Judiciales endurecen las medidas en repudio a las nuevas pautas de trabajo que fijó el Superior Tribunal

RAWSON (ADNSUR) - El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (Sitrajuch) confirmó un nuevo paro total de actividades con movilización hacia el Superior Tribunal de Justicia, en Rawson, para el próximo miércoles 26 de febrero. La medida de fuerza fue anunciada este jueves luego que el STJ dispusiera nuevas pautas de organización laboral que contemplan la implementación de un esquema de trabajo mínimo y obligatorio en todos los organismos de la judicatura. 

Gabriela Huenchual, secretaria adjunta del Sitrajuch, señaló en contacto con ADNSUR que mañana viernes a primera hora habrá asambleas en toda la provincia y ratificó el paro total de actividades "porque creemos que nos están cercenando el derecho a la huelga".

La dirigente confirmó la continuidad de la medida de fuerza en reclamo de los haberes adeudados del mes de enero, sumando ahora "la acordada de hoy que realmente ha generado muchísimo malestar en todo el personal".

Consideró que el STJ "con esta actitud, ha roto todo tipo de negociación que estamos manteniendo y ahora no solo tenemos de enemigo solo al Gobierno Provincial".

Por su parte, el secretario de prensa del Sindicato, José Luis Ronconi, expresó a este portal de noticias que el tema estaba en negociación: "nosotros veníamos planteando que hay disposiciones al reglamento interno para atender los casos urgentes. Lo primero que ponemos arriba de la mesa que la Justicia no está declarada por la Organización Internacional del Trabajo como un servicio esencial".

Sostuvo que "lo que hace el STJ con esta acordada es imposibilitar el ejercicio del derecho de huelga, algo totalmente inconstitucional. El Superior tiene facultades para dictar una acordada pero no para violar la constitución", afirmó.

Para el dirigente, la conducta "es desleal: saca una acordada y rompe la negociación".

En el Acuerdo Plenario 4842/2020 dado a conocer este jueves, los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi expresaron que “sin perjuicio de reconocerse el derecho de los trabajadores judiciales a la huelga, resulta evidente que la duración y extensión de las medidas de fuerza impactan negativamente tanto en la ciudadanía como en los operadores internos y externos, imponiendo la necesidad de establecer reglas que impidan una verdadera denegación de justicia, lo que no ha de tolerarse”.

Tras señalar que “resulta menester compatibilizar el interés general de la sociedad con los intereses de los particulares y de los profesionales”, los jueces de la Corte Provincial entienden la necesidad de establecer la dotación de personal administrativo de cada organismo suficiente para atender los requerimientos de la tarea diaria.