¿Qué cable hay que cortar?: la bomba que deberá desactivar el próximo Gobierno de Chubut
Sólo en capital, entre 2023 y 2027 habrá que afrontar vencimientos por 511 millones de dólares, lo que equivale a casi dos años de regalías petroleras.
Deuda en dólares y en pesos, garantizadas por regalías y coparticipación. El combo que espera al próximo gobernador de Chubut anticipa un período con grandes dificultades, en particular si la producción de petróleo en la provincia no vuelve a incrementarse hasta niveles, al menos, que mostraba hasta el año 2019.
Los datos sobre la deuda que espera al próximo gobierno fueron expuestos por el economista Facundo Ball, durante el Encuentro de Observatorios de Economía, de las Facultades de Ciencias Económicas de distintas sedes, que se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, durante los días 18 y 19 de mayo.
En la presentación, el analista dividió por un lado la situación vinculada a inversión real y costo salarial en el Estado, antes de desentrañar los aspectos vinculados a la deuda pública, que podrían ser el causal de otros datos preocupantes. Por ejemplo, ponderó que Chubut es hoy una de las 4 provincias con menor inversión en infraestructura, al considerar la relación frente al gasto total, al mismo tiempo que es la que tiene la más alta incidencia de costo salarial sobre el total de sus erogaciones.
Dicho de otro modo, la provincia hoy funciona mayoritariamente para cumplir con el pago de salarios, ya que destina un 62% de sus recursos únicamente a esa obligación, frente a un promedio que para el total de las provincias refleja un 49%. Junto con Río Negro, que se acerca al 60% y Neuquén, en un 58%, son las provincias con mayor incidencia de costo salarial.
Como consecuencia, quedan menos recursos para la Inversión Real Directa (IRD), es decir crecimiento de infraestructura, ya que en ese ítem Chubut tiene hoy una relación de sólo un 4% respecto del gasto total, ubicándose entre las cuatro provincias con menor relación en ese ítem: las otras son Santa Cruz, con sólo 2%, Buenos Aires, con un 3% y Tucumán, cercana al 4%.
Al observar el promedio del total de las provincias, el ratio asciende al 8,1%, ubicándose en los primeros lugares las provincias de San Luis, con una inversión real del 31% sobre el total de su gasto; Santiago del Estero, con un 28%; y Formosa, con el 20%.
Es notorio, en los datos expuestos por Ball, el modo en que la IRD cae desde el año 2017 en adelante. Al observar la serie histórica desde el año 2003, estuvo por arriba del 10% en los primeros dos años de la serie, para el alcanzar el 20% en 2006 y mantenerse por encima del 15% hasta 2010, para volver a perforar el piso del 10% en 2016 y 2017. A partir de ese período, quedó por debajo del 5%.
ULTIMA A LA HORA DE RECIBIR TRANSFERENCIAS DIRECTAS DEL ESTADO NACIONAL
De acuerdo con la presentación realizada por el economista, quien se desempeña como director del Observatorio de Empresas de la Patagonia, Chubut tampoco aparece en un lugar destacado a la hora de contar con asistencias del Estado Nacional.
En 2022 ocupó el último lugar en la fila para recibir Transferencias No Automáticas, con sólo $5.286 millones. El primer lugar correspondió a provincia de Buenos Aires, con $335.595 millones, seguida por Ciudad de Buenos Aires (CABA), con $92.427 millones.
También San Luis ocupó uno de los últimos lugares, con $5.885 millones, lo que reflejaría que la posibilidad de inversión real de aquella provincia corresponde principalmente al manejo de recursos propios. Santa Cruz recibió el doble por esa vía de asistencia, con $11.754 millones.
En lo que va de 2023, la situación no mejoró mucho, ya que según expuso Ball las transferencias automáticas para Chubut la reubicaron desde el último hacia el anteúltimo lugar, de acuerdo con los datos disponibles hasta el primer cuatrimestre del año.
EL “PESO” DE LA DEUDA, EN DÓLARES Y EN PESOS
El principal componente de la deuda pública actual es el BOCADE, Bono de Cancelación de Deuda, emitido en 2016 por el gobierno de Mario Das Neves para “cancelar deudas del gobierno de Martín Buzzi”, según la argumentación oficial de aquel momento, que obtuvo el aval político de todos los bloques de la Legislatura. Según refirió Ball, este instrumento demandará vencimientos, solamente de capital, por 400 millones de dólares entre 2023 y 2027 (asciende a 496 millones con la suma de intereses), abarcando la totalidad del próximo gobierno. Pero además, advirtió, hay que considerar también al bono denominado ‘TIDECH’, que la provincia colocó en 2021, por otros 111 millones de dólares.
El TIDECH es un bono emitido por el gobierno de Mariano Arcioni para refinanciar deuda vinculada a Letras del Tesoro en dólares, con vencimiento previsto para el año 2027, pero cuya primera cuota empezará a impactar en febrero de 2024 y deberá cancelarse en 4 años.
Es decir que el próximo gobernador, cuando asuma el 10 de diciembre, tendrá en su calendario no sólo los vencimientos que ya vienen pagándose sobre el BOCADE, que en forma trimestral demandarán desde enero próximo algo más de 34 millones de dólares por cuota (este año la cuota trimestral es de 30 millones de dólares), sino también el TIDECH, que sumará vencimientos trimestrales por otros 7 millones de dólares por cuota, sin contar los gastos.
