La Legislatura aprobó la Renta Hídrica: crearán un marco regulatorio para la generación Hidroeléctrica de la presa Futaleufú

La Legislatura desarrolló este jueves la penúltima sesión del año, ya que -tal como había anticipado ADNSUR- aprobó la prórroga del período de sesiones ordinarias por una semana, y convocó a una nueva sesión para el próximo jueves 22 de diciembre a las 13 horas.

El tema central y más polémico de la sesión, fue la sanción de un nuevo Marco Regulatorio de la Actividad Hidroeléctrica de la Cuenca del Río Futaleufú, una ley impulsada por los diputados cordilleranos Carlos Mantegna, Zulema Andén y Rafael Williams, y consensuado con todos los intendentes de la cordillera.

Luego de un debate previo, contó con el apoyo del bloque del Frente de Todos y del sector arcionista de Chubut al Frente, mientras que no fue acompañado por la UCR, los diputados madernistas y los referenciados en el vicegobernador Ricardo Sastre.

La iniciativa busca poner en marcha después de 40 años el histórico reclamo de una Renta Hídrica para la región a partir de las ganancias que genera la producción hidroeléctrica de la presa Futaleufú, y de redefinir el contrato de concesión, para que las localidades de la región accedan a una tarifa de energía mucho más económica.

Cuestionado desde ciertos sectores, porque incluye a la empresa Aluar S.A., en la medida que ésta “exprese su voluntad de prórroga del contrato de concesión y con un esquema de compensación económica para la región cordillerana”, la ley pretende un nuevo acuerdo entre la Nación y Chubut que, a diferencia del suscripto en abril de 1993, incluya a la región cordillerana de Chubut y deje de excluirla en los beneficios económicos y sociales.

Las razones centrales de la iniciativa, explicaron los autores, pasa por un reclamo de municipios cordilleranos con epicentro en Esquel y Trevelin, de plantear una reformulación de lo que fue el destino de la producción de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico Futaleufú (generador del 7% de la producción de energía hidroeléctrica del país y del 2% de la producción de energía eléctrica total) y de los beneficios económicos y sociales que al cabo de casi 40 años (se inauguró en 1978) había dejado para la región y la Provincia del Chubut.

DEBATE

En la sesión, la diputada radical Andrea Aguilera pidió que el dictamen vuelva a comisión, ya que dijo “es necesario trabajar sobre un nuevo marco con antelación, pero que tiene que contemplar los aspectos políticos, económicos, jurídicos y técnicos, que contemplen que este manejo sea sin cargo para el concedente”.

Aseguró que “hay tiempo para hacerlo, la concesión vence en 2025, y la discusión debe darse en el ámbito federal” y además cuestionó el tono de regionalismo de la propuesta, “porque el recurso es de todos los chubutenses”.

La respuesta llegó de Carlos Mantegna, diputado justicialista de Trevelin, quien señaló que “pasaron dos años, se ha trabajado en tres comisiones, salió con despacho de mayoría, hemos hablado con intendentes de toda la comarca, que apoyan esta propuesta. Además, hemos tenido reuniones con asesores, con Adrián Maderna, con el gobernador Mariano Arcioni y ha expresado su apoyo públicamente”.

Recordó que “esta represa nació como algo estratégico para la producción de aluminio, fue una decisión de estado, que se hizo en la década del 70, permitió que Puerto Madryn creciera con Aluar, y en nuestra región sólo se generan 45 empleos”.

Afirmó que “esta ley es una oportunidad histórica para la provincia y la gente de la cordillera. Tenemos muchísimos pueblos aislados. A 50 kilómetros de la represa están con motores a gas oil”. Y respondió que “esto de los regionalismos, es similar a lo que se hizo en 2012 con la Renta Petrolera”.

“Nuestra zona tiene una dependencia importante del empleo público, necesitamos que haya dinero para dar crédito a nuestros productores”, explicó Mantegna, y aclaró “estamos a favor de que continúe Aluar, que genera divisas por 1000 millones de dólares, pero que haya una recomposición para nuestra zona, y que haya energía para nuestros pueblos, y que se haga la inversión del interconectado”.

