Transporte: las multas del Ente llegarían hasta $4 millones por día

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Mientras continúa el análisis sobre el veto parcial a la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, por la que se recortan facultades al organismo de control, uno de los elementos que generó cuestionamientos hacia el mismo, es la facultad para aplicar sanciones. De hecho, las multas determinadas por el mismo, que deben ser refrendadas por los Juzgados de Faltas Municipales, podrían llegar hasta los 4 millones de pesos por día sin servicio prestado, según pudo saber ADNSur.

La posibilidad de aplicar sanciones o multas es una de las funciones que se le quitará al Ente, según la nueva ordenanza, cuyo alcance fue respaldado por el intendente Carlos Linares, más allá de que admitió que podría haber retoques parciales sobre la norma que se aprobó el 17 de octubre y que desató una fuerte polémica.

Según contaron fuentes cercanas a la discusión, este martes hubo una reunión entre el asesor letrado del municipio y el asesor del organismo, desde donde se interpreta que no había alcances que le permitieran rescindir un contrato de concesión, tal como se cuestionó desde el Concejo y el Municipio. En igual sentido, se reiteró que el Ente puede recomendar la aplicación de sanciones, que en el caso de las huelgas que se vienen concretando cada inicio de mes (en reclamo ante las deudas de provincia por la empresa, que oscilan entre 23 y 26 millones de pesos) puede llegar a los 4 millones de pesos por cada día sin prestación. Sin embargo, se reiteró, la concreción de ese castigo sigue siendo facultad del Ejecutivo a través de sus juzgados de Faltas.

Por otra parte, quienes cuestionan que el Ente se habría excedido en sus funciones, señalan que ello derivó en una demanda judicial de la empresa contra el municipio, por un reclamo de 14 millones de pesos, sobre el que a principios de octubre el Ejecutivo pagó 7 para destrabar un servicio que estuvo 5 días paralizado.

En ese marco, desde el Ente se aseguró que el organismo cumplió con su rol al exigir la documentación que la empresa debía presentar para justificar el reclamo de dicho monto, en concepto de subsidios aportados por el Estado municipal. “Lo único que se hizo fue exigir la documentación para respaldar el pedido del subsidio, para verificar los pasajes vendidos y la estructura de costos en base a la que se reclama el aporte complementario”, se explicó desde el organismo.

“Se reclama también documentación adicional para determinar si tiene sustento la paralización del servicio en cada inicio de mes, o si la empresa puede responder a sus trabajadores con algún resguardo que debe tomar para garantizar el servicio público”, se planteó en esos encuentros reservados, en los que se busca una salida que clarifique las funciones, pero sin transformarlo en un organismo meramente formal, que engrose el costo de la burocracia local.