Radares en rutas: el Gobierno provincial desafía a los municipios por las multas de tránsito

El Gobierno de Río Negro avanzó esta semana en la implementación de la nueva ley de radares en rutas provinciales con la publicación del Decreto 463/24, que establece un marco normativo para el control de la velocidad en las carreteras de la provincia. El decreto no solo regula las pautas que deberá seguir la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sino que también lanza un claro mensaje político a los municipios que continúan cobrando multas por infracciones de velocidad.

En uno de los puntos más destacados del decreto, se rechazan las posturas de los intendentes que han solicitado mantener sus propios sistemas de control de velocidad. El texto establece que las posturas de los municipios que intentan desconocer la competencia provincial en la materia son “inatendibles”. Las firmas del gobernador Alberto Weretilneck y del ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, respaldan esta postura que marca una nueva centralización en el control de los radares.

Durante las últimas semanas, algunos jefes comunales habían presentado sus propuestas al Gobierno provincial, alegando que, en virtud de la autonomía municipal, deberían poder definir las normativas necesarias para garantizar la seguridad vial en sus localidades. Sin embargo, el Gobierno rionegrino recordó que un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sentó un precedente en la causa “Provincia de Río Negro c/ Municipalidad de Chimpay”, en la que se declaró inconstitucional la Ordenanza Municipal que permitía el uso de radares en la Ruta 22 sin la habilitación provincial.

Este fallo establece que la autonomía de los municipios tiene límites claros, ya que no equivale a soberanía, lo que implica que los municipios deben actuar dentro del marco legal de la provincia y no por fuera de este.

En cuanto a los municipios que desean seguir utilizando radares en sus rutas, el decreto les ofrece la opción de alinearse con el nuevo sistema que implementará la Provincia. Para ello, se establece un plazo de regularización para que los municipios que ya tengan cinemómetros instalados sin habilitación provincial puedan ponerse en regla y coordinar con las autoridades provinciales.

Además, el decreto aclara la situación de las multas ya cobradas por infracciones cometidas antes de la sanción de la nueva ley. Según el artículo 4 de la ley, las actas de infracción que no hayan sido abonadas por los infractores serán declaradas nulas. Sin embargo, las multas que ya fueron pagadas y aceptadas por los infractores permanecerán vigentes, ya que se consideran firmes y consentidas.

Con información de Diario RN bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.