BUENOS AIRES (ADNSUR) - El ministro de Economía de la nación, Martín Guzmán, desmintió este viernes por la mañana los rumores que daban cuenta de que el gobierno avanzaría en la estatización total de YPF, tras los recientes cambios anunciados en su conducción. “Es falso. YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina, y así seguirá siendo”, manifestó el funcionario, en declaraciones difundidas por agencia Télam.
Tras conocerse la renuncia de Guillermo Nielsen a la presidencia de la compañía y el inminente reemplazo por el actual diputado nacional por Santa Cruz, Pablo González, algunos medios avanzaron en la versión de que el gobierno tendría resuelto anunciar, en los próximos días, la estatización del 49 por ciento de las acciones que aún está en tenedores de manos privados. En mayo de 2012, el gobierno de Cristina Fernández resolvió la expropiación de la mayor parte del capital accionario, que era controlado por la española Repsol. Ante los rumores, que fueron publicados ayer por un diario de La Plata, hubo una fuerte caída en el valor de las acciones.
Cambios en YPF: se va Nielsen y asumiría el santacruceño Pablo González
“De ninguna manera. El rumor es falso. YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina, y así seguirá siendo”, enfatizó el ministro.
El miércoles, Nielsen, a través de su cuenta en la red social Twitter, dijo que su salida responde a un "nuevo desafío" que le fuera ofrecido por el presidente Alberto Fernández. Si bien el economista no lo explicitó, el nuevo desafío será la Embajada de la Argentina ante el Reino de Arabia Saudita, cargo para el que la Cancillería ya formalizó el pedido de plácet, informaron a Télam fuentes del Palacio San Martín.
El principal postulante para reemplazar a Nielsen en la presidente de YPF es el diputado nacional Pablo Gerardo González, un abogado que ocupó distintos cargos en la función pública desde que, en 1993, se desempeñó como asesor legal de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz.