El tema de moda a nivel nacional que también es noticia en Chubut: por qué es tan importante el Consejo de la Magistratura y cómo impacta la tensión con el Poder Judicial

Es una verdadera lástima que una institución que a lo largo de 27 años había logrado un enorme prestigio en Chubut, a partir de una integración absolutamente novedosa con la participación de representantes populares, hoy esté en medio de denuncias cruzadas con el Superior Tribunal de Justicia, con presentaciones de medidas cautelares y pedidos de nulidades.

El Consejo de la Magistratura es un organismo con una serie de funciones que son de enorme relevancia, porque debe tomar decisiones respecto a las personas que integran uno de los tres poderes, el que justamente tiene el rol de cuidar y hacer cumplir las leyes y la Constitución, de velar por la vigencia del ordenamiento básico de una sociedad, como es el Poder Judicial.

El lector informado seguramente observará cómo el equivalente a este organismo a nivel nacional está en el centro de la agenda política del país desde hace semanas, en una disputa de poder en la que intervienen magistrados, abogados, legisladores y hasta la Vicepresidenta de la Nación, en la batalla por quien obtiene un número mayoritario en la institución que tiene que designar y evaluar a los jueces.

El ciudadano que tiene la cabeza en sus problemas cotidianos, en cómo la inflación le come todos los meses el sueldo, tiene el derecho a preguntarse por qué tanto lío con el Consejo de la Magistratura, del que probablemente desconozca quiénes lo integran y a qué se dedica. Y es muy posible que la mayoría de la gente no sepa que a algunos de sus integrantes los votaron en las elecciones, en boletas que iban pegadas a candidatos a gobernador, a intendentes y a diputados.

La magnitud del problema se debe a que las consecuencias de un mal accionar del Consejo de la Magistratura se pagan más tarde o más temprano: un juez o fiscal que no fue seleccionado con idoneidad luego resentirá el servicio de justicia; la falta de cobertura de vacantes genera una sobrecarga de trabajo en determinados actores del sistema, como ocurre hoy con los juzgados de familia de Comodoro Rivadavia, para poner un ejemplo.

O sin ir más lejos, este organismo debe resolver temas de enorme repercusión en Chubut, como las denuncias contra la jueza comodorense Mariel Suárez por sus visitas a un condenado en la cárcel; o las denuncias contra fiscales que investigaron causas de corrupción o que no actuaron de manera correcta en casos de abuso o violación.

COMPETENCIA

Es competencia del Consejo de la Magistratura nada menos que elegir a quiénes serán jueces, fiscales o defensores, así como la evaluación de su trabajo cada 3 años, la investigación ante denuncias por su desempeño, y la designación de los conjueces del Superior Tribunal cada año.

Por lo tanto, su actuación tiene consecuencias en la calidad del servicio de Justicia que llega a los ciudadanos; más allá de las causas penales –robos, violaciones, asesinatos-, también hay una enorme cantidad de cuestiones cotidianas a resolver, como divorcios, sucesiones, concursos, demandas laborales, y hasta cuestiones electorales en algún caso.

Sin embargo, a pesar del impacto que tienen las decisiones de este cuerpo para la vida de todos los ciudadanos, la existencia del Consejo, sus sesiones, su integración, pasa desapercibida para la gente, que tiene presente en mayor medida a los responsables de los cargos en una municipalidad, o en un Concejo Deliberante, o los cargos ejecutivos y legislativos a nivel nacional y provincial.

Más allá de la implicancia de un buen servicio de Justicia para los vecinos, está claro que dentro del funcionamiento de este organismo, entra en juego una disputa de poder del sector político, por más que esto nunca se vaya a admitir. Los cargos en el Consejo de la Magistratura son ad honorem, es decir, nadie va allí a cobrar un sueldo, sino por una cuestión de prestigio, y también hay que decirlo, para participar de decisiones que pueden ser de trascendencia para la vida institucional y política de una provincia.

Para muchos, a juzgar por su exceso de protagonismo en los últimos tiempos, el Consejo de la Magistratura puede ser una vidriera para empezar a hacerse ver. Más que la función trascendente que se ocupa, parece importar más el “trampolín” para otra cosa. Hay casos de figuras que llegaron a ocupar importantes cargos en la política luego de pasar por el consejo.

Hay una Verdad de Perogrullo que igual debemos expresar aquí, y que es evidente en la disputa feroz que se da en el ámbito nacional: si un dirigente o funcionario está convencido de que el Poder Judicial también juega a la política, y que sus opositores utilizan a determinados aliados en la Justicia para perseguir a sus enemigos, es lógico que se entable la guerra por quién maneja el Consejo de la Magistratura, el organismo que justamente selecciona a quienes deben interpretar las leyes.

La guerra obedece a que quien controle este órgano, controlará la selección de jueces, o su destitución. Todos los políticos, absolutamente TODOS, quieren tener el poder de elegir o vetar a los que pueden llegar a investigarlos o juzgarlos. La politización de la justicia, o la justicia como arma de la política. La división de poderes se esfuma, se vuelve borrosa, es casi una entelequia.

