Por decreto, echaron a un docente condenado por homicidio que intentó dar clase en un jardín
Rolando Figueroa firmó un decreto rechazando el reclamo administrativo del docente, quien había sido dado de baja por el Consejo Provincial de Educación debido a su condena penal.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó un decreto el 20 de noviembre rechazando el reclamo administrativo presentado por Lorenzo Nicolás Navuelan, un docente que había solicitado ejercer como maestro en un jardín de infantes pese a tener una condena penal firme por homicidio.
Según consta en el expediente, Navuelan fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por homicidio simple el 6 de octubre de 2015, obteniendo la libertad condicional en mayo de 2020. Su condena completa finalizará en febrero de 2025.
El docente, quien estudió docencia mientras estaba en prisión, se inscribió en junio de 2023 para cubrir interinatos y suplencias, y adjuntó su certificado de antecedentes penales. Fue entonces cuando el Consejo Provincial de Educación (CPE) tomó conocimiento de su situación y aplicó una baja automática.
El decreto oficial rechaza su reclamo contra las resoluciones del CPE, argumentando que su condena es incompatible con el ejercicio de funciones educativas.
El caso y las acciones del gobierno
Navuelan había accedido al cargo de maestro de Educación Física en el Jardín de Infantes N° 42 de Neuquén en mayo de este año. Sin embargo, su situación penal generó la rápida intervención del CPE, que procedió a su desvinculación.
En el decreto, Figueroa resolvió: “Recházase en todos sus términos el reclamo administrativo interpuesto por el señor Lorenzo Nicolás Navuelan”, reafirmando la posición de su gestión respecto al cumplimiento de requisitos éticos para ejercer cargos públicos.
Rolando Figueroa y su política de orden y austeridad
Desde que asumió el cargo, el gobernador neuquino ha priorizado la depuración del sistema estatal, desvinculando a empleados con antecedentes delictivos o que no cumplían con sus funciones.
En sus primeros meses de gestión, ya se han registrado al menos 15 despidos de trabajadores estatales, entre ellos policías, personal administrativo, un portero escolar y empleados de distintos rangos en ministerios. En algunos casos, los afectados tenían causas judiciales abiertas o antecedentes que los inhabilitaban para sus funciones.
Con información de LMN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.
