La provincia de Neuquén continúa endureciendo su postura frente a la corrupción y las irregularidades en la administración pública. Dos agentes de la Policía y un empleado estatal fueron despedidos por decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, en el marco de una política de “tolerancia cero” a estas conductas.

El comunicado oficial reveló que los efectivos policiales habían acumulado sanciones disciplinarias que excedían los límites permitidos. Por ejemplo, Cintia Ayelén Palacios, del Cuerpo Seguridad, acumuló 73 días de arresto policial en menos de un año, entre febrero y noviembre de 2023. Según el reglamento interno, superar los 60 días de arresto o 20 días de suspensión en un año es causal de cesantía. Además, enfrenta una causa judicial por falsificación de certificados médicos, lo que podría agravar su situación.

Por su parte, Eduardo Nicolás Cerda, también del Cuerpo Seguridad, fue sancionado con 68 días de arresto policial entre julio de 2023 y enero de 2024. La Jefatura de Policía había solicitado su destitución en marzo de 2024, y tras garantizarle el derecho a defensa, se concretó su cesantía.

Un “ñoqui” bajo la lupa

El tercer despedido es Cristian Enrique Garrido, empleado de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC), acusado de abandono de cargo. El sumario iniciado en noviembre de 2023 demostró que Garrido faltó a trabajar durante 27 días en julio y 16 días en agosto sin justificación alguna.

El decreto de cesantía incluye la orden de recuperar los haberes indebidamente cobrados, mientras los registros médicos confirmaron que no presentó certificados para justificar sus ausencias.

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