Más de dos millones de chicos argentinos pasan hambre

CAPITAL FEDERAL - En el último año, más de 2 millones de chicos en la Argentina sufren hambre. Son parte de los 4,5 millones de niños y adolescentes de entre 0 y 17 años que viven en hogares en los cuales, por problemas económicos, se redujo la cantidad de alimentos consumidos. Esos números surgen de traducir a cantidades de personas, para la población de todo el país, los índices de "inseguridad alimentaria severa" y de "inseguridad alimentaria total" en la infancia y la adolescencia que arroja un relevamiento hecho entre julio y octubre de este año por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Los datos provienen de las expresiones de los integrantes de los hogares que participaron de la encuesta. Y contradicen claramente las declaraciones que hizo el presidente Alberto Fernández la semana pasada, al disertar en un acto de la Unión Industrial Argentina (UIA).

"En medio de semejante crisis logramos que no haya argentinos con hambre", expresó entonces el primer mandatario, respecto de los meses de pandemia y cuarentena, que llegaron en medio de una recesión económica y que le impidieron a muchos trabajadores, sobre todo de la economía informal, hacer tareas para procurar tener ingresos. La frase fue dicha el mismo día en que se conoció que, según el relevamiento de la UCA, la pobreza llega al 44,2% de la población total y al 64,1% si se mira el segmento de niños y adolescentes.

Los resultados de la encuesta que fueron difundidos ese día también indican que la inseguridad alimentaria severa (que es sufrida por quienes en un período de 12 meses tuvieron situaciones en las que no pudieron satisfacer sus requerimientos de alimentos) alcanza al 8,6% de la población de todas las edades.

Pero la situación es mucho más grave para los niños y adolescentes. Según los indicadores difundidos este jueves, la población más afectada por sufrir episodios de hambre es la de quienes tienen entre 13 y 17 años: la inseguridad alimentaria severa llega en ese caso al 18,9%, mientras que en 2019 era de 14,4%. El índice es de 16,7% entre los chicos de 5 a 12 años (era de 15,1% el año pasado), y de 9,5% en el grupo de niños de 0 a 4 años (en este caso hubo una disminución respecto del 11,9% de 2019). Si se mira en conjunto a la población de 0 a 17 años, el índice es de 15,5%, mientras que el año pasado había sido de 14%.

Ianina Tuñón, investigadora responsable del "barómetro de la deuda social de la infancia" en la UCA especificó a La Nación que, si se extrapolan los resultados del relevamiento a todo el país es posible estimar que hay 4,5 millones de chicos con insuficiencia alimentaria total y, dentro de esa población, 2,04 millones con insuficiencia severa.

La inseguridad alimentaria total se define como el indicador que expresa qué porcentaje de la población se vio afectado por una reducción en la cantidad de alimentos, en el período de un año, por problemas económicos en el hogar. Los resultados de la encuesta marcan que estuvieron en esa condición en los últimos 12 meses el 34,4% de los menores de edad, mientras que en 2019 el índice había sido de 30,5%; en 2015, de 20,3% y en 2011, de 18,3%. En este caso la franja más afectada fue la de niños de 5 a 12 años (36,4% versus 32,2% de 2019). Entre las personas de 13 a 17 años el problema afectó al 35,4% del total (el año pasado el índice había sido del 28,2%), y entre los chicos de 0 a 4 años, al 29% (en 2019, al 30,2%).

La razón por la que la situación fue peor para los de 5 años y más estaría, según el informe de la UCA, en los efectos del plan de la tarjeta Alimentar, que tiene como beneficiarios, principalmente, a los niños más pequeños. Quienes acceden a esa prestación del Estado son quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) por tener a su cargo chicos de hasta 6 años inclusive, embarazadas a partir de los 3 meses de gestación con derecho al cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social, y personas que cobran AUH por hijos con discapacidad (en este caso, sin límites de edad de las personas a cargo).

Los datos surgidos del relevamiento indican que, en el caso de la población de 0 a 17 años que está bajo la línea de pobreza, la inseguridad alimentaria severa alcanza al 13,5% en el caso de quienes viven en hogares que accedieron a la tarjeta Alimentar, en tanto que asciende a 28,8% en el caso de la población a la que no percibe esa transferencia. En el caso de la inseguridad alimentaria total la diferencia no es tan amplia: los índices son de 48,7% y 49,2% respectivamente.

Entre la población indigente, la inseguridad alimentaria severa llega al 55,5% entre quienes no acceden a ese plan de asistencia oficial, y al 23,5% entre quienes sí reciben la ayuda estatal de la tarjeta Alimentar. Los índices de insuficiencia alimentaria total son, en este caso, de 82,6% y de 70,3% respectivamente.

De alguna manera, la llegada de la tarjeta con fondos para comprar alimentos, junto con la entrega de mercaderías y vianda que en muchos casos hicieron diferentes ONG, fueron la contracara de la caída de la ayuda alimentaria directa mediante la concurrencia a comedores escolares o de otro tipo, que en cuarentena no pudieron operar. Según la medición de la UCA, la parte de la población que recibió comida en espacios escolares o comunitarios cayó de 24,3% a 12% entre 2019 y 2020 en el caso de niños de 0 a 4 años; de 54,6% a 30,5% entre quienes tienen de 5 a 12 años, y de 29,9% a 19,5% entre los adolescentes de 13 a 17 años.

"La Tarjeta Alimentar tuvo un efecto positivo y protector de la primera infancia en el espacio de la alimentación", señala el informe de la UCA, titulado "Efectos del ASPO-Covid-19 en el desarrollo humano de las infancias argentinas". Según estimaciones que se consignan allí, sin ese programa la pobreza entre los menores de 19 años hubiera sido de 66% en lugar del 64,1%, en tanto que la indigencia hubiera trepado al 19,1% en lugar del índice de 16% registrado.

Un ejercicio muestra también que si no existiera ni el plan Alimentar, ni la AUH, ni ningún tipo de programa social ni pensión no contributiva, y si no se hubiera pagado el IFE por la emergencia del coronavirus y las restricciones del aislamiento, la pobreza entre niños y adolescentes sería de 72,7% y la indigencia (la condición de no poder acceder siquiera a los recursos para la alimentación más básica), de 42,2%.

El informe de la universidad privada sobre la infancia revela también otros aspectos que hacen a la calidad de vida de los menores en la Argentina. Un dato que se consigna es que este año crecieron los comportamientos de agresiones físicas o verbales hacia los chicos. Y que por efecto de la cuarentena se postergó de manera significativa la atención preventiva de la salud de los niños y adolescentes. El déficit de controles médicos, según el informe, se incrementó en 11,7 puntos porcentuales con respecto a 2019, al pasar de 19% a 30,7% la proporción de chicos por los que no hubo ninguna consulta referida al cuidado de la salud en el término de 12 meses.

El relevamiento del que surgen los datos del Observatorio incluyó a 5728 hogares en los que viven 17.920 personas, de las cuales 4220 son niños. El relevamiento abarca a los centros urbanos con 80.000 habitantes o más e incluye a la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán - Tafí Viejo, Gran Mendoza, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

Fuente: La Nación