Torres y Bullrich avanzan en un convenio para instalar scanners contra el narcotráfico en Chubut

El gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, se reunió este miércoles con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para impulsar una agenda enfocada en tres ejes.

Principalmente hablaron de la instalación de scanners para el control de narcotráfico en los puertos de Chubut, la creación de un comando conjunto en Trelew con fuerzas federales, y avanzar fuertemente contra las tomas que existen hoy en el Parque Nacional "Los Alerces".

Esta tema tomó relevancia tras la confirmación de la prisión preventiva a los cinco miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut que tendrán que enfrentan cargos por extorsión.

El delito cometido conlleva penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, después de que gobierno provincial, encabezado por Ignacio Torres, los denunciara por ecocidio y empresario pesqueros por extorsión.

En los últimos días de diciembre, la provincia de Chubut se vio afectada por la pérdida de 468.000 kgs. de langostinos debido a un falso conflicto paritario que encubría un entramado de corrupción y extorsión que generó pérdidas millonarias para la industria.

Ante las pérdidas millonarias provocadas por esta situación, el gobierno de Chubut y los empresarios pesqueros realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal, colaborando activamente en el proceso de desmantelamiento de la red delictiva.

Las denuncias apuntaron contra Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vega, Juan Inalef y Juan Zambrano por extorsionar y exigir dinero a empresarios entre agosto y septiembre del año pasado a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza.

“Se tuvieron que tirar langostinos, eso es criminal. Por eso le dijimos a la fiscal que haga las denuncias correspondientes. El que haga un paro de vuelta y por eso se pudra un langostino va a tener que dar respuesta a la Justicia”, advirtió el gobernador Torres.

La fiscalía, además, evalúa la posibilidad de agregar el cargo de asociación ilícita ante la existencia de una mafia sindical que utilizaba el gremio para enriquecerse personalmente.

Este importante golpe contra la corrupción en la industria pesquera demuestra el compromiso del gobierno provincial y las autoridades judiciales en la lucha contra la impunidad y el delito.