“Juego de tronos” dentro del nuevo STJ de Chubut: las pujas por quién tiene el manejo y el control, que desencadenaron una jubilación a la fuerza

El Superior Tribunal de Justicia, cúpula del Poder Judicial de Chubut, volvió a contar con todos sus ministros a fines de diciembre, luego del acuerdo político logrado en la Legislatura, donde todos los bloques votaron a los cuatro nuevos integrantes por unanimidad. Después de cinco años se logró que la corte chubutense tenga las dos salas completas, y con el dato extra de que, por primera vez en su historia, dos mujeres llegaron a la integración de este organismo.

Hay que volver hasta 2017, con la salida primero de Daniel Rebagliatti Russell y luego una serie de jubilaciones sucesivas, para encontrar la anterior integración plena del STJ. En ese lapso, el número de miembros fue cayendo de manera paulatina, y con la salida de Miguel Donnet en 2020, se llegó a una integración (inconstitucional) de apenas dos miembros durante el lapso de un año y medio.

Por lo tanto, 2022 viene siendo un año de adaptación para todos, tanto para los que ya estaban trabajando, que ahora deben consensuar y consultar decisiones que antes resolvían de manera más rápida; como para los nuevos, que -en algunos casos- no provienen del sistema judicial de la provincia, y -en otros- llegaron desde una estructura más jerárquica y piramidal, como es el Ministerio Público Fiscal, donde eran jefes de distrito.

Hablamos de 6 personas con características y formaciones absolutamente divergentes, que venían acostumbrados a trabajar en solitario y ahora tienen que “pactar” decisiones de todo tipo: funcionamiento interno, presupuesto, licencias, sanciones, el nuevo juicio por jurados, política judicial, y por supuesto, en cada sala, abordar las sentencias de cada día.

Un repaso rápido por cada uno de los nombres deja en evidencia la múltiple diversidad de la conformación que estamos describiendo. El más antiguo de los integrantes es Alejandro Panizzi, quien se mantiene en su lugar hace más de 16 años, desde aquella primera creación de la Sala Penal que hizo Mario Das Neves en su primer mandato, en una ampliación de la corte que en aquel entonces incluyó a Juan Cortelezzi y Jorge Pfleger.

Siempre polémico, con un estilo que nunca pasa desapercibido, Panizzi ha sobrevivido todo tipo de internas, la más resonante de las cuales fue con sus ex colegas José Luis Pasutti y Fernando Royer, quienes lo denunciaron en 2013 ante la Legislatura y provocaron un juicio político que tuvo ribetes novelescos y casi escandalosos. Pero los votos del buzzismo y la UCR no alcanzaron, y el ministro de la Sala Penal –que además es escritor y director técnico de fútbol- sobrevivió gracias al apoyo de los diputados dasnevistas.

Siguiendo con la antigüedad, Mario Vivas –quien hizo la mayor parte de su carrera en Buenos Aires y luego recaló en Puerto Madryn, donde llegó a ser camarista- lleva 6 años en la corte chubutense. Asumió en 2016 en un acuerdo impulsado por el gobernador Mario Das Neves junto a Miguel Donnet y Marcelo Guinle, para sumarse a la Sala Civil. De reconocido manejo político, actualmente ejerce la presidencia y es quien negocia con el Ejecutivo y la Legislatura cuestiones vinculadas al presupuesto, que hasta ahora, no fue aprobado.

A estos dos ministros, que ya conviven laboralmente hace tiempo, se les sumaron cuatro nombres nuevos por el acuerdo de la Legislatura en diciembre. Dos provenían del Ministerio Público Fiscal, donde eran fiscales jefes en su jurisdicción: se trata de Daniel Báez (nacido en Comodoro, de larga carrera en la justicia provincial) quien estaba en Puerto Madryn; y Camila Banfi Saavedra (mendocina, la más joven de todos, con 48 años de edad) quien cumplía funciones en Comodoro Rivadavia.

Y los otros dos, venían de fuera del sistema judicial chubutense: el comodorense Ricardo Napolitani, con una extensa trayectoria en cargos importantes tanto en Nación como en Santa Cruz, de aceitados vínculos con el kirchnerismo; y la cordobesa Silvia Bustos, quien trabajó durante años en el área social y fue Jueza de Faltas Municipal en Rawson.

RUIDO INTERNO

Como salta a la vista, se trata de una integración amplia, diversa, ecléctica, que conforma un grupo con miradas encontradas, producto de sus improntas y sus historias absolutamente disímiles, y con apetencias personales que los encuentran en diferentes momentos de sus carreras. Podría compararse con los grupos de trabajo de cualquier oficina, pero en este caso, hablamos de figuras con mucha trayectoria, que llegaron a un lugar de altísimo poder, y donde los egos también juegan un papel importante.