CASO EXTRAÑO

Hay que decir que, desde su nacimiento en la década del 90 con rango constitucional, siempre costó definir al Consejo de la Magistratura porque no pertenece a nadie en particular. Si bien mucha gente cree que es parte del Poder Judicial, en realidad es un órgano extra poder. Es como si estuviera flotando fuera de la división de los tres poderes del sistema republicano.

Analizando el caso de Chubut, hay que decir que su integración es plural, o mixta, si se prefiere. Hay especialistas en derecho, conocedores del sistema judicial, y como contrapeso, representantes de la ciudadanía que son legos y aportan su mirada desde el sentido común. Hay miembros del Poder Judicial, hay otros que interactúan –como los abogados- y están los judiciables, que son los populares.

En total son 14 integrantes que se van renovando con los años, a los que vamos a ponerle nombre propio, mencionando a los actuales miembros: el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que es Mario Vivas (va variando porque la presidencia es rotativa); un representante de los empleados judiciales no abogado, en este caso, Esteban De Felice.

Luego hay 3 representantes de los magistrados con rango no inferior a camarista, que son elegidos por sus pares de las distintas zonas de la provincia: actualmente son el presidente del Consejo desde diciembre, que es Tomás Malerba (Sarmiento), Sonia Donatti (Trelew) y Jorge Luis Früchtenicht (Esquel).

También hay 4 abogados de las distintas circunscripciones, votados por los miembros colegiados, es decir, por sus pares: en este caso son Manuel Burgueño Ibarguren (Comodoro), Mirta Antonena (Trelew), Mariano Jalón (Esquel) y Raúl Forgeaux (Puerto Madryn.

El consejo lo completan 5 representantes populares, que no deben ser abogados y tampoco empleados judiciales, los únicos electos por la ciudadanía en elecciones generales dentro de boletas de partidos políticos, y que deben cumplir los mismos requisitos que para ser diputado: en este caso están Silvina Ruppel (Esquel), Paula Cardozo (Trelew), Miguel Coyopay (Comodoro), Mirta Pacheco (Sarmiento) y Mirtha Lewis (Puerto Madryn).

Salvo el miembro del Superior Tribunal, los otros 13 consejeros tienen mandatos que duran 4 años y no pueden ser reelectos en forma consecutiva. El Cuerpo se renueva por mitades cada dos años. Los reemplazantes deben tener idéntica representación que los integrantes a los que suceden.

Como se ve en la última integración, de a poco se va a aplicando la paridad de género: en este período hay 8 varones y 6 mujeres, pero cuando la representante del STJ sea mujer, la cuenta será 7 a 7. Y la representación incluye a todas las zonas de la provincia.

TENSIÓN HISTÓRICA

De acuerdo al texto de la Constitución Provincial reformada en 1994, en la cabeza de los constituyentes se ideó un Consejo de la Magistratura que fue modelo a nivel nacional. En los papeles, el equilibrio de fuerzas entre el sistema judicial y los vecinos de a pie, parecía ejemplar. Así se demostró en los primeros años, lo que incluso motivó la convocatoria a exposiciones en otras provincias.

Pero en la práctica, como podríamos comparar lamentablemente con otras áreas de la vida institucional, se fue produciendo una degradación, una caída de la calidad, a causa de la injerencia de la política. Algo muy similar a lo que se está viendo a nivel nacional, aunque en aquel caso mucho más visible y con mayor repercusión mediática por el peso de los protagonistas.

En Chubut, siempre hubo una tensión latente para evitar que los actores de la justicia –se los conoce como los del SISTEMA- no manejen el Consejo a su antojo. El presidente del Superior Tribunal con el apoyo de magistrados y empleados, con su peso específico de por sí, siempre intenta imponer su criterio ante cada tema, con mayor o menor éxito según la influencia que logra ejercer sobre los abogados y los consejeros populares.

La idea es que el Consejo sea un contrapeso del Poder Judicial, con el que tiene un vínculo inevitable, pero que no significa que acate su mandato. En el pasado ha habido discusiones de diversa índole, que no vamos a repasar en este ámbito, en el que nos interesa explicar cuál es la actual puja de poder que esta vez se tornó en escandalosa, poniendo en riesgo todo el sistema.

El nudo de la polémica está centrado en torno a la persona que ejerce la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, que como se sabe, es rotativa, y cada año va cambiando entre el 1° de abril y el 31 de marzo. Es el único cargo permanente de los 14 del Consejo, como ya explicamos anteriormente.

La discusión ha girado a lo largo de los años en que, así como el resto de los cargos es indelegable y es una carga pública, la Constitución establece que quien debe participar de la sesión es el presidente del STJ, y no un reemplazante. Pero ante una discusión generada en 2012, el Consejo resolvió admitir que, por razones de fuerza mayor, pueda ser sustituido únicamente por el vicepresidente de la corte chubutense.

