Solo pasaron 10 años, pero muchos ya lo olvidaron. Alguna vez Comodoro Rivadavia también estuvo en el centro de la escena nacional por un caso de maltrato infantil, tal como sucede por estos días.

La denuncia contra un profesor de música del jardín 406 derivó en un cóctel explosivo en la ciudad. Hasta el viernes ya se registraban más de 42 denuncias contra el docente, acusado por abuso sexual contra niños de entre 3 y 5 años en el interior de una institución educativa provincial. 

El caso y sus consecuencias, con el auto de la directora de la institución quemados, los cortes de ruta y los reclamos en Fiscalía, ante la impotencia y el temor a la impunidad, hicieron imposible no recordar lo qué sucedió en octubre de 2012, cuando se hizo pública una denuncia que también derivó en una causa judicial, la revisión de ordenanzas y el reclamo de una ciudad que pidió por justicia.

La Hormiguita Viajera fue un caso emblemático en Comodoro Rivadavia. Su nombre, y la denominación del “jardín del horror”, se hizo escuchar en todo el país, haciendo eco en medios metropolitanos.

Una foto de un bebé atado y amordazado en una silla de comer fue la mayor evidencia de lo que ocurría puertas adentro de la institución. La valentía de María Victoria Gauna, la profesora de folclore, quien tomó la fotografía con su celular, permitió que terminen los maltratos hacía los niños.

La imagen fue tomada el 9 de octubre, alrededor de las 11:30 cuando Victoria terminaba su clase de música en el jardín ubicado sobre Cosme Lavalle 2.645 del barrio Pueyrredón. Estaba por darle el almuerzo a un nene cuando se encontró con el bebé atado a una silla. Nerviosa, sin saber que hacer, solo atinó a sacar la foto. 

Dos semanas después la imagen fue publicada en la página de Facebook, “Denuncias Comodoro”. Su publicación hizo estallar las redes sociales y rápidamente la noticia llegó a los medios locales. 

El caso fue un escándalo. La profesora fue cuestionada por no haber hablado antes. Sin embargo, argumentó que quiso advertir a la dueña pero estaba de viaje, y además confesó que había sido amenazada por la encargada del jardín, D.J, quien habría actuado en complicidad con J. M y J.I, las otras trabajadoras que prestaban servicios en la Hormiguita Viajera. 

El establecimiento era propiedad de Johana Paz, quien compró el fondo de comercio cuando iba a cerrar. En declaraciones a TN, ella misma contó que esas mujeres habían criado a su hijo, que iba a esa guardería. Sin embargo, nunca imaginó que podían hacer algo así.

Como pasó en estos últimos días, esas semanas, los padres de los niños que asistían a la institución exigieron respuestas a las autoridades del establecimiento, y justicia a las autoridades judiciales. Todo derivó en un caos. 

Quizás el hecho más grave en torno a la denunció sucedió el 15 de octubre, autores anónimos intentaron prender fuego el jardín, tirando una botella de gaseosa con nafta en el interior del establecimiento. Cuando comenzó el fuego se activó el sistema de alarma, y rápidamente llegaron policías y bomberos, lo que permitió que la situación no pase a mayores.

Al otro día, Paz se refirió a lo sucedido esa madrugada y dijo: “Sabía que la gente no iba a creer mi versión porque estaban muy enojados todos los padres. Recibí amenazas el día sábado y domingo a través de llamados de teléfono, de que iban a matar a mi hijo, que iban a prender fuego el jardín, mi casa, mi auto”.

Finalmente, La Hormiguita Viajera fue clausurado y posteriormente cerrado.

Con el paso del tiempo, algunos padres desistieron de continuar con las acciones legales. Otros en cambio intentaron avanzar, pero se encontraron con un obstáculo: al haber pasado mucho tiempo era difícil constatar la existencia de lesiones físicas.

Ante esta situación, la Justicia intentó probar si hubo daños psicológicos y dio intervención al cuerpo de psicología forense para que entreviste a los niños. El objetivo era intentar armar una causa que tenga sustento legal y pueda avanzar en la búsqueda de justicia.

CAMBIAR LA LEGISLACIÓN

En paralelo, mientras tanto, en la ciudad se comenzó a discutir el rol del Estado en el control y fiscalización de este tipo de espacios. El caso ventiló que había al menos 9 jardines trabajando sin habilitación. Era evidente la falta de control del Estado y la necesidad de contar con legislación actualizada que permita regular el funcionamiento de este tipo de espacios.

Así, en marzo de 2023, es decir cinco meses después de la denuncia, y luego de mucho debate, tomó Estado Parlamentario en el Concejo Deliberante, un proyecto de ordenanza para modificar la legislación vigente desde 1993. El mismo fue presentado por el entonces concejal Dario Espinoza. 

La iniciativa fue debatida y trabajada durante todo el año y finalmente fue tratada en la última sesión de este 2013, dividiéndose en dos iniciativas: una referida a jardines maternales y otra a talleres recreativos.

Finalmente, por diferentes motivos las denuncias contra las mujeres acusadas de maltrato nunca prosperaron y el caso de la Hormiguita Viajera quedó en la nada. Diez años después la historia se repite, con otro contexto, otro escenario, y las mismas víctimas: los niños.

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