Un menor robó camioneta y mató a joven: piden que lo liberen

TRELEW - El fiscal de Trelew, Fabián Moyano, pidió que quede en libertad el adolescente detenido por robar una camioneta y en su fuga matar a un joven que iba a trabajar. El pedido se realizó en una audiencia ante la jueza Ana Laura Servent, a cargo de la causa, quien deberá resolver este martes, en lo posible, el pedido del fiscal. Los abogados que representan a la familia de la víctima, Gustavo Omar López, conocido como “Rocko”, se mostraron sorprendidos y muy disconformes con la posición de Moyano.

El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2016 en la ruta provincial número 7, entre Trelew y Rawson, en momentos que el acusado, J. D. S, conducía sin carnet de conductor ni cédula azul, una Toyota Hilux que había robado horas antes. En la escapatoria, rozó una Renault Kangoo para luego chocar con la víctima, que iba por el carril contrario. La gravedad de las heridas causaron que “Rocko” López permaneciera 16 días en agonía hasta el día de su fallecimiento. Pertenecía al gremio de Camioneros al igual que su padre, confirmaron fuentes sindicales.

El autor tiene 17 años y aún permanece en el Centro de Orientación Socio Educativo. También posee antecedentes que están en trámite. En una audiencia ocurrida el viernes, el fiscal Moyano pidió que fije domicilio y se opuso a una prisión domiciliaria para evitar que espere una eventual condena “sentado en un sillón mirando televisión”.

“Entiendo que resultaría desproporcionado e implicaría mantenerlo privado de la libertad, aún con una domiciliaria, un adelantamiento de la condena, teniendo en cuenta la expectativa de pena de la Fiscalía (2 años y seis meses), no de la querella, y siendo que lleva varios meses privado de la libertad en el COSE”, justificó el fiscal.

Moyano aclaró que la imputación a su cargo es por homicidio culposo, cuya expectativa de pena no llega ni a los 3 años. Cuando las penas en Argentina no superan los 3 años, es factible que no vaya a la cárcel. Es la pena en suspenso.

Moyano representa a las víctimas de este caso como acusador del Estado. Sin embargo, la querella, contratada por la familia de la víctima, acusó a J. D. S. por homicidio con dolo eventual, una calificación que de a poco los jueces argentinos se están animando a aplicar.

Los abogados Zulma Manllauix y Abdon Manyauik, representan a la familia de “Rocko”. Manyauik se quejó por la postura del fiscal. Primero, por no acompañar la calificación de la querella y segundo, por proponer que el joven acusado quede en libertad.

Las partes  admitieron que sobre el joven no se practicó ningún tratamiento contra las adicciones en todo este tiempo, ni ningún otro tipo de asistencia profesional.  Manyauik señaló: ”Es sabido que este chico ni sabía manejar, pedimos los informes y no tenía habilitación de ningún tipo para hacerlo, se opuso a que un enfermero le haga el control de alcoholemia y cuando fueron a detenerlo, estaba con los pasajes en la mano para irse a otra provincia”.

“No se trató de un simple accidente, no es homicidio culposo”, remarcó. Al mismo tiempo, señaló que sostendrá el homicidio con dolo eventual, pese a que el fiscal se negó a cambiar el rumbo de su investigación que apunta a un homicidio culposo, cuya pena es menor.

Es sabido que es muy trabajoso probar ante un tribunal una imputación como la que se niega a hacer Moyano. Es compleja, poco empleada y requiere de un buen desempeño. “Es razonable para este caso que el joven recupere la libertad, que fije domicilio y que a fin de evitar que el mismo se sustraiga a la Justicia y al debate oral, que venga a firmar el libro dos veces por semana, por el peligro de fuga”, concluyó el fiscal Moyano.

La querella, por medio de Manyauik, se opuso a los argumentos fiscales. “Disentimos totalmente con el Ministerio Público Fiscal, la conducta del joven no ha sido modificada, llegó a una prisión de la libertad cuando iba a ausentarse de la zona, esto incide notoriamente en el peligro de fuga. Hay una conducta precedente”, explicó.

“También disentimos en esta situación, es un hecho grave y nosotros sostenemos que la expectativa de pena va a superar los seis años. No ha variado nada la conducta del joven, se solicitó a que se someta a tratamientos y todo eso no lo cumplió. ¿Quién nos asegura que vaya a cometer la misma conducta?”, dijo en este mismo sentido.

Según su versión “no hay elementos para modificar el estado procesal del joven”. “Su conducta precedente nos hace presumir que hay peligro de fuga.  Nos quisieron decir que se iba a un centro de rehabilitación pero nunca pasó, no hay nada verificado. Esto de los pasajes que el joven se iba a rehabilitar a San Nicolás era todo mentira”, exclamó Manyauik.

El defensor del acusado, Javier Allende, quiso emplear como ejemplo a favor de la liberación del acusado el caso del joven al que liberaron del COSE por violar a un nene.

La jueza Servent le aclaró que el ejemplo no se ajusta al pedido del presente caso, ya que la directora de ese centro de menores se refirió a un caso puntual de abuso sexual en el que no se garantizaba la seguridad de ese acusado en particular.

Allende insistió en que en este caso tampoco estaba garantizada y que así como se dejó libre al otro joven acusado de abuso, quede en libertad su cliente.

Moyano se opuso a ese argumento y destacó que lo que sugirieron las autoridades es que no están en condiciones de contener a ese joven y pidió que, en todo caso, la titular del COSE inicie un sumario o que renuncie. Además remarcó que es responsabilidad del Gobierno provincial el manejo del COSE.

Además, el defensor, pidió que tanto la querella como la Fiscalía, unifiquen la imputación contra su cliente: homicidio con dolo eventual u homicidio culposo. Otro punto sobre el cual deberá expedirse la jueza hoy.

La decisión de la jueza Servent será dictaminada hoy y la posibilidad de que el acusado quede en libertad está latente.

El caso está a punto de ser elevado a juicio. Habrá dos imputaciones ya que no hubo acuerdo entre querella y Fiscalía. El defensor del acusado pidió unidad de criterio para una adecuada defensa, pero  ni el fiscal ni los abogados ceden. La imputación más grave no corre por cuenta del acusador público, sino de los abogados particulares de la familia de la víctima.

FUENTE: Diario Jornada