COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La crisis del transporte público en Comodoro se ha vuelto crónica y el temor por nuevos paros de colectivos preocupa a la ciudad, que queda prácticamente parada durante las huelgas. En diálogo con ADNSURTeVé, Jorge Moreno, administrador de Patagonia Argentina, afirmó que Provincia le debe a la empresa “entre $22 y $26 millones” compuestos por dos partes: el subsidio provincial y el Transporte Educativo Gratuito – incluyendo también los boletos sin cargo a jubilados y excombatientes de Malvinas.  Además, sostuvo que “hoy no tienen ni para sueldos ni para aguinaldos” y que la empresa “solo funciona por lo que recauda diariamente”.

“Antes de la implementación de la SUBE, habíamos manifestado que iba a haber problemas ya que existe una ley done se establece que los transportistas debían hacer una precompra de los bonos. Eso implica que el Estado Provincial pague primero la cantidad de pasajes que estima que va a usar el sistema en ese mes”, explicó y agregó: “Eso no se hizo y ahí se fue generando un crédito entre lo que pagaba la Provincia por estos boletos con atributos y los que eran utilizados”.

hoy han incrementado la cantidad de usuarios del TEG

Ese cifra pertenece específicamente a Comodoro, porque es la “única localidad de Chubut que esa la SUBE para esos atributos”. “Tienen perfectamente identificadas a las personas que usan el atributo. Diariamente el sistema SUBE dice cuántos pasajeros viajan por día en toda la escala de boletos”, afirmó.

Acerca de la veracidad de ese aumento en pasajes usados, Moreno sostuvo: “No somos los que tiene que evaluar eso, es quien otorga ese beneficio. Nuestra obligación es transportarlo. Pero desde marzo de este año, la deuda genuina que se está es porque de un total de 5 millones de pesos que utiliza este sistema, la Provincia solo aporta 1,5 millones”.

Además, advirtió: “El remanente va consumiendo hasta las reservas de la empresa. Hoy solo podemos funcionar con lo que recaudamos diariamente, lo que paga el pasajero. Nos hemos consumido hasta las provisiones por aguinaldo”.

“No solo tenemos el problema de todos los meses de no poder disponer de los montos para pagar cargas sociales sino que también vamos a llegar con esta proyección a no poder pagar ni aguinaldo. Hoy no tenemos ni los aguinaldos ni los sueldos”, advirtió.

A nadie le conviene que pare el transporte, no es una decisión de la empresa porque ella se perjudica económicamente y su imagen. Nosotros cada día que estamos parado, perdemos, dejamos de recaudar. Así que es una decisión que toma unilateralmente la gente de UTA”, afirmó Moreno.

“Venimos desde marzo con el agua al cuello cada fin de mes. Aparece un subsidio nacional, una parte de Provincia, el Municipio colabora. Pero en este momento tenemos una masa salarial entre aportes, contribuciones y salarios en el orden de los 17 millones de pesos”, contó Moreno.

El administrador explicó: “La recaudación mensual propia por venta de pasajes es de $13 millones pero con eso tenemos que hacer mantenimiento de colectivos, combustible (casi $1,5 millones), reparación de gomas, funcionamiento normal”. Y agregó: “El costo operativo de la empresa es de $34,5 millones. Donde el 60% son salarios”.

“Se reciben $9 millones de subsidio nacional, $1,5 provincial y $2,5, $3 del Municipio. Esos completan el cuadro de los 34 millones. Si a eso le restas los 4 millones del TEG, ahí se produce el desfasaje.  Y se suma la acumulación: estamos con un costo de 33 millones de pesos y nos deben 23 millones”, advirtió.

“Estamos esperando la llamada porque ya la semana que viene estamos en tiempo de descuento y queremos tener definición para poder traer tranquilidad”, dijo.

Acerca del control sobre quién utiliza el TEG, Moreno sostuvo: “Hoy no sé cómo se maneja el otorgamiento. Sé que hay un padrón del Ministerio de Educación pero no hay una identificación en la SUBE de quién es el usuario”. “Es necesario hacer algo. Si desde el Estado se da esa beca, tiene que haber contrapartida: alumnos regulares que vayan todos los días al colegio o universidad y tener en franjas horarias bien determinadas”, opinó y agregó: “Tiene que haber un control. No puede ser que una persona que viva a 4, 5 cuadras del colegio tenga un bono escolar y lo use para ir a otras actividades”.

“Hay que hacer control para que tengan acceso los que realmente lo necesiten, sino el beneficio no llega a nadie”, concluyó Moreno.
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