El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia del Neuquén manifestó su rotunda oposición al proyecto de ley que permitiría gestionar el divorcio de forma administrativa. La iniciativa, que actualmente se debate en el Congreso, apunta a simplificar los procedimientos y reducir los costos para quienes deciden disolver su matrimonio. Sin embargo, los abogados advierten que esta medida compromete aspectos legales fundamentales y desarticula el sistema judicial vigente.
Desde el Colegio de Abogados argumentan que el matrimonio es un acto jurídico complejo, cuyas implicancias van mucho más allá de la ruptura entre dos personas. “No se trata solo de terminar el vínculo, sino de resolver temas como los deberes hacia los hijos, los bienes compartidos y las deudas adquiridas en el matrimonio”, señaló en un comunicado oficial.
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Advirtieron que la vía administrativa no puede resolver esas cuestiones de manera eficaz y subrayaron que “trasladar estas competencias fuera del ámbito judicial solo aumentaría la carga de trabajo de los tribunales, en lugar de aligerarla”. Además, cuestionaron que, al evitar la elaboración de convenios reguladores entre las partes, el proyecto generará mayor incertidumbre legal y conflictos a futuro.
Otra de las objeciones planteadas por los abogados neuquinos es que la medida vulnera principios fundamentales del derecho, como la defensa legal y el debido proceso . Aseguraron que el divorcio es un proceso que requiere la intervención judicial para garantizar el cumplimiento de normas constitucionales y convenios internacionales, algo que la administración pública no tiene competencias para abordar.
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“El proyecto viola el principio de legalidad , porque la administración pública no puede ejercer funciones judiciales”, subrayaron. Además, remarcaron que la medida contradice el espíritu de los derechos de familia, donde la intervención de un juez es esencial para garantizar la equidad en la resolución de los conflictos.
El proyecto de ley del Ejecutivo también introduce cambios al artículo 51 de la Ley 26.413 , que regula la inscripción de matrimonios y divorcios. De aprobarse, se agregarían nuevas modalidades de registro, como los matrimonios celebrados en situaciones extremas a bordo de buques o aeronaves, así como la gestión del divorcio en sede administrativa .
Estas incorporaciones, según los abogados neuquinos, “no solo afectan el sistema judicial, sino que ponen en riesgo la protección de los derechos de las partes implicadas”. Advirtieron que, de prosperar, la nueva normativa podría generar un vacío legal y agravar los conflictos en procesos que requieren una resolución equitativa y transparente.
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El Colegio de Abogados instó al Congreso a reconsiderar el proyecto y explorar alternativas que respeten la complejidad del matrimonio. En su comunicado enfatizaron: "La simplificación del divorcio no debe hacerse a costa de los derechos constitucionales de los ciudadanos ni en detrimento de la justicia".
Con el debate parlamentario en curso, la oposición de los abogados neuquinos suma una nueva barrera a la aprobación de la iniciativa. La controversia sobre el divorcio administrativo no solo refleja una discusión sobre eficiencia judicial, sino también sobre la protección de los derechos de familia y el alcance del poder administrativo.