El Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (Sejun) interpuso un reclamo administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de impedir la aplicación del Impuesto a las Ganancias en los haberes de los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia. La solicitud, realizada este jueves, busca que el TSJ, en su rol de empleador, se abstenga de aplicar retenciones en concepto de Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría.

Desde Sejun, se argumenta que la reciente reinstauración del Impuesto a las Ganancias, implementada mediante la Ley 27.743, es inconstitucional y legalmente inaplicable. El gremio señala que hace dos décadas este impuesto afectaba principalmente a los empleados jerárquicos, dado que el mínimo imponible era considerablemente más alto. Sin embargo, el proceso inflacionario sin ajuste correspondiente del mínimo imponible ha llevado a que aproximadamente la mitad de los trabajadores registrados deban tributar este impuesto, afectando también a un importante porcentaje de jubilados.

El gremio cuestiona la aprobación de la Ley 27.743, argumentando que el paquete fiscal que incluía este gravamen contenía múltiples reformas sin correlación entre sí. Según Sejun, el rechazo del Título V del proyecto de ley por parte del Senado debería haber impedido su tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados, en línea con los artículos 78 y 81 de la Constitución Nacional. Por ello, el recurso administrativo presentado al TSJ se fundamenta en la existencia de amparos a nivel nacional que cuestionan esta ley.

Sejun anticipó que presentará un recurso de amparo específico la próxima semana para proteger los salarios de los trabajadores judiciales, amparándose en una medida cautelar que suspendió la aplicación del impuesto para otros trabajadores del estado, pero que no incluye a los judiciales debido a diferencias en los convenios laborales. El gremio también destacó que los convenios de ATE incluyen cuestiones salariales como ropa y horas extras, derechos que aún no están protegidos en el convenio de los judiciales.

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