Perspectiva de género: Arcioni recibió a los padres de Micaela García

Este martes al mediodía, Néstor García y Andrea Lezcano -padres de Micaela García- se reunieron con el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni. En la provincia se están dictando talleres de sensibilización sobre la Ley que prevé la implementación permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres en los tres poderes del Estado, llamada Ley Micaela ya que fue impulsada por sus padres a partir de la muerte de la joven. Chubut adhirió a ella a fines del 2019.

Del encuentro, que se realizó en Sala de Situación de Casa de Gobierno, participaron los ministro de Gobierno y Justicia, José Grazzini, y de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; la subsecretaria de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo; la presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Cynthia Gélvez; el subsecretario de Obras Municipales, Sergio Ramón y la directora Provincial de las Mujeres y Genero, Elba Willhuber, entre otros presentes.

Encuentro positivo

Al respecto, la directora Provincial de las Mujeres y Género, Elba Willhuber, destacó que “siempre es muy positivo el balance del encuentro con los padres de Micaela, porque ellos nos han acompañado desde hace muchos años, en primera instancia en la adhesión a la Ley Micaela tanto a nivel nacional, provincial, municipal y comunal como ahora en la implementación de la misma lo cual es muy importante”.

Asimismo, la funcionaria provincial repasó que “desde el Poder Ejecutivo generamos metodologías de implementación de la Ley Micaela en base a lo que es la educación popular e interactiva, a través de espacios de encuentros para poder manifestar lo que uno piensa y siente respecto a desigualdades estructurales que se producen en la vida cotidiana por cuestiones de género para que sean cada vez menos”.

Finalmente, Willhuber expresó que “la presencia de los padres de Micaela García produce un componente de emocionalidad, porque ellos explican constantemente como han resignificado el dolor por la pérdida de una hija, para tratar de ayudar en todo el país, en Chubut, y de esa manera poder vivir una vida mejor, en una sociedad que recibe cambios socioculturales en donde el poder se manifiesta en querer controlar al sexo opuesto”.

Chubut con adhesión total a la Ley Micaela 

Luego del encuentro, Néstor García contó que “el 20 de agosto comenzamos la recorrida y la idea es mostrar de alguna manera desde lo pedagógico como entendemos que tiene que implementarse la Ley Micaela, hace dos años que vinimos por primera vez y eso le da una característica especial”. 

Continuando, remarcó que “Chubut y Buenos Aires son las únicas provincias en las que adhirieron todos los municipios y comunas rurales”, y destacó el trabajo de “la Mesa de Interpoderes que definió una política de género que esta implementando en cada una de las localidades”. 

“Es la cuarta vez que venimos invitados por el Gobierno de la Provincia a Chubut y siempre surge algo y se comparte nuestra mirada de cómo implementar la Ley, y nosotros estamos convencidos de estos talleres tienen que visibilizar como cada empleado puede realizar su tarea cotidiana con una mirada de género”, manifestó el padre de Micaela. 

“Chubut es una provincia que está muy avanzada en la temática”

En tanto que Andrea Lezcano señaló que “estuvimos interiorizándonos sobre como venían trabajando en el marco de la Ley Micaela, y nos comentaron los nuevos proyectos que se vienen y nosotros planteamos la mirada que tenemos del recorrido que venimos haciendo en la provincia”. 

“Chubut es una provincia que está muy avanzada en la temática comparada con otros lugares, no es un lugar cerrado, está abierto a este cambio de paradigma y nos vamos contentos de todos los talleres, se logra una muy buen intercambio entre las personas trabajando con cosas prácticas y diarias”, recalcó.

QUÉ PASO CON MICAELA GARCÍA Y POR QUÉ DA LUGAR A UNA LEY

Micaela García, estudiante de Educación Física, desapareció el 1 de abril de 2017 tras salir de un boliche en Gualeguay, Entre Ríos, y su cuerpo fue hallado una semana después, semienterrado, cerca de la Ruta Nacional 12. Tenía 21 años y había sido violada y asesinada por un hombre con antecedentes de ataques sexuales.

Luego de siete días de búsqueda intensa, la noticia del crimen generó una fuerte conmoción en todo el país, ya que Micaela participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. El hecho tuvo amplia repercusión social y develó la violencia institucional de multitud de fallos que absolvían a sus imputados por abusos sexuales y femicidios, y permitió visibilizar debates que dieron fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. 

Un año y medio después, el 19 de diciembre de 2018, la ley Micaela fue sancionada por unanimidad en el Senado. La iniciativa había sido aprobada el día anterior en Diputados con 171 votos a favor y uno en contra. En enero de 2019 fue publicada. Como respuesta al compromiso social de Micaela García y a las vicisitudes vinculadas a la causa penal por su femicidio se sancionó la ley 27.499, que recibió su nombre. 

Su objetivo principal es el de “capacitar y sensibilizar” en temas de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que desempeñan funciones en los tres poderes del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación. 

El caso de Micaela García expuso las subjetividades que tiñen el accionar de quienes integran el Estado, con prácticas -que reproducen desigualdades- que están tan arraigadas y naturalizadas que no se consideran faltas.

Quienes integran los estamentos del Estado ocupan roles de género que responden a un conjunto de valoraciones sociales, estereotipos, prácticas y costumbres vinculadas a modelos culturales que reproducen desigualdades y violencias.

Con la sanción de la Ley Micela, el Estado se reconoce como generador de prácticas que reproducen desigualdades y propone intervenir incidiendo sobre la dimensión subjetiva de las personas que asumen las funciones de sus órganos. Por eso, la ley propone capacitar y sensibilizar a quienes ejerzan funciones públicas en cualquier ámbito y jerarquía. Su impacto es amplio: desde activar los resortes de género en una causa penal o evitar la desestimación sistemática de denuncias, hasta allanar el camino para cuestionar los entramados de poder que frenan el acceso de las mujeres a determinados espacios laborales, por ejemplo.