Quedan alrededor de 10 familias en el asentamiento de COMIPA

“La mayoría se fue retirando voluntariamente y la toma ha quedado reducida a su mínima expresión”, dijo Guillermo Hughes, asesor legal del municipio de Comodoro Rivadavia, quien además afirmó que de 25 familias que iniciaron esa toma, en febrero último, sólo 2 habían iniciado expedientes, recientemente, para acceder a un lote fiscal por la vía legal.

Ante la consulta de si la misma situación se verificaba en Palazzo, respondió que “esos datos habrá que precisarlos con el área de Tierras, pero tengo entendido que también son muy pocos los que habían iniciado el trámite regular”.

Según precisó Hughes, de las usurpaciones de las últimas semanas sólo queda el asentamiento iniciado en el barrio COMIPA, sobre avenida Nahuel Huapi, ya que el resto se pudo desalojar con auxilio de la fuerza pública, para recuperar las tierras fiscales.

“La diferencia es que en estos últimos casos se pudo actuar en flagrancia –explicó el abogado, en diálogo con Actualidad 2.0-. En el caso de Nahuel Huapi fue una invasión sincronizada y se hizo de manera inmediata, cuando concurrió el personal municipal ya estaban instalados en el lugar y no se pudo hacer el desalojo, por eso hubo que acudir a la vía judicial”.

Hughes también detalló que muchos de los ocupantes se fueron retirando del lugar por voluntad propia, más allá de que está pendiente una medida judicial que habilite el desalojo, como planteó el municipio ante la justicia civil.  

“No deben ser más de 10 familias las que quedan en ese asentamiento –afirmó-. El primer planteo es porque está en riesgo su seguridad, porque son tierras no aptas para urbanizar, porque hay gasoductos, oleoductos y líneas eléctricas, además de que son inundables. Pero además, el derecho constitucional para acceder a la tierra requiere seguir un camino legal, establecido por la ordenanza de Tierras”.

También confirmó que el municipio está a la espera del fallo de la Cámara de Apelaciones, al que se le pidió una medida cautelar para ordenar el desalojo. “Ese planteo se hizo porque las mismas personas están en riesgo en esas tierras y la ley nos exige prevenir el daño, como también su agravamiento –explicó- y por eso estamos esperando que se revoque ese primer fallo, que a nuestro criterio ha sido errado en la primera instancia”.