Polémica por la ley de Pesca: cuáles son los artículos que más perjudican a Chubut en el proyecto que ahora promete corregir el gobierno de Milei

Tras el anuncio oficial de que habrá correcciones en el proyecto de ley de Pesca que impulsa el gobierno de Javier Milei, a través de la llamada ‘ley ómnibus’, resta conocer en qué aspectos específicos habrá cambios para atender el reclamo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, junto a sus pares patagónicos, además del intendente de Mar del Plata, como afectos directos. Mientras tanto, es útil precisar cuáles son los aspectos más perjudiciales de la iniciativa, para verificar si se cambian en su totalidad a partir del compromiso asumido por el ministro del Interior.

RIESGO PARA HABILITAR LA SOBRE PESCA COMO EN LOS AÑOS 90

El polémico proyecto impulsado por el gobierno, que motivó rechazos de mandatarios provinciales como desde distintos ámbitos empresarios y sindicales vinculados a la actividad, introduce cambios sustanciales en la ley nacional de Pesca 24.922.

Según informó a ADNSUR Agustín De La Fuente, presidente de la CAPIP (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras), horas antes de que se conociera la disposición del gobierno a introducir cambios en el proyecto, uno de los impactos más notorios se vincula al riesgo para la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

“Si se libera la fijación de la cuota de captura, que todos los años establece el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) con el propósito del sostenimiento biológico de la actividad, sería muy negativo para el caladero. Ya nos pasó años atrás, cuando se pescaba más de lo que el recurso soportaba”, recordó, en referencia a la gran depredación que hubo en los años 90, llegando a afectar gravemente la existencia de recursos como la merluza y el langostino.

Por la normativa vigente, todos los años se fija un tope máximo de capturas para las principales especies del caldero argentina, a partir del análisis biológico de la cantidad de ejemplares, tasa de reproducción, etc, asignando a cada empresa un porcentaje determinado sobre ese total.

HABILITACIÓN DE TRIPULACIONES EXTRANJERAS Y LIBERACIÓN PARA DESCARGAR EN CUALQUIER PUERTO DEL MUNDO

Otra controversia surgida del polémico proyecto es la eliminación al artículo 40 de la ley de Pesca, que exige que la tripulación y los capitanes de los buques sean de nacionalidad argentina, al menos en un 75% del total, pudiendo ocuparse extranjeros con más de 10 años de residencia en el país. De mantenerse la derogación como preveía el proyecto de ‘ley ómnibus’, se habilitaría la contratación de toda la tripulación a cargo de extranjeros, en detrimento de las fuentes de trabajo en las ciudades que dependen de la actividad pesquera.

La liberación impulsada por el proyecto avalado por el presidente Javier Milei también contempla que se elimine la obligación de realizar descargas de las capturas de pesca en puertos argentinos, habilitando a que el producto pesquero se desembarque en cualquier parte del mundo, sin procesamiento en las plantas pesqueras de las provincias con litoral marítimo, Chubut entre ellas.

“Se perdería el control o la fiscalización de esas capturas, como la trazabilidad y el control de calidad”, advirtió De la Fuente, en torno a los alcances de ese artículo, que supondría un serio riesgo para la actividad pesquera se desarrolla no sólo en esta provincia, sino en todo el litoral marítimo argentino.

“Seguramente la ley de Pesca se puede mejorar en muchos aspectos, pero no se puede tirar por la borda, porque ha sido un marco que permitió regular la actividad y fue positivo en muchos aspectos”, valoró el directivo de la cámara empresaria.

“La pesca es mucho más que una cuestión económica, es un tema social y tiene que ver con la administración de recursos naturales, vinculado a una industria alimenticia. Creo que va mucho más allá del poder económico que pueda tener cualquiera oferente de una licitación internacional para acceder a las cuotas de captura”, insistió De La Fuente.

SIN EXIGENCIAS PARA LAS CUOTAS DE CAPTURA

En efecto, otro de los polémicos alcances de la iniciativa, según precisó De la Fuente, apunta a derogar el artículo 27 de la ley Federal de Pesca, que establece los criterios para acceder a las cuotas de captura. Estos se vinculan a la cantidad de mano de obra ocupada en tierra y nivel de inversiones realizadas en el país, con criterios de sostenibilidad de los recursos, para regular el esfuerzo pesquero y disminuyendo las cuotas en caso de sanciones por vulnerar la norma.

La ‘ley ómnibus’ también incluyó la suba de derechos de exportación, tanto para la pesca como para otros productos de economías regionales. “Hay que explicar a las autoridades lo que viene padeciendo el sector pesquero, con estructuras de costos deficitarias, con atraso cambiarios y suba de insumos como el combustible o la energía -detalló-. A esto se suma que hoy no es tan fácil vender al mundo pescados y mariscos. En esto hay una contradicción entre lo que decía el presidente en la campaña el electoral, cuando hablaba de reducir los costos y los derechos de exportación, por eso creo que es importante que escuchen a los sectores productivos y puedan comprender y reflexionar de qué se trata cada actividad”.

Con el compromiso asumido hoy por los autores del proyecto, para introducir los cambios necesarios a la normativa, se descomprime la tensión que había generado el proyecto, pero será importante verificar si ese compromiso genera correcciones totales o parciales sobre algunos de los aspectos indicados en esta apretada síntesis.