El Gobierno Nacional se encuentra realizando auditorías en relación a los planes sociales, con el objetivo de detectar irregularidades. Se conoció que al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y CABA cobraban esta prestación, lo que es incompatible. 

Según los cálculos que realizó la justicia, la estafa al Estado Nacional es de $705.198.000 por mes. La normativa del Potenciar Trabajo destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.

A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.

Todavía falta la información de las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca, y desde el Gobierno aseguran que el número podría ascender. 

Guillermo Marijuan, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) investiga las irregularidades, y solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

La provincia de Tucumán registra 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; y Misiones, 321.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelloya dio de baja a 4.588 de esos beneficiarios y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden de Marijuan, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

La provincia de Buenos Aires es un caso particular. La decisión de Axel Kicillof fue que cada uno de sus ministros cumpla con el mandato judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron sólo el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo.

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