Lo escracharon y amenazaron por oponerse a una ordenanza

PUERTO DESEADO - Una ordenanza municipal aprobada en Puerto Deseado generó una fuerte polémica en todo el país. Se trata de la 6933/18, que habilita la matanza de perros y que produjo movilizaciones de repudio en varias ciudades argentinas, pero no —llamativamente— en la propia ciudad santacruceña. "Acá te tratan de acallar por todos los medios", denuncia Horacio Camino, titular de la asociación protectora de animales local, que este martes recibió una intimidante llamada del intendente y sufrió un escrache en su casa.

La ordenanza 6933/18, aprobada por el Concejo Deliberante en octubre pasado, introduce el "sacrificio eutanásico". Según el texto, se habilita su aplicación cuando se ponga "en riesgo la salud pública", cuando el animal tenga una enfermedad terminal o una enfermedad que comprometa a otros animales, cuando se lo considere "una amenaza para las personas y/u otros animales" o cuando "se hubiera realizado todo lo razonablemente posible para buscar poseedor y resultara imposible atenderlos por más tiempo en las instalaciones existentes". Las autoridades aseguran que estas medidas se deben a la superpoblación canina.

Para Camino, en cambio, es "el regreso a una política del 1800": la perrera.

"Nadie dice que matan perros, pero la ordenanza lo habilita. Y no están dejando que veamos a los perros que levantan de la calle", asegura el titular de la Asociación Protectora Canina (APROC).

Y agrega: "Está todo disfrazado. Van a juntarlos y los van a tener un tiempo predeterminado, así le ponen límites a la adopción".

De acuerdo a su testimonio, Mauricio Marsicano, el secretario de Gobierno de Puerto Deseado, ya le puso un plazo a la estadía de los animales en la perrera: en caso de no ser retirados en diez días, se les podrá aplicar el protocolo de "sacrificio eutanásico".

Tras su aprobación, la ordenanza despertó un fuerte repudio en las redes sociales. Y este lunes hubo concentraciones en varios puntos de la Patagonia: Neuquén, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, entre otros.

El centro de las protestas fue Buenos Aires, frente a la Casa de Santa Cruz, donde se juntaron firmas para apoyar la solicitud de derogación de la normativa, impulsada en Change.org. En esa plataforma, el movimiento contra la ordenanza ya reunió más de 27 mil adhesiones, con un objetivo de 35 mil.

En la propia Puerto Deseado, sin embargo, no existieron manifestaciones. Allí, dice Camino, reina el miedo.

"La gente que no está de acuerdo con la ordenanza no lo va a decir. Hay gente que nos ayuda y que pide que no digamos que está colaborando. Las empresas privadas emplean a pocas personas —dice el titular de APROC para definir la situación que se vive en esta localidad de 14.183 habitantes—, acá hay mucha gente que trabaja en relación con el Estado".

Después de las concentraciones, Camino recibió este martes una comunicación del intendente de Puerto Deseado, Gustavo González (Frente para la Victoria).

"Pensé que íbamos a hablar sobre el texto, pero me llamó para amenazarme. Me habló muy patotero, me preguntó hasta dónde quiero llegar, como si fuera algo personal. Después se dio cuenta de que el problema no es con él directamente, entonces me dijo que va a denunciarme por difamar a Puerto Deseado", relata Camino, que trabaja en el mantenimiento de equipos de informática y seguridad y se dedica a tiempo parcial a la asociación.

Esa acusación, la de difamar al pueblo, impulsó un escrache contra él y contra Guadalupe Ferri, su esposa y cofundadora de APROC en 2009. Comenzó en WhatsApp e Internet, pero este martes llegó a la cuadra de su casa, donde vive el matrimonio con su hijo de cinco meses.

"Hubo una movilización a nuestro domicilio, encabezada por trabajadores del Municipio y allegados a la mujer del secretario de Gobierno", denuncia el militante por los derechos de los animales. Hubo un bocinazo y reparto de carteles con una consigna: "Personas no gratas". "Nos exigen que nos vayamos del pueblo", dice Camino.

En una entrevista radial, el intendente se pronunció en desacuerdo con el escrache y, en cambio, propuso que la "comunidad deseadense salga a hablarles a las otras comunidades y les diga que todo esto no es verdad".

Pero las críticas no se limitan a la instauración del "sacrificio eutanásico". También se apunta que la ordenanza 6933/18 tiene fines recaudatorios y entorpece el proceso de adopción. "No podés tener más de dos perros. De lo contrario, te cobran una multa", se queja Camino sobre el canon anual estipulado en el artículo 12°. "También habla del chipeo: la aplicación del microchip para registrar al perro y las castraciones las deben pagar los dueños", marca como otro punto crítico.

A pesar de que el artículo 9° de la norma prohíbe el abandono de perros, desde su punto de vista estos gastos y multas fomentan que los dueños dejen a los animales en la calle. Si nadie los reclama dentro de las 48 horas después de la captura, los animales pasan a ser considerados vagabundos y entran en el protocolo que puede llevar a la eutanasia. En suma, afirma Camino, la ordenanza "tira más perros a la calle".

La aplicación de la normativa está en un limbo. Desde el Municipio avisaron que, como ya pasaron más de 30 días de la aprobación, fue promulgada automáticamente. Según el relato de Camino, algunos vecinos debieron ir a "la perrera", donde les cobraron la estadía y el chipeo antes de devolverles sus animales.

Sin embargo, el presidente de APROC brinda un detalle insólito: la única veterinaria municipal está de vacaciones, por lo que no hay quien determine que el animal capturado se encuadre en alguna de las causales de "sacrificio eutanásico".

Aunque el intendente asegura que aún no se llegó a la eutanasia, Camino concluye que "hay vecinos que dicen que sí desaparecieron perros de la calle. Pero hay temor y no se animan a afirmarlo públicamente. Tienen miedo de que les pase lo mismo que a nosotros"