Hay que recordar que los bonos tienen garantías que impiden una cesación de pago. En un caso, el BOCADE, se descuenta automáticamente de las regalías petroleras. En el otro, el TIDECH, el respaldo serán los envíos de Nación por Coparticipación Federal de Impuestos.
Además de los dos bonos mencionados, un tercer componente de la deuda que espera al próximo gobierno se vincula a las Letras del Tesoro, tanto en pesos como en dólares, que es el instrumento financiero que ha utilizado el actual gobierno para suplir la caída de recursos de los últimos años.
“Las letras colocadas durante el año pasado alcanzaban a 27 millones de dólares, hasta enero de este año y las colocaciones en pesos eran de $6.000 millones –explicó Ball, ante la consulta para este informe-. A esto hay que sumar el endeudamiento por 14.000 millones de pesos, que se aprobó a comienzos de mayo, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”.
RENEGOCIACIÓN Y PAGO DE AGUINALDOS A FIN DE AÑO
El tema de la deuda provincial será uno de los ejes insoslayables en la campaña política, en tanto los principales candidatos han coincidido en que se deberán renegociar los vencimientos del BOCADE, ya que de lo contrario la próxima gestión estará fuertemente limitada.
En el detalle de vencimientos del BOCADE, además de los 496 millones de dólares que demandará el período 2024-2027, hay que sumar los 97 millones de dólares que quedarán pendientes entre 2028 y 2030, sin olvidar los 60 millones de dólares que todavía resta pagar por vencimientos de julio y octubre de este año.
“Es probable que sea necesaria una renegociación, pero antes lo que hay que hacer es un plan sustentable, que asegure disminuir deuda en letras y recuperar el equilibrio fiscal –consideró Ball-. Si no, es una reestructuración como la que se hizo dos años atrás, es decir tirar la deuda hacia delante para que la pague la próxima gestión, que es la que empieza en diciembre de este año”.
En ese punto, Ball insistió en que “si no se solucionan los problemas de desequilibrio fiscal, que de hecho no se han solucionado, porque el gobierno acaba de pedir $14.000 millones para pagar aguinaldos, no sirve una reestructuración. Puede ser útil para un gobierno, pero no para la provincia”.
Con el déficit actual, que supera los $3.000 millones mensuales según reconoció el ministro Oscar Antonena ante diputados provinciales, Ball advirtió que ya en diciembre, el gobierno tendrá que recurrir a un nuevo endeudamiento, por más de $14.000 millones, para el pago de aguinaldos.
“Los préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (que los aporta Nación) tampoco son tan blandos –advirtió-, porque se actualizan por CER (coeficiente estabilizador de referencia, que toma en cuenta la inflación, es decir por arriba del 100%). Los $14.000 millones que pidió el gobierno en mayo se tienen que devolver en 14 cuotas y también deben comenzar a pagarse desde noviembre, es decir que le queda al próximo gobierno”.
Otro “regalito” para el próximo gobierno, según hizo notar Ball en su presentación, es que la reestructuración realizada a fines de 2020 incrementó los vencimientos para el próximo período en 164 millones de dólares, que es el monto que hubiera vencido entre 2021 y 2023 pero fue reprogramado hacia delante.
LAS SEÑALES DEL PETRÓLEO
El panorama es poco alentador. En su presentación Ball dijo que la deuda, al sumar todos sus componentes (no está claro el total en pesos, ya que desde la Legislatura se espera la respuesta a un pedido de informes realizado ante el ministro de Economía para contar con ese detalle), podría equivaler a dos años de recaudación de regalías petroleras. O incluso más, si toca un período de precios bajos.
Sólo entre los dos bonos, los vencimientos ascenderán a 511 millones de dólares en los próximos 4 años, a lo que se suman las letras en dólares, con 27 millones contabilizados hasta enero, más la conversión de los 30.000 millones de pesos que implicarán los dos préstamos mencionados, para el pago de aguinaldos de este año.
La situación no debería subestimarse ni siquiera considerando la recaudación del año 2022, cuando las regalías reportaron uno de los ingresos más altos de la historia, con 457 millones de dólares, debido a los altos precios del crudo durante el año pasado.
En años más “normales”, como el 2021, la recaudación fue de 376 millones de dólares y en 2019, de 368 millones de dólares. ¿Qué pasó en 2020, con la pandemia? Las regalías cayeron a su mínimo en más de 15 años, con sólo 254,6 millones de dólares.
No se necesita una nueva pandemia para que los precios internacionales del crudo caigan, como ya se reflejó en años recientes. Con precios de 50 dólares por barril, que no son necesariamente bajos, los ingresos de la provincia podrían sufrir un fuerte recorte. En 2016 y 2017, con el mercado en torno a esa cifra, la recaudación provincial estuvo más cercan de los 300 millones, por lo que en esa circunstancia, no tan extraordinaria como la pandemia, la deuda equivale a dos años completos.
La otra variable que puede llevar la recaudación hacia arriba sería un fuerte incremento de la producción de petróleo, algo que en las circunstancias actuales no se avizora. Sería necesario, al menos, frenar la caída, ya que la producción de hoy es casi un 9% más baja que la de 2019. Es decir, 1,8 millón de barriles menos que en aquel año, según surge de los ‘Reportes de Producción’ de la Secretaría de Energía de la Nación, correspondientes al primer cuatrimestre de este año y revelados para este informe exclusivo de ADNSUR.
Con estos datos, la próxima gestión iniciará con una escena bastante parecida a las imágenes cliché de viejas y nuevs películas de acción: cable azul, o cable rojo, ¿cuál cortará el protagonista?