UOCRA otra vez: ¿qué pasó con la causa de los dragones?

COMODORO RIVADAVIA  (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) -  Los hechos de violencia generados por disputas internas en la UOCRA -como los ocurridos el viernes último en la ciudad-  no son nuevos y, lamentablemente, nada indica que serán los últimos. Si todo se resolviera con un apretón de manos y un “acta de paz social”, podríamos renunciar al escepticismo y confiar en la buena voluntad que se puso en escena el viernes último en la Unidad Regional de Policía.

Mientras el apoyo político, la hibridez institucional y la languidez de la justicia sigan dando respuestas tan difusas y laxas en el tiempo, nada será suficientemente grave como para que se pueda decir, con mayor certeza, que “esta vez sí será la última”.

Pero, ¿qué pasó con la causa de los dragones,una facción de la UOCRA, tras la violencia desatada en un área petrolera, en junio de 2012?

La pregunta sobre la causa de los dragones viene a cuento. Por los destrozos de Cerro Dragón hay cerca de 200 ex trabajadores procesados y queda todavía por resolver un grupo de alrededor de 50 imputados, según fuentes judiciales consultadas para este informe de ADNSUR. Por lo que una vez concluida esa larga tramitación de la justicia federal, a casi 4 años de los hechos, la causa estará en condiciones de elevarse a juicio.

En la mayoría de los casos la jueza Parcio resolvió el procesamiento de los involucrados, en una causa en la que investiga un delito que penaliza a “personas que perturbaren el normal desenvolvimiento de un establecimiento industrial, con violencia”.

Se trata del artículo 174 del Código Penal, que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión para personas que fueran condenadas por este tipo de hechos. Es decir que si el juicio no se hace antes de 2018, la causa habrá prescripto.

OJEDA ENTRE LOS PROCESADOS

Entre los cientos de procesados se encuentra Daniel Ojeda, quien fuera uno de los referentes del desaparecido sindicato de “los Dragones”, que por entonces se conformó de manera paralela y en abierto desacuerdo con la conducción de la UOCRA. Ojeda reapareció este viernes, en medio del fuego cruzado en pleno centro de Comodoro.

Tiempo después, Ojeda intenta la formación de otro sindicato paralelo al gremio de la construcción, para lo cual ha iniciado los trámites de inscripción ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero todavía están lejos de concluir, según manifestó el secretario de Trabajo de la provincia de Chubut el viernes en la Unidad Regional, Marcial Paz.

No se trata de objetar el derecho a constituir organizaciones sindicales, sino de observar la hibridez de los mecanismos institucionales: o el Ministerio de Trabajo exige y va a fondo con la tramitación para constituir legalmente un nuevo sindicato, o impide su funcionamiento hasta tanto esté totalmente constituido.

Porque de aquellos actos sin resolver, surge la semilla para alumbrar los nuevos hechos de violencia. Y vale recordar que ese delito perjudicó no sólo a una operadora petrolera, sino a las cuentas públicas provinciales, por la enorme pérdida de regalías sin esos días de actividad. Y si la memoria quiere terminar de ser cruda, vale recordar también la tragedia que rodeó esos hechos: el contingente de gendarmes muertos en la ruta, en un accidente cuando volvían después de haber intervenido en Comodoro Rivadavia hacia su lugar de origen, en el norte del país.

No se trata de poner el foco sólo en uno de los sectores enfrentados. También el conductor de la UOCRA, Raúl Silva, ha estado involucrado en hechos de violencia y causas judiciales cuyo resultado final no está claro.

En junio de 2014, estuvo detenido tras participar de un encuentro de delegados gremiales en Piedrabuena, que concluyó con una batalla campal a raíz del enfrentamiento entre distintas facciones, de lo que resultó un delegado de Neuquén con muerte cerebral, a raíz de los golpes recibidos en la pelea. Antes de ello había sido detenido en Comodoro tras encontrarse un arma de fuego en su camioneta, durante un control rutinario.

La violencia ha estado lamentablemente cerca de la casa de los trabajadores de la construcción, aunque no hay sentencia que involucre directamente a su titular actual. En marzo de 2014, el homicidio del joven delegado gremial Néstor Vázquez fue también atribuido por sus familiares a la disputa interna que mantenía con la conducción del sindicato, en el marco de una investigación que ha sido declarada “causa compleja” y que todavía no tiene definición. En esa investigación estuvo detenido uno de los colaboradores del conductor gremial, Claudio “el gallo” Vera, pero luego fue liberado tras el cambio de declaración de una de las principales testigos, que lo había involucrado en un primer momento.

En ese contexto, si bien rige el principio constitucional de que todo ciudadano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, vale plantear por qué los trabajadores del noble y sacrificado oficio de la construcción, deben contentarse con una representación gremial –sea cuál sea el sector al que pertenezcan- bajo sospecha de utilizar a la violencia como medio para imponer sus reclamos y reivindicaciones, o para resolver disputas internas.

VINCULOS POLÍTICOS

También el poder político juega su carta. Los vínculos son inocultables y estos no pueden limitarse a la incuestionable intención de mantener “la cercanía con los trabajadores”, sino que exceden esa loable posición ideológica para legitimar peligrosamente a dirigentes cuyas prácticas resultan, mínimamente, algo contradictorias con la ley.

Por eso, puede discutirse si el viernes hubo una “zona liberada”, aunque en muchos casos esa situación se da de hecho por la escasez del personal policial en la ciudad, tema que fuera reclamado semanas atrás por el propio secretario de Seguridad del Municipio.

Pero más liberada aún parece la zona híbrida en la que transitan ciertos personajes, para quienes los límites de la legalidad o la institucionalidad parecen ser meros enunciados en un papel. Muy parecido al papel en el que se firma y se compromete el respeto a la “paz social”.