Otra muerte en un “ascensor” y Comodoro sin ordenanza para inspeccionar estos dispositivos
El fallecimiento de Bruno Díaz, por la caída de un ascensor de tipo “casero”, es la segunda muerte que ocurre en la ciudad en los últimos años, en circunstancias similares, ya que un caso parecido se dio en 2017, en un edificio de Las Torres.
Aunque no ha trascendido información sobre las causas que provocaron la caída del ascensor desde un segundo piso que provocó la muerte de Bruno Díaz, el tema actualiza la falta de aplicación de una normativa aprobada hace más de 20 años en Comodoro Rivadavia, pero que nunca se llevó a la práctica.
Dicha norma, plasmada en la ordenanza 7666 del año 2002, establecía un sistema de inspección y control, desde el ámbito municipal, sobre los ascensores y montacargas que funcionan en la ciudad.
La misma establecía, desde la Dirección de Obras Partículares del municipio, un sistema de regulación para este tipo de artefactos, pero el problema es que durante años se fue postergando la creación, dentro del organigrama municipal, del departamento específico para llevar adelante la tarea.
Recién en al año 2021 se acordó, tras una serie de reclamos desde el mismo ámbito municipal, la incorporación de esa área en el nuevo organigrama, pero aún restaría la incorporación de los profesionales de ingeniería que deben llevar adelante el trabajo del departamento de control y regulación.
De este modo, las verificaciones técnicas de los ascensores en la ciudad quedan libradas a la acción de las administraciones de consorcios, que tienen la obligación de llevar adelante el mantenimiento de los mismos, con las correspondientes certificaciones de verificación periódica sobre el correcto funcionamiento. Sin embargo, al no existir un control estatal, es difícil saber en qué casos se cumple y en cuáles no, o si las inspecciones se demoran en el tiempo, creando riesgos innecesarios e insospechados para las personas.
Otra muerte, seis años atrás
El tema se instaló con fuerza en el año 2017, cuando también falleció una persona, en ese caso, una mujer, en un edificio de Las Torres, luego de que su cuerpo quedara atrapado entre la estructura del ascensor y el piso en el que pretendía descender. Por entonces hubo un fuerte debate, pero la conclusión fue similar a la de hoy, respecto de los años transcurridos desde la sanción de la ordenanza y la falta de aplicación concreta.
En el caso del accidente de Bruno Díaz, la situación parece más compleja aún, porque se trataba, según trascendió la semana pasada, de un ascensor de fabricación “casera”, o artesanal, instalado en su domicilio particular supuestamente por los problemas de movilidad del morador.El doloroso fallecimiento del joven trabajador reabre una discusión necesaria y plantea acerca de las prioridades de la ciudad, ya que vuelve a evidenciarse la ausencia de un estamento oficial que verifique y homologue las condiciones de seguridad para instalar este tipo de dispositivos.