Como en todo cuerpo colegiado, sus miembros son todos pares dentro del conjunto, con el mismo nivel de importancia y -en la teoría- con el mismo peso. Hay un presidente (la cabeza del poder, pero cuyo voto igual vale lo mismo que el resto, como ya hemos explicado) y un vice, que van cambiando todos los años; hay dos salas que se distribuyen los temas según el fuero, penal o civil; y hay un administrador, en un cargo creado hace una década que viene haciendo un ruido enorme.

Ese cargo, novedoso en la historia del Superior Tribunal, se consideró en su momento que era necesario que fuera asignado a un especialista en las cuestiones administrativas y presupuestarias que se ocupara de los temas “mundanos”, para liberar a los ministros, que debían estar abocados a cuestiones técnicas, vinculadas a los fallos y a la política judicial

Eran tiempos en los que la corte era presidida por Fernando Royer, y se resolvió crear en 2012 el cargo de Administrador General del Poder Judicial. Para ocuparlo se eligió de manera directa, en una designación sin concurso previo, al ex ministro de Economía de la última gestión radical del gobernador José Luis Lizurume, el abogado Héctor Capraro.

La elección no tuvo objeciones de manera pública y en general fue bien valorada, considerada un “aporte” de un especialista que había manejado la cartera económica de la provincia y que tenía la suficiente experiencia y el temple para resolver las cuestiones de un poder que tiene a su cargo unos 2 mil empleados.

A lo largo de los años, la cintura política de Capraro (un cordobés muy hábil en el Juego de Tronos, rápido de reflejos para sortear las históricas disputas de la corte) lo convirtió casi en un “indispensable”, que fue acumulando poder de una manera tan grande, que hoy muchos ministros se preguntan quién realmente manda en la Justicia.

Algunos a modo risueño, comparan el caso del doctor Capraro con aquella anécdota del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, quien cuentan habría respondido que no le interesaba ser Presidente, ya que era un “cargo menor”. Quienes charlan con esta columna, se preguntan si no es la misma situación, ya que a veces tienen la sensación de que ser ministro es un “cargo menor”: en la práctica el que efectivamente manda y mueve los hilos, es el Administrador General del Poder Judicial.

Pongamos un ejemplo, que -aunque parezca increíble- es cierto, y sigue generando un verdadero temporal interno. De las nuevas incorporaciones, hubo un ministro y una ministra que plantearon que necesitaban designar relatores de confianza. Concretamente, pidieron sumar gente de su entorno que consideran necesaria para trabajar en la redacción de sus votos y sus sentencias. Esto no es extraño, y ocurre con cualquier cargo político, donde es habitual que un funcionario conforme su equipo de colaboradores.

Pero –según cuentan en los pasillos del STJ- se les habría negado ese pedido por una postura negativa del Administrador Capraro, por lo que desde hace 10 meses deben seguir trabajando con el personal del Poder Judicial, que -si bien es de carrera y excelente formación- no es de su confianza. De ahí la sorpresa e indignación de quienes han logrado imponerse en ámbitos muy pesados, que llegaron a un cargo que es cabeza de poder, y sin embargo, pareciera que tienen que “pedir permiso”.

El tema no es el único, ya que –por ejemplo- hay decisiones de ingreso de personal que se siguen tomando, y continúan asumiendo personas en distintos cargos en el mismo edificio del STJ, sin que los nuevos ministros estén al tanto. No es de extrañar entonces que, en los acuerdos plenarios, se discuta y mucho respecto a esto. ¿Quién manda? ¿Quién decide quién ingresa a trabajar a la Justicia y cuáles pueden ser los colaboradores directos de un ministro de la corte? ¿Hay que pedirle permiso a Capraro?

PASES DE FACTURA

Claro está que muchas de las definiciones Capraro no las toma en soledad, sino que suele consensuarlas con el presidente de turno. Por lo tanto, cuestionar a Capraro, es de alguna manera cuestionar al presidente, quien en este caso es Mario Vivas, un experimentado magistrado que viene trabajando hace años con el administrador, con quien entiende perfectamente.

En este contexto, suelen escucharse pases de factura, respecto a quiénes fueron los responsables de llevar adelante la negociación política con los diputados y el Ejecutivo, en un proyecto sigue trabado en comisiones. Está llegando ya el mes de octubre, y aún no fue tratado el presupuesto del Poder Judicial. Si el administrador maneja los números y elabora el presupuesto, ¿por qué todavía no es ley? Es lo que se preguntan algunos ministros.

Claro que, a la hora de hacer pases de factura, las boletas no van hacia un solo lado, sino que muchas veces tienen vuelto. Como -por ejemplo- el enojo con alguno de los “nuevos”, porque en apenas nueve meses desde que asumió en el cargo, se tomó licencia para hacer tres viajes al exterior, dos a México y uno a Brasil. Hay que recordar que ese fue uno de los argumentos de las peleas que en su momento tuvieron Panizzi contra Pasutti y Royer y que se ventilaron en el juicio político: el abuso en los viajes y las licencias.