EJES

De acuerdo a la ley, se plantea la necesidad de un nuevo acuerdo entre la Nación Argentina y la Provincia del Chubut que reemplace al acuerdo de 1993 que originó el proceso de privatización de la presa y la constitución de Hidroeléctrica Futaleufú SA, con la adquisición del paquete accionario mayoritario de la misma por parte del grupo Aluar SA,

Los defensores de esta reforma insisten en que si bien las autoridades nacionales en la década del 70 promovieron que Esquel y Trevelin también tendrían una tarifa eléctrica promovida y se convertirían en un polo de desarrollo energético con empresas electrointensivas radicadas en futuros parques industriales en ambas ciudades, nada de esto sucedió.

La región cordillerana se replantea un nuevo paradigma hidroenergético que le permita contar con beneficios económicos y sociales que permitan su desarrollo.

Uno de los principales ítems de la propuesta, pasa por las tarifas. Se sostiene que Esquel y Trevelin consumen el 2% de la energía eléctrica que produce Futaleufú (75.000 Mwh al año en promedio y Futaleufú produce 2.800.000 Mwh al año) y la tarifa eléctrica que abona la cooperativa eléctrica “16 octubre” (distribuidora de energía en Esquel y Trevelin) es casi el triple de lo que abona Aluar.

Lo que se volcó al proyecto es que los cinco departamentos de la cordillera (Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Senguer, con las localidades que la integran que tienen aproximadamente 100 mil habitantes, tengan los mismos beneficios económicos y sociales que el Parque Industrial de Puerto Madryn, es decir, la misma tarifa eléctrica.

También contempla la creación de un Bono de Compensación, ya que la idea original en los años 70 era que el 10 % de la energía de Futaleufú sea para Esquel y Trevelin, y nunca se cumplió. Eso significa unos U$S 10 millones por año, que el proyecto contempla que sean para la provincia del Chubut, coparticipables con los municipios de la región.

MAS TEMAS

Otros de los temas sancionados este jueves por los diputados Mariela Williams y Juan País, del Bloque Chubut al Frente, por el cual la Provincia del Chubut adhiere a la Ley Nacional N°26.348, Ley que establece el marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados.

La diputada Mariela Williams lo fundamentó en “la necesidad en todas las ciudades de poder desagotar los predios donde están los autos que han sido abandonados, perdidos, decomisados. Esta adhesión no tiene que ver con las causas judiciales”.

Indicó que “va a ser un alivio para los municipios, y está previsto que reciban un aporte cuando sean subastados para la remediación de esos predios que son muy grandes. Va a beneficiar a todos por igual”.

En otro orden, se aprobó la reforma del artículo 28° de la Ley V N°70 (antes Ley N°4086), Ley de la Reglamentación del Consejo de la Magistratura y el inciso b) del artículo 23° de la Ley V N°80 (antes Ley N°4461), que reglamenta el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento.

Según se explicó, en denuncias contra magistrados, donde el consejo lleva adelante un sumario para investigar con un de 6 meses, ahora se agrega que “podrá ser prorrogado por igual término por el pleno”.

Y si una denuncia avanza a jury, “debe elegir a tres de sus integrantes para integrar una comisión acusadora ante el Tribunal de Enjuiciamiento”, pero ahora “se autoriza la contratación directa de un abogado para asistir a la comisión en los casos que determinen pertinentes” algo que se deberá hacer a través de un concurso de antecedentes y oposición.

MAS ASUNTOS

La Cámara aprobó además la reforma de varios artículos de la Ley XIX N°5 (antes Ley N°815), Ley Orgánica de la Policía del Chubut, referidas a la organización interna y funciones de la Jefatura y las principales direcciones.

También se sancionó una Consolidación Legislativa, consolidando las leyes y normas sancionadas, promulgadas y publicadas entre el día entre el 1º de marzo de 2022 hasta el día 30 de septiembre de 2022 inclusive.

Finalmente, se aprobó la ley de Reconocimiento de Honor destinado a los alumnos egresados con mejores promedios numéricos y un Reconocimiento a la Trayectoria Educativa donde se valore el esfuerzo, valuación formativa, sin necesidad de circunscribirla en el desempeño académico.