ESQUEL (ADNSUR) - Guido Otranto, el juez federal de esta ciudad, rechazó hoy los planteos de recusación interpuestos ayer por la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, en la causa que investiga la hipótesis de la desaparición forzada del joven, presuntamente ocurrida el 1º de agosto en Leleque, según confirmaron a La Nación fuentes cercanas al magistrado, quien con gran celeridad desestimó los argumentos esgrimidos por la familia Maldonado para apartarlo de la causa.

Será en definitiva la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que deberá determinar si el magistrado debe apartarse o continuar al frente de los expedientes que buscan dar con el paradero del joven desaparecido, consignó el Centro de Información Judicial.

El objetivo de la familia era que el expediente pasara a los tribunales federales de Rawson y se iniciara una nueva pesquisa. Otranto seguirá al frente de la causa de hábeas corpus que instruye desde el 2 de agosto, ya que ese tipo de expedientes no pueden ser recusados.

Fiel a su estilo, si bien el magistrado no dio a conocer los argumentos con los cuales se opuso a la recusación, en su entorno confirmaron que su negativa ya fue elevada a la Cámara, que deberá resolver confirmando o desestimando los planteos del juez.

En los Tribunales estiman que la Cámara acogerá favorablemente el rechazo de Otranto a ser apartado de esa causa.

Aunque si la decisión del tribunal fuese otra, el caso será dirimido en la Cámara de Casación Penal. Esos trámites, no obstante, no frenarán las investigaciones que se vienen realizando, que ayer sumaron los resultados de entrecruzamientos de llamadas en 72 celulares personales y laborales de los gendarmes que estuvieron en el lof el 1 de agosto por parte de una fiscalía especializada y de la Policía Federal.

Los argumentos de la familia

La letrada de la familia Maldonado había fundado la recusación en el "el nulo avance de la investigación" y requirió "la intervención de un nuevo magistrado, imparcial y eficiente en la tarea a su cargo", según hizo saber la familia en un comunicado

En el escrito ante Otranto, la querella había cuestionado en durísimos términos que el mismo juez que le ordenó a la Gendarmería el despeje de la ruta 40 el 31 de julio, sea el que interviniera en la causa pro desaparición forzada que, adujo la familia, devino de ese procedimiento. La letrada había puesto además en duda la imparcialidad de Otranto al señalar que el magistrado se había reunido con el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, promotor-según dijo en su escrito-del accionar represivo de la Gendarmería.

Heredia informó ayer además que la familia interpuso una medida cautelar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos solicitando la intervención de un grupo de expertos internacionales de la ONU para colaborar en la investigación judicial.

Su planteo de recusación sobrevino tras conocerse los resultados de pericias de ADN que no hallaron ningún indicio o rastros biológicos del joven en móviles y escuadrones de esa fuerza. Precisamente uno de esos móviles había sido señalado por el testigo mapuche Matías Santana como el vehículo donde habría sido traslado Maldonado el 1 de agosto tras participar encapuchado en una manifestación con corte de ruta para exigir la liberación del lonko mapuche Facundo Jones Huala, preso en Esquel mientras se tramita su juicio de extradición a Chile.

Desde hace días que la familia también viene cuestionando la instrucción que lleva adelante la fiscal Silvina Ávila. Denunció inacción por parte de la fiscal ante lo que consideró como serias irregularidades por adulteraciones en registros de móviles y personal afectado al procedimiento del 1 de agosto, que constan en el expediente y que fueron aportados por la Gendarmería

Consultado el Centro de Estudios Legales (CELS) que es querellante en esa causa, uno de sus abogados, Gastón Chillier, prefirió no hacer comentarios sobre la recusación.

Anoche, en tanto, en la plaza San Martín de esta ciudad, medio centenar de vecinos se concentró pacíficamente para pedir por la pronta aparición con vida de Santiago Maldonado. Se sumaron, además, otras dos consignas: el respeto irrestricto a todos los habitantes del territorio nacional, sean estos de origen mapuche o de otras etnias bajo el principio de que todos somos iguales ante la ley. También expusieron su enérgico repudio a toda persona o grupo de personas que ejerciendo el constitucional derecho a manifestarse, lo haga enmascarado, acudiendo a la violencia física o verbal, atacando a las instituciones de la República, lo que fue interpretado como un apoyo al juez Guido Otranto.

Fuente: La Nación

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