CHUBUT (JORNADA) - Mediante una carta, unas 65 personas que se encuentran detenidas en el Instituto Penal Penitenciario ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, a la vera de la ruta Nacional 3, le manifestaron sus reclamos al ministro de Gobierno, Federico Massoni.

Los detenidos le reclaman desde colchones nuevos hasta un mejor sistema de asistencia médica. También pidieron que se agregue un día más de visitas y que se mejore el acceso para sus familiares: denuncian que no hay ni luz ni una garita segura, a la vera de la Ruta Nacional 3, a donde llegan sus parientes en colectivos.

Según informó Jornada, hay una crisis total en el establecimiento y los detenidos podrían iniciar una huelga de hambre sin precedentes.

“Solicitamos a la brevedad intervención gubernamental y judicial para una entrevista con los detenidos e intentar resolver cada punto de este petitorio. Cuatro son los pabellones y cada uno de los mismos cuenta con 17 internos”, aclararon, haciendo alusión a una superpoblación carcelaria.

En la carta le pidieron a Massoni que “tenga a bien tomar este escrito como un reclamo justo y considerar lo expuesto, llegándole a usted cierta responsabilidad en la problemática carcelaria que le toca atender dicha situación en el más sentido común aportar su parte humana y ejecutiva”. También le pidieron mejoras en la luminaria y que se instale una garita segura para los familiares que llegan en colectivo y deben caminar hasta el edificio del predio carcelario.

Por otro lado, los detenidos aseguraron que no hay ambulancia y que solo existe una tráfic que simula ser una, pero que nunca tuvo uso, y podría ser utilizada para transportar a los familiares los días de visita.

En otro punto, también solicitaron que se les pague por asistir a los talleres y cursos técnicos profesionales “para poder lograr un ingreso económico y de alguna manera poder solventar los gastos de nuestras familias y apuntalando nuestra reinserción social para nuestras prontas libertades”.

El tercer pedido de los presos se centró en que se agregue un día más de visita semanal para favorecer “los lazos familiares”. Mientras que el cuarto apuntó a las raciones de comida que consideraron que son escasas. “Hablando mal y pronto nos estamos pasando de hambre”, aseguraron.

En el quinto punto pidieron que se les dé una cacerola familiar de aluminio para calentar la comida, un microondas, una estufa, una heladera o freezer y una cocina. Todo para equipar el sector gastronómico. Y en el sexto punto plantearon que la asistencia médica es insuficiente. Revelaron que hay muchos presos con HIV SIDA, gastritis crónica, discapacidades motrices, un trasplantado renal, pacientes con hipertensión, úlceras y artrosis. “Solicitamos que se atienda a esta situación y se otorguen medidas alternativas como la prisión domiciliaria”.

Además pidieron que les cambien los colchones  y que se dé aplicación favorable a sus pedidos, que se encuentran en la Ley de Ejecución Penal y diversos tratados de derechos humanos.

Se debe recordar que en noviembre, el juez de Puerto Madryn, Horacio Yangüela, advertió que ordenaría cerrar el Instituto Penitenciario hasta tanto se restableciera el servicio sanitario. Tras una tensión con el entonces ministro de Gobierno, al cabo de un mes se dispuso el servicio médico. “La cuestión hay que tratarla desde el punto de vista jurídico”, había respondido aquella vez el magistrado. “Un ciudadano común tiene los mismos derechos que un condenado o detenido”, refirió al defender su dictamen.

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