Quiebra de Oil: YPF quiere el puerto y las estaciones de servicio

BUENOS AIRES - A YPF, la única compañía argentina que ofertó ante la Justicia continuar con la quebrada empresa Oil Combustibles, del detenido Cristóbal López y multimillonaria deudora del Fisco, no le interesa la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, sino su puerto sobre el río Paraná y eventualmente su red de estaciones de servicio con un socio local como operador, según dijeron fuentes allegadas al proceso judicial.

Se supone que la refinería, originalmente de YPF, luego comprada por la brasileña Petrobras y más tarde vendida por ésta a la empresa de López, es el principal activo de Oil Combustibles. Sin embargo, YPF no ofertó por ella para mantenerla en funcionamiento hasta que la Justicia decida en una puja quién se la queda tras el proceso de quiebra.

Las fuentes consultadas por Clarín dijeron que en YPF creen que la refinería es "obsoleta" y que ya cuentan con otras para abastecer el mercado. Sin embargo, en la empresa creen que el puerto sí sería útil para sus actividades en el Litoral y las provincias del Noreste Argentino (NEA), así como lo es la refinería que tiene en el Golfo de San Jorge, en Comodoro Rivadavia, que utiliza para abastecer todo el mercado de naftas y gasoil de la Patagonia, agregaron las fuentes. En este caso, el puerto de San Lorenzo sería una escala entre la refinería que tiene la empresa en La Plata y el mercado del Litoral.

Aún así, de acuerdo con las fuentes que participan del proceso de quiebra, la principal petrolera que opera en la Argentina ofreció colaborar de manera gratuita con la remediación ambiental por los daños provocados por la refinería de San Lorenzo, más aún si nadie se hace cargo de ella y debe ser cerrada. La colaboración sería a través de especialistas y maquinarias.

La refinería está actualmente fuera de servicio, habría sido cerrada por sus trabajadores de manera adecuada y podría ser puesta en funcionamiento en 15 días si alguien asume la tarea de administrarla, según expresaron fuentes judiciales.

El daño ambiental ya fue motivo de encuentros entre representantes de YPF y autoridades de la provincia de Santa Fe, incluido su gobernador, Miguel Lifschitz, y es la principal preocupación del juez en lo Comercial Javier Cosentino, a cargo del proceso de quiebra de Oil, según dejó traslucir en sus fallos en la causa, junto con la situación de los trabajadores.

En la oferta por la red de estaciones de servicio, más de 300, YPF dijo a la Justicia tener un acuerdo para que sean operadas, inicialmente por dos meses, por la empresa Destilería Argentina de Petróleo Sociedad Anónima (DAPSA), una firma cuyo origen se remonta a 1917 y dedicada inicialmente a refinar petróleo para productos industriales, según dijeron las fuentes.

Las otras cuatro ofertas recibidas el viernes en sobre cerrado en el juzgado en lo Comercial 5, a cargo de Cosentino, corresponden a tres multinacionales, la rusa Lukoil y las holandesas Trafigura y Vitol, y a una cooperativa conformada por los trabajadores de la refinería que no se resignan a quedarse sin trabajo y a saber si alguna vez cobran una indemnización.

En los próximos días se sabrá cuáles ofertas aprueba el magistrado, que pueden ir en bloque por todos los activos de Oil Combustibles o en forma parcial, como la oferta presentada por YPF. Será una administración temporaria, para que la compañía genere ingresos que le permitan pagar sus deudas, hasta que en algún momento, tras los pasos procesales naturales de una quiebra, salgan sus activos a la venta y alguien o varios oferentes se queden con ellos.

Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores a los cuatro meses de finalizado el mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y acusaba a ese momento una deuda de 8 mil millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por no derivarle, como agente de retención, el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraba a cada usuario que cargaba nafta o gasoil en sus estaciones de servicio.

Con intereses y punitorios, la deuda creció hasta los 17 mil millones de pesos y mereció una denuncia penal del organismo recaudador contra López que lo tiene a éste preso junto con su socio, Fabián de Sousa. El gobierno del presidente Mauricio Macri sostiene que López financió así la compra de empresas de comunicación, como radios, un canal de televisión por cable (C5N) y portales de internet, con la plata que no le pagó al Fisco para respaldar desde los medios de comunicación a la entonces presidenta Fernández de Kirchner.

Fuente: Clarín