COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Con fecha del 2 octubre de 2019, la Dirección General de Asesoramiento Legal y Técnico del IPV y DU (Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano) desestimó el pedido de vecinos del barrio 113 Viviendas del Sindicato Petrolero que reclaman que el organismo provincial le cobre el plan de cuotas mediante el sistema francés y no el UVIs (Unidades de Viviendas), tal como se acordó al momento de la entrega de las casas.

La historia de idas y vueltas comenzó a fines de 2012 cuando 57 familias recibieron sus casas en el plan de viviendas ubicado en la zona del Cordón Forestal, terrenos que les compraron al Sindicato de Petroleros Privados.

Era fin de año cuando el entonces gobernador Martín Buzzi les entregó las casas para ser habitadas en 2013. El sueño del techo propio era posible y todo fue felicidad.

En ese momento, según denuncian y reclaman mediante expediente, les indicaron que pagarían un plan de 30 cuotas a través del sistema francés. Sin embargo, pasaron los años y la cuota nunca llegó, lo que derivó en diferentes reclamos.

Daniel Barrientos (56), uno de los vecinos jubilados y damnificados por esta situación, en diálogo con ADNSUR contó los pormenores del caso. “Nosotros quisimos empezar a pagar pero surgieron diferentes problemas en el IPV y quedamos en el medio. A raíz de eso se demoró el pago de las cuotas, nos decían que la carpeta no estaban, que se perdió documentación y tuvimos que volver a presentarla en más de una oportunidad. Así nos tuvieron mucho tiempo, pero pasaron 8 años y en noviembre nos llegaron las cuotas que teníamos que pagar pero con el plan UVI”, detalló.

Daniel asegura que cuando les adjudicaron las casas, tal como reclamaban en el expediente, les dijeron que iba a pagar mediante sistema francés. “Cuando nos dieron la vivienda nos dijeron que íbamos a pagar por 30 años las casas. En ese tiempo el valor era 400 mil pesos a pagar en 30 años con el plan francés, cuota fija y pura, como han sido todos los planes acá en Comodoro. Pero luego salieron con esto, nos quieren implementar este plan UVIs que está atado al dólar y a algunos vecinos le llegó una cuota de 10 mil pesos, pero hace la cuenta”, indicó.  

En el dictamen del IPV, la Dirección General de Asesoramiento Legal y Técnico del organismo rechaza el pedido de los vecinos. Reconoce que los legajos fueron remitidos por la delegación a esa dirección en septiembre de 2018, “razón por la cual al llevar a cabo la adjudicación se determinó incluir al barrio en los alcances de la resolución N° 655/19”.

La misma establece a partir del decreto 178/18 que “el precio de venta de las viviendas del IPV y DU se determinaría en pesos con la equivalente a Unidades de Viviendas (UVIs)”, según el valor del último día del mes anterior a la entrega de las casas.

En la misma resolución reconoce que todas las viviendas que hayan sido adjudicadas “con anterioridad a la entrada de vigencia del decreto y que no se encuentre escriturados a favor de los adjudicatarios, serán calculados conforme al procedimiento vigente al momento de la adjudicación”, de manera tal que “los adjudicatarios pueden optar por el sistema de amortización que consideren más conveniente”. Sin embargo, en este caso a la fecha del decreto aún no estaba la resolución de la adjudicación.

La bronca de los vecinos es que el cambio de precio y condiciones que pueden derivar en aumentos no se condice con la calidad de las casas, ya que en estos 8 años se han producido hongos, filtraciones, pérdidas de agua y otras deficiencias que tienen documentadas, pero también la diferencia con otros vecinos del mismo plan a los que si les respetaron el sistema de pago por haber sido entregadas antes las viviendas, tal como explica Jorge Rodríguez (61), otro de los damnificados.

“Hay otros vecinos que le entregaron en 2012 y están pagando 3000 pesos. Con el gobierno anterior de Macri lo pusieron en UVIs y se fue todo a la miércoles,  pero otros barrios están con el francés, con el que habíamos empezado nosotros”.

Según cuenta, en su caso cuando recibió la casa estaba aún en actividad, pero hace cuatro años se jubiló y ya no es tan fácil pagar la cuota que le está llegando a otros vecinos.

“No puedo pagar una cuota de 10 mil o 12 mil pesos, la situación cambió. Ellos dicen que no estamos adjudicados, pero nos dieron la llave en 2013. Incluso pagamos dos abogados, hicimos carta documentos y no hay respuesta. Nos dicen que tenemos que ir a juicio, pero no queremos eso; nosotros queremos pagar lo que nos dijeron cuando nos entregaron la llave. Ojalá que tengamos suerte”, deseó Jorge, con la incertidumbre de no saber qué sucederá y esperando que el Estado revierta esta decisión teniendo cuenta lo pautado en un inicio y el tiempo transcurrido desde la entrega de las llaves.

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