En el marco de su campaña para purificar la administración pública, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ha firmado un decreto que destituye a una empleada estatal que cobraba un sueldo mientras residía en Chile. El caso, descubierto esta semana, refuerza los esfuerzos de la gestión actual por eliminar gastos innecesarios y prácticas inmorales en el sector público.

Según trascendió, la empleada en cuestión, Gabriela Adriana Riquelme, trabajaba para la Subsecretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, el sumario, iniciado en octubre de 2022 bajo la administración de Omar Gutiérrez, confirmó que la empleada no cumplía funciones en la provincia y pasó largos períodos residiendo en Chile. Los registros de su estadía en el país vecino incluyen fechas que se extienden desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, con interrupciones de solo unos meses en cada regreso.

El gobernador Figueroa, quien ha sido enfático al señalar las irregularidades en el Estado neuquino, firmó este lunes la resolución de despido de Riquelme, acelerando el proceso iniciado por su antecesor. En varias declaraciones, Figueroa mencionó la existencia de personas que cobraban planes sociales o sueldos estatales mientras residían fuera del país. “La expulsión de ñoquis, inmorales e incumplidores crónicos no solo constituye un acto de justicia, sino que además forma parte de las políticas destinadas a eliminar los gastos innecesarios del Estado”, destacaron fuentes cercanas al Ejecutivo provincial.

El proceso administrativo se desarrolló en el marco del Reglamento de Sumarios Administrativos de la Provincia, con respeto al derecho de defensa de la acusada, quien fue notificada en octubre de 2022. Sin embargo, la ex empleada no logró presentar argumentos válidos ante los señalamientos, entre los cuales también figuraban intentos de tramitar certificaciones laborales desde Chile.

El caso de Riquelme se suma a la serie de despidos impulsados por el gobierno neuquino, que incluyen no solo a “ñoquis” en la administración pública, sino también a personas con condenas judiciales y agentes policiales que han incurrido en faltas graves.

Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR. 

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