Además de la deuda por 680 millones de dólares, los chubutenses también deben otros 59 mil millones de pesos

Además de la deuda en moneda extranjera, que asciende a 682,8 millones de dólares que deben cancelarse hasta el año 2030, la provincia de Chubut debe enfrentar vencimientos en moneda argentina, que representan otros 59.200 millones de pesos a pagar en 2024, sin contar las letras del Tesoro que vencen este año, por otros 21,4 millones de dólares y 5.435 millones de pesos. 

Además, hay otras deudas más viejas, por préstamos en dólares otorgados por el BID, que a valores de hoy suman más de 6.000 millones de pesos. Pero al pasar en limpio, pesos y dólares, el stock se acercaría hoy a los 200.000 millones de pesos y en ascenso, ya que se actualiza constantemente por la cotización del dólar y por la inflación.

La crisis económica y financiera de Chubut tiene varios componentes. Aunque la atención está habitualmente centrada en el endeudamiento en dólares, que recorta automáticamente los ingresos por regalías petroleras, se suma el alto volumen de endeudamiento en pesos.

Uno es consecuencia del otro. Los vencimientos del bono colocado en el año 2016, que demandan pagos puntuales cada 3 meses, han ido reduciendo una de las principales vías de ingresos de la provincia, que para cumplir con el resto de sus obligaciones ha debido apelar a sucesivos préstamos y colocación de letras.

Algunos de estos instrumentos financieros, incluso, también fueron colocados en dólares, aunque deban pagarse en pesos. Por otra parte, los préstamos tienen que ver principalmente con el denominado ‘Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial’, una línea que es aportada por el Estado nacional.

La última operatoria en ese programa se concretó semanas atrás, cuando la Legislatura aprobó un nuevo crédito de ese fondo, por 14.000 millones de pesos, que se destinarán a gastos corrientes y pago de aguinaldos de los empleados estatales.

Así lo precisó la diputada provincial Belén Baskov, tras las reuniones mantenidas por legisladores con el ministro de Economía, Oscar Antonena, en el marco del tratamiento de aquella iniciativa. En ese debate, la diputada provincial solicitó un informe al titular de la cartera económica, en cuya respuesta pueden leerse los detalles de la deuda de corto y largo plazo que afrontarán los chubutenses hasta el 2030, con fuerte impacto desde el año próximo.

LA PELOTA HACIA DELANTE

En plazos previstos para este año y el próximo, el Estado provincial debe afrontar 41.631 millones de pesos, lo que equivale a un 10% del total de su presupuesto 2023. Sin embargo, la mayor parte de esos vencimientos pasarán para el próximo gobierno.

Según surge del detalle presentado por el ministro de Economía, el Fondo Fiduciario demandará vencimientos por 33.394,9 millones de pesos al 31 de diciembre de 2024, a lo que se suman otros 908 millones de pesos que deberá cancelar el gobierno de Mariano Arcioni, hasta el próximo 31 de octubre de 2023.

El ‘Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial’ es una línea de préstamos que llegan desde el Estado nacional, que se otorga para contribuir con el financiamiento de las provincias, como en este caso, para ayudar a pagar salarios. Varias de estas líneas se activaron durante el año 2019, cuando la provincia comenzó a pagar “salarios escalonados”, ya que no podía reunir los ingresos suficientes para cubrir la masa salarial.

Sin embargo, pese a que es un préstamo del Estado nacional, no se trata de una línea de crédito ‘blanda’, salvo la mínima porción que vencerá este año, con una tasa fija de sólo el 25%. El saldo pendiente, para el año próximo, ajusta a través del CER, que es el coeficiente estabilizador que toma en cuenta la inflación, por lo que se transforma en una línea mucho más dura y “menos amigable”.

El costo del crédito queda evidenciado en los sucesivos incumplimientos de la provincia para devolver la plata prestada por el gobierno nacional. De hecho, en el informe del ministro se reconoce que el monto que vencerá el año próximo, se origina en renegociaciones de convenios del 28 de febrero de este año, además de otros anteriores, firmados sucesivamente el 27 de mayo de 2020, el 5 de octubre de aquel mismo año, el 1 de febrero de 2022 y el 3 de septiembre de 2022.

Según ese detalle, la mayor parte de la deuda contraída por el actual gobierno será “heredada” por quien se erija ganador el 30 de julio y se siente en el despacho del gobernador desde el próximo 10 de diciembre.  

También hay deuda acumulada desde períodos anteriores, originada incluso en años tan lejanos en el tiempo como el 2001 y 2013, que vienen a sumar otros 560 millones de pesos.

En resumen, según consigna otra de las planillas del informe, los préstamos del Fondo Fiduciario totalizan hoy más de 59.284 millones de pesos.

LAS LETRAS EN PESOS Y TAMBIÉN EN DÓLARES

En el informe remitido por el ministro Antonena se observa también el detalle vinculado a las letras del Tesoro, con colocaciones en dólares y en pesos. La ley de Administración Financiera sólo considera “deuda” a las obligaciones que pasan de un ejercicio al siguiente, por lo que quedarían fuera de esa consideración las obligaciones que vencen dentro del corriente año 2023. Pero en la práctica, son vencimientos que deben afrontarse en la segunda mitad de este año. 

Por el ítem letras en pesos, la provincia debe cancelar cancelar en 2023 un total de 5.436 millones de pesos, de los cuales ya abonó casi la mitad, en vencimientos del primer semestre. A esto se suman las Letras emitidas en dólares, que empezaron a tener vencimientos desde el 5 de junio y se prolongarán hasta fin de año, por un valor total de 21,4 millones de dólares, sumando capital e intereses.

Dentro de los vencimientos de bonos en dólares, el más importante y renombrado es el ‘BOCADE’, colocado en el año 2016, por el que todavía quedan por afrontar un total de 511,8 millones de dólares, luego del pago de abril y con los próximos vencimientos previstos para julio y octubre, por 30 millones cada uno.

Uno de los cuadros del extenso y detallado informe enviado por Antonena refleja los costos que tuvo la refinanciación del año 2020, que fue bastante menor a la del momento de la colocación del bono en 2016 (esto se verifica igualmente en la incidencia de esos gastos sobre el total del monto negociado). En esa ocasión, la provincia gastó un total de 4,2 millones de dólares en intermediación, honorarios y comisiones; mientras que al momento de la renegociación, el gasto fue de 2,5 millones de dólares. También se menciona la colocación del bono BOPRO, por 50 millones de dólares, en el año 2016, que demandó otros 2 millones de dólares de honorarios.

El detalle es importante, porque da la magnitud de las pérdidas para la provincia, en concepto de comisiones y honorarios, en cada una de las colocaciones y sus posibles refinanciaciones, ahora que se habla que podría renegociar la deuda externa por falta de dólares.

A estos títulos públicos se suma el más reciente, denominado TIDECH, por 111,4 millones de dólares, además de otros instrumentos de menor volumen. Entre estos, se destaca la deuda con el BID, vinculada al programa PROSAP II, por 13,5 millones de dólares y otra línea del mismo banco, destinada a mejoramientos en municipios, por 6,3 millones de dólares. El saldo total en moneda extranjera, al momento de elaborarse el informe en abril último, era de 682,8 millones de dólares.

Los préstamos BID son de antigua data, alguno desde el año 1997 y ya se vienen cancelando, por lo que en el detalle enviado por el ministro se menciona el saldo en pesos, que a valores actuales sería del orden de los  6.300 millones de pesos, pero como el saldo original está nominado en dólares, el monto en pesos se irá actualizando con la cotización de esa moneda. Los vencimientos están previstos hasