y 6 millones de pesos, en la actualidad).

Según consta en la acusación oficializada en la audiencia del 27 de octubre pasado, previa a la elevación a juicio, entre los ilícitos ideados se incluían la venta de viviendas de propiedad del IPV, ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, pese a que la comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI.

Además, los acusados deben responder por la venta de legajos personales, a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”, cuya adquisición a cambio de montos de dinero que fueron variando con el tiempo, suponía –según argüían los integrantes de la organización- la “adjudicación directa” de una vivienda de este tipo, sorteando la obligación de cumplir el procedimiento establecido por el organismo provincial.

UN JUICIO CON MÁS DE 200 ESTAFADOS

Entre las acusaciones se incluye también la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV, a fin de utilizarlos posteriormente, “a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados por los integrantes de la banda y que entregaban a los ocasionales adquirentes de sus gestiones”.

Junto con ello, la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando no sólo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV, sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.

La causa tiene alrededor de 250 testigos que expondrán sus testimonios ante el tribunal, mientras que los estafados son 227. Además de los 3 imputados que llegarán a juicio, hubo otra extensa nómina de ex empleados del organismo provincial, que también participaron en distintas etapas de la maniobra fraudulenta y que se beneficiaron con la suspensión de juicio a prueba.

La diferencia con el caso que tomó trascendencia pública en los últimos días, con una gran cantidad de estafados con una promesa de entrega de viviendas del IPV, es que hasta el momento no se pudo establecer la participación de empleados o integrantes del organismo oficial, como sí ocurrió en las dos investigaciones anteriores.

Hay que recordar que en 2019, la Cámara del Crimen confirmó, con algunos atenuantes, la sentencia en contra de Abel Reyna, un ex delegado del organismo provincial en Comodoro Rivadavia, condenado a 3 años de prisión en suspenso por el delito de cohecho en concurso real con concusión, además de incumplimiento de deberes de funcionario público, por entregas irregulares de viviendas.