Estafas por una casa en Comodoro: sospechan de una maniobra piramidal y no descartan participación política
Los estafadores se comunicaban con sus víctimas a través de grupos donde indicaban que, a cambio de una suma de dinero, iban a poder acceder a la inscripción de una casa.
Una nueva investigación judicial, que involucra hasta ahora a un total de 53 damnificados, se abrió en la fiscalía de Comodoro Rivadavia, que realizó 3 allanamientos y busca dilucidar si además hay vinculaciones políticas.
“Estamos en una etapa de investigación inicial y por ahora las hipótesis son dos: la primera, es que se trata de una estafa de tipo piramidal; y la segunda, estamos tratando de determinar si es una maniobra más organizada, con algún tipo de intervención de actores políticos”, dijo el fiscal del caso, Martín Cárcamo, en diálogo con ADNSUR.
La denuncia fue planteada por el concejal Omar Lattanzio, tras hacerse pública la situación de integrantes de una cooperativa, que adujeron haber abonado una cifra de 100.000 pesos, a cambio de acceder a la inscripción por una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV).
Hasta el momento no hay imputados ni personas detenidas, pero las sospechas recaen sobre una persona identificada como Vanesa Fita, según reveló el fiscal Cárcamo, además de un hombre al que los damnificados mencionaron como Gustavo Ferreyra.
La maniobra se llevó adelante en mayo de 2023, pero comenzó a trascender ante la falta de resultados de las promesas efectuadas. Según adujeron los damnificados que ya declararon ante el fiscal, se les exigía un pago de 80.000 pesos en concepto de “honorarios de gestión” y otros 20.000 por supuestas obras de tendido de redes eléctricas.
TRES ALLANAMIENTOS EN BUSCA DE EVIDENCIAS
Como resultado de las primeras entrevistas con los damnificados, el fiscal estableció una secuencia de 3 grupos diferentes de WhatsApp, a través de los cuales se organizaba la presunta “cooperativa de viviendas”. En base a esos elementos, llevó adelante los allanamientos en busca de elementos informáticos que sirvan como evidencia, en particular las transferencias bancarias realizadas y recibidas por los presuntos implicados.
“Por ahora no surge que haya involucrados integrantes del IPV -dijo el fiscal-, no lo podemos descartar, pero hasta ahora no hay elementos. Otro elemento a tener en cuenta es que hasta principios de la semana pasada no había una persona designada al frente del IPV local, por lo que costaba acceder también a la información”.
OTROS DOS HECHOS CON CIENTOS DE PERJUDICADOS
Ese elemento, la aparente falta de vinculación con funcionarios del organismo, marca una diferencia, al menos hasta ahora, con otros dos casos en los que se perpetraron fraudes a través de promesas de viviendas sociales.
En la causa IPV 1 terminó condenado el ex delegado local del organismo, Abel Reyna, mientras que en una segunda investigación se aguarda la realización del juicio oral y público, en la que los imputados son Maximiliano González, Claudia Soledad Brítez y Ariel Alberto Villagrán. Las audiencias estaban previstas para el 20 de febrero, con un total de 210 testigos, en una extensa serie que será encabezada por el fiscal Adrián Cabral.
“Es lamentable la reincidencia en este tipo de delitos, en el que se termina aprovechando la necesidad de mucha gente desesperada por una vivienda -indicó el fiscal Cárcamo-. El déficit habitacional de la ciudad y la necesidad de muchas familias lleva a buscar una salida que en poco tiempo se termina revelando como un fraude”.