Impactos de la crisis: 51 mil personas con alta morosidad de tarjetas y créditos

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Alrededor de 51 mil personas de la provincia de Chubut se encuentran en situación 3 de morosidad frete al sistema financiero, lo que en otras palabras implica más de 90 días de atraso de deudas con entidades bancarias, principalmente a través de tarjetas de crédito o préstamos. 

De ese total, alrededor de 20.000 corresponden a Comodoro Rivadavia. Un indicador de que la crisis impacta también en el sector privado, además del déficit de la provincia que viene golpeando al sector público, cercado por vencimientos de deuda que no dan tregua.

Los datos correspondientes a la morosidad frente al sistema financiero fueron divulgados por el economista Facundo Ball. El grado 3 significa en el sistema financiero atrasos de 90 hasta 180 días. “Si se añade a los de situación 2, el total llega a 66.000 personas”, explica Ball, en referencia a los casos que involucra retrasos entre 31 y 90 días.

La mayoría de las deudas corresponde a tarjetas de crédito y también a préstamos, tomados por personas físicas con distintas entidades bancarias, públicas o privadas, radicadas en ésta u otras provincias del país.

La mayoría, alrededor de un 80 por ciento del total, se ubica en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Por lógica consecuencia del mayor peso demográfico y económico, la mitad de ese total se ubica en la urbe petrolera, mientras el resto se reparte en partes casi iguales, con mayor peso hacia la ciudad valletana.

“Podemos decir que 8 de cada 10 personas que están en situación 3 se encuentran en estas tres ciudades, de las cuales la mitad corresponde a Comodoro Rivadavia”, explicó el economista, consultado para este informe.

Cheques rechazados por falta de fondos

Otro dato que registrado durante el trimestre que ha coincidido con los alcances más estrictos de la cuarentena es la cantidad de personas físicas y jurídicas con cheques rechazados. Son alrededor de 2.000. “Esto no significa que esa sea la cantidad de cheques, porque una empresa o un particular pueden tener muchos cheques rechazados. La cantidad de cheques sin fondos puede multiplicarse por varias veces este número”, aclaró.

Ball, quien se desempeña como Director  del Departamento Economía  FCE-UNPSJB, advierte que estos datos reflejan que las circunstancias críticas no se reducen sólo a la situación de la provincia: “a veces nos centramos casi exclusivamente en el déficit de la provincia y los problemas que se derivan de esto, pero claramente la crisis impacta sobre el conjunto de la sociedad –evaluó-. Las cuentas fiscales son una parte grave del problema, pero el sector privado está sufriendo de manera muy fuerte los efectos de la pandemia y necesitamos un plan económico, de parte del gobierno provincial, que incluya la solución de las finanzas públicas y que dé también indicios de medidas de mediano y largo plazo para el sector privado de la provincia”.

Deuda provincial: se busca limitar el costo de intermediarios 

En lo que respecta al sector público, la provincia continuará en los próximos meses navegando en aguas tormentosas. Los vencimientos de deuda de julio y octubre ya permiten proyectar que los ingresos por regalías petroleras serán prácticamente absorbidos por esas obligaciones (“regalías cero”, como anticipó esta agencia en informes previos) salvo que se avance en la reprogramación de plazos hasta 2023, para lo cual se requiere el aval legislativo.

En ese ámbito hubo una serie de contactos en las últimas semanas, entre diputados provinciales del PJ y referentes de las áreas de finanzas de los municipios más fuertes, además de ex ministros de Economía de la provincia y de la Nación, como fue el caso de Hernán Lorenzino.

“No se trata de una contra propuesta, sino de un aporte que pidieron a la oposición para poder avanzar en la autorización para que el gobierno avance en la renegociación”, confiaron fuentes que estuvieron en algunos de los encuentros remotos, vía zoom.

Esos aportes se pueden definir en tres aspectos fundamentales. El primero se vincula a limitación de la comisión al 0,10 por ciento por todo concepto, ya que en la redacción original se abría a la interpretación de pagar ese monto en cada etapa de la intermediación de distintos servicios financieros. 

“Sobre un monto global cercano a los 1.000 millones de dólares, contando los intereses, hablamos de 1 millón de dólares”, se indicó a esta columna, sobre el tope que se fijará para el pago de comisiones a las entidades que intervendrán en la renegociación.

El segundo ítem se vincula con la conformación de una comisión de seguimiento, integrada por 9 diputados provinciales, con representación proporcional de cada bloque. La idea es que haya también responsabilidad clara del ámbito legislativo en lo que resulte como consecuencia de la renegociación.

Y otro de los aspectos a introducir se vincula con la limitación de garantías a otorgar de cara al nuevo período: se busca quitar los recursos de libre disponibilidad, que podría llegar a involucrar la coparticipación de impuestos o recaudación propia. 

No es un tema que se pueda resolver rápido. Se debe esperar a que concluya la renegociación de la deuda nacional, algo que no necesariamente coincide con los tiempos de la provincia y la asfixia financiera en que podría seguir en los próximos meses.

La alternativa, en todo caso, sería que el Estado nacional llegue a auxiliar a la provincia con mayor cantidad de recursos, algo que hasta ahora no se verificó en los hechos: Chubut recibió sólo 2 por ciento en el reparto de ATN dispuestos por el gobierno nacional en el marco de la emergencia. 

Un cargo que no se puede imputar sólo al actual gobierno nacional, sino que se remonta también a los 4 años anteriores.