Así se ha venido realizando en la práctica a lo largo de los años, pero en 2021 hubo una novedad: la Legislatura sancionó la Ley V N° 174 – Orgánica de la Judicatura de la Provincia del Chubut, que regla las funciones del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, y en el artículo 21 inciso j, establece la de “Integrar el Consejo de la Magistratura, siendo esta función delegable en cualquier Ministra/o en caso de impedimento transitorio o definitivo”.

La falta de acatamiento de este artículo por parte de los actuales consejeros es lo que generó una polémica de una gravedad institucional inusitada que ahora derivó en una presentación de una medida cautelar nada menos que del Fiscal de Estado, tal como anticipó esta semana ADNSUR.

CONFLICTO ACTUAL

El origen del conflicto viene de la interna histórica que hemos narrado y de algunas cuestiones personales; por ejemplo, lo que fue considerado como un “desplante” de la sesión desarrollada en febrero en Sarmiento, cuando el anterior presidente del STJ, Alejandro Panizzi, debió asistir al acto de aniversario de Comodoro Rivadavia, y según algunos consejeros, dejó al parecer varios temas sin tratar para más adelante.

Allí comenzó una guerra de egos, donde la cuestión parece haberse tornado personal: algunos consejeros entendieron que había una especie de “destrato” hacia la institución por parte del presidente del Superior, y en medio de esa situación, llegaron dos sesiones –una extraordinaria de manera virtual y la siguiente presencial- que fueron la explosión del escándalo que motivó un conflicto de poderes entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia.

La polémica se desató por la presencia de la ministra de la Sala Penal, Camila Banfi Saavedra, en una sesión extraordinaria para tratar un tema importante: la recusación contra la magistrada de Esquel, Mariela González. Una postulante de la defensoría envió informes sobre un presunto trato indebido de la jueza hacia los actores del sistema, planteando que no tenía avales para ser jurado en un concurso, lo que motivó la convocatoria vía remota, que fue el inicio del conflicto.

Cuando Banfi pretendió participar como representante del Superior Tribunal, el resto de los consejeros mantuvo un intenso debate que finalizó con una votación que por 9 a 5 le impidió a la ministra de la corte formar parte de la sesión, bajo el argumento de que la ley orgánica aprobada por la Legislatura respecto a los reemplazos es inconstitucional (atribución que corresponde a un juez), y que en todo caso se trataría de un “privilegio” que no puede permitirse porque los demás consejeros no tienen reemplazantes.

La sesión avanzó sin la participación de Banfi, algo que se repitió en la sesión presencial del 28 de marzo en Comodoro Rivadavia. Ante el argumento de que Panizzi debía dar su mensaje ante la Legislatura y el vicepresidente, Mario Vivas, tenía que estar presente en un jury en Rawson, Banfi nuevamente asistió a la sesión en representación del presidente de la corte. A pesar de que una consejera hizo una moción para revertir lo decidido unos días antes, la postura de la mayoría volvió a mantenerse, y se avanzó en el tratamiento de los temas sin su participación.

En aquella sesión, entre otras cuestiones, se declararon admisibles dos denuncias contra el fiscal Fernando Rivarola y se designaron dos juezas: una en el fuero laboral de Comodoro Rivadavia, y en otro caso, la reemplazante de Carlos Tesi en el juzgado universal de Rawson, un cargo importantísimo, porque constitucionalmente es el quinto integrante del Tribunal Electoral Provincial. Sin embargo, en el examen no se le hizo absolutamente ninguna pregunta referida a esa cuestión, lo que es considerado una falencia que no hubiera ocurrido si hubiera estado algún representante del STJ.

La gravedad institucional surge porque se entiende que la integración del consejo sin un miembro del STJ fue ilegal, por lo que ahora la cautelar del Fiscal de Estado pide la nulidad de todo lo actuado. En el medio, quedan en el aire concursos, denuncias, recusaciones, todas cuestiones que afectan a terceros, y ahora están en suspenso por una guerra de egos.

La cuestión está en manos de un tribunal de tres conjueces que la próxima semana deberá resolver sobre la cautelar presentada para anular todo lo actuado. Más allá de esto, lo que se pretende es zanjar de una vez la discusión sobre los reemplazos del presidente del STJ, o la cadena de subrogancias. La situación es inédita, porque se llegó al planteo de un conflicto de poderes, en un ámbito colegiado donde históricamente, más allá de algunas discusiones fuertes, siempre primó el diálogo y el consenso.

Quizás como sociedad deberíamos preguntarnos sobre nuestra responsabilidad en la degradación de las instituciones. ¿Quién puso a los actuales miembros del consejo en su lugar? La ciudadanía que votó a los representantes populares ¿sabe realmente a quién votó, o fueron producto de ir pegados en una lista sábana? Ni hablar de la situación inédita para definir al representante de los abogados en Esquel, donde hubo que votar de vuelta porque la primera elección fue bochornosa: había más votos que electores.

El Consejo de la Magistratura del Chubut era un organismo modelo a nivel nacional, y hoy parece revolcarse en el mismo barro que el resto de las instituciones. Mientras tanto, la dirigencia política dice estar al margen y se hace la que mira para otro lado, pero por detrás mete su cuña en la disputa por el poder. Una muestra más, de por qué estamos como estamos.