Habló el empresario comodorense Fabián De Sousa: "Nunca cometimos un acto ilegal"

CAPITAL FEDERAL - Detenido hace 15 meses, el empresario Fabián De Sousa explicó que solicitó su excarcelación luego de que se dieran a conocer dos informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DajuDeCO) que demostraron que no se quebraron las medidas cautelares sobre las acciones de la titularidad del grupo Indalo.

“Creíamos que era el momento de pedir la excarcelación ya que era el argumento por el cual dictan la detención el 19 de diciembre de 2017 y a partir de ahí llevo 15 meses detenido”, indicó el empresario y apuntó: "Nunca cometimos un acto ilegal".

“Nunca evadimos, solamente tuvimos planes de pago legales”, declaró en diálogo con C5N. “No era la primera vez que hacíamos un intento de operación de venta de algunos activos para cancelar la deuda, desde 2016 veníamos haciéndole ofertas al doctor Ercolini”, expresó.

“Hemos hecho 8 o 10 propuestas de ventas de activos que fueron evaluadas por el juzgado, la querella, que en este caso es la AFIP, por los interventores que dispuso el juzgado, que fueron rechazadas”, recordó. Y expuso: "Sorprendentemente en la novena o décima, después de haber negado dos veces la propuesta, deciden detenernos preventivamente porque dicen que quisimos violar la medida tomada por el juez”.

Además de que se probó la invalidez del motivo de la detención, De Sousa dijo que solicitan la excarcelación porque “es imposible ejercer el derecho de defensa” en las condiciones en las que se encuentra. Luego denunció que el objetivo es “llevar adelante un plan criminal para aniquilar al grupo Indalo”.

“Siempre se nos vedó el acceso a cualquier propuesta de pago, ya sea de cancelación total vendiendo parcialmente activos o el acceso a un plan de pagos vigente la ley 27.260 que se promulgó en 2016 y establecía la cancelación de deudas impositivas en hasta 60 cuotas”, indicó.

“El día que dejamos de ser directores de las compañías fue porque la AFIP dispuso que las empresas que tuvieran accionistas denunciados por delitos económicos no podían adherir a planes de facilidades de pago”, explicó en rechazo a la versión de un intento de venta.