Entre las broncas que se escuchan en los pasillos con otro de los nuevos, se menciona que al parecer no va muy seguido a su despacho, y apenas se lo puede ver en Rawson un par de días a la semana, según protestan algunos de sus pares. “Se quejan porque los dejan afuera, pero primero tendrían que venir a laburar”, es una de las explicaciones que flotan en los pasillos judiciales.

Otra devolución de pase de factura, apunta contra los continuos viajes que se vienen haciendo a otras provincias para aprender de la experiencia de juicio por jurados, a partir de una comisión especial creada a tal efecto. “Van dos ministros, pero pretenden llevar como a 8 personas, con todo pago en los mejores hoteles”, es la queja por lo bajo de los que administran, en un año que viene flojo de recursos presupuestarios.

Más conflictos recientes: en las reuniones del pleno, la mayoría acordó cambios en las reglas de licencias de larga duración por enfermedad, y que el nuevo cuerpo médico forense que asumió hace un tiempo, debía controlar más y mejor. El nuevo grupo de ministros al parecer impuso condiciones ante algunos “abusos” de ciertos jueces y funcionarios que, por caso, se terminaban tomando un año por alguna cirugía estética, sin pedir autorización ni dar aviso.

También la discusión sobre el ingreso de personal de manera directa dio lugar a un planteo de fondo para redefinir todo el reglamento interno y las funciones del Administrador General. El ataque de los nuevos ministros –algunos enojados porque no se les dejó designar a sus relatores- al parecer fue tan importante, que pareció un desafío a la autoridad de Capraro, y –según dicen- se logró la bandera blanca: el anuncio de que el actual administrador se jubilará a comienzos del año que viene.

Esa noticia habría traído una paz momentánea al Superior Tribunal, aunque luego –si se confirma- quedará por más delante la discusión del perfil del reemplazante, y si debe seguir ostentando tanto poder en las decisiones administrativas como hasta ahora, o ser simplemente un “ejecutor”.

LA DISPUTA A FUTURO

En este escenario de por sí complejo, se avecina una votación para el año próximo, que sumará aún más intrigas de palacio: quién será el próximo presidente o presidenta del Superior Tribunal de Justicia, a partir de esta nueva integración de 6 miembros.

Como se sabe, la presidencia se ejerce de manera alternada entre cada uno de los ministros, recayendo un año en un miembro de la Sala Penal, secundado por un vicepresidente que pertenece a la Sala Civil; y al año siguiente ocurre a la inversa, es decir, un presidente de la Sala Civil y el vicepresidente de la Penal.

Esto significa que una vez que concluya la presidencia de Vivas el próximo 31 de marzo, deberá elegirse a alguien de la Sala Penal para que tome las riendas de la corte chubutense, y todas las miradas apuntan a dos candidatos, que no esconden en ningún caso que tienen serias aspiraciones de asumir ese rol: uno es Daniel Báez, y la otra es Camila Banfi Saavedra.

Precisamente ambos conducen por estos días la comisión para la puesta en marcha del Juicio por Jurados en Chubut, y conviven en las estrategias para su implementación. Por lo que observa el resto de los integrantes, entre Báez y Banfi tienen buena relación y respeto mutuo.

Ocurre que el ex fiscal jefe de Puerto Madryn tiene la ambición de ejercer ese cargo, una especie de premio a su extensa trayectoria, mientras que Banfi también quiere ser presidenta el año próximo, en un título de gran peso simbólico, ya que se convertiría la primera mujer en la historia de la provincia en presidir el Poder Judicial.

Dentro de esa puja, están los que creen que tendría un enorme peso simbólico que se eligiera como presidenta a Banfi y como vicepresidenta a otra mujer, como es Silvia Bustos, de la Sala Civil. Sería todo un mensaje hacia la sociedad respecto al crecimiento del peso de las mujeres en los lugares de poder político. 

Sin embargo, es una decisión que deberá tomar este pleno de la Corte por primera y única vez, porque una vez que se pone en marcha el mecanismo de la alternancia, después quedará claro año tras año a quién le toca cumplir cada rol. Lo que define todo es la primera votación, y si no se da por acuerdo, podría darse la situación de un empate en 3, que como en un cónclave papal, debería volver a votarse hasta que la balanza se incline hacia uno de los lados.

De este modo, el calendario electoral de 2023, un año que estará marcado por las elecciones, lo dará primero antes que nadie el Superior Tribunal. Habrá que esperar unos meses a ver cómo decantan las relaciones internas que hoy asoman como muy tirantes entre sus miembros, que muy probablemente deban consensuar también quién será el futuro Administrador General del Poder Judicial, un cargo –como quedó claro- de mucho poder y muy apetecido. Se verá en la próxima temporada de “Juego de Tronos en la Corte”.