Olazábal, tras el juicio por la emergencia climática: “La nueva investigación será sobre empresarios y no descartaría a otros funcionarios”

“Tanto en el plano institucional como personal, me siento muy satisfecho con la decisión del tribunal”, expresó el fiscal Cristian Olazábal, quien tuvo a su cargo la acusación en el juicio por la emergencia climática de Comodoro Rivadavia, durante el mes de abril de 2017.

“Creo que el cometido de la Fiscalía era buscar la verdad y la correcta aplicación de la ley y esto se ha conseguido a partir de esta resolución”, evaluó, en diálogo con Actualidad 2.0. Con relación a los montos de pena que planteará en la audiencia de cesura, prevista para el 29 de julio, evaluó:

“Si bien los delitos tienen una escala penal que parten de un mínimo y llegan hasta un máximo, sólo los puedo calificar de delitos graves, es decir, partir de los dos tercios de la escala penal para arriba”, indicó, considerando que el mínimo es de 2 años y el máximo de 6.

“Por lo tanto, digo que las penas que vamos a solicitar van a partir desde los 4 años y 8 meses de prisión para arriba, tratando de acercarnos al máximo, porque el daño social que se ha causado es muy elevado. Y el daño económico a la municipalidad es de unos 900.000 dólares, más aun por el contexto en el que ocurrió, durante la peor catástrofe que ha sufrido Comodoro Rivadavia, aprovechándose de esta desgracia, lo que opera como un agravante”.

En ese plano, indicó que las penas más severas a requerir serán para los funcionarios que tenían mayores responsabilidades. “La situación del empresario Monasterolo es una de las más aberrantes, por la relación societaria que tenía con (el ex secretario de Obras Públicas) Abel Boyero”, apuntó, en respuesta al abogado defensor del empresario, Fabián Galachis, quien advirtió que aspira a que su defendido reciba una pena excarcelable.

EL DESPRENDIMIENTO PARA UNA NUEVA INVESTIGACIÓN

Olazábal también se anticipó cuáles serían los focos de una nueva investigación, que el tribunal ya anticipó al pronunciar el veredicto. Según el fiscal, durante el juicio quedó claro que si bien uno de los directivos de la empresa Asotil, Julián Astiz, fue sobreseído en el proceso, las irregularidades habrían sido cometidas por otros socios de la misma firma, que igualmente “se benefició con cobros irregulares”, según expusieron los jueces al pronunciar la sentencia.

“Lo veníamos viendo ya en al momento de preparar este juicio y es que deberían estar sentados los socios gerentes -dijo el acusador público-, ya que fueron los que percibieron esta suma y también el gerente operativo, quien fue el que falsificó los partes diarios. Incluso nos dijeron los testigos que lo vieron participando en todas partes y que él respondió con total liviandad ‘no pasa nada, total es para la municipalidad’. Yo creo que a esto hicieron mención los jueces y por eso dijeron que al momento de la sentencia van a solicitarle al procurador general que se inicie una investigación con relación a estas personas”.

Ante la consulta de si podría haber, también, más funcionarios públicos de aquel momento involucrados, respondió:

“Que no haya responsabilidad de otros funcionarios, no es una hipótesis que yo me esté imaginando, pero hay que profundizar la investigación y tomar nuevas líneas de pesquisas en este sentido. Sería apresurado decir en este momento que no habrá nuevas imputaciones (a funcionarios de ese momento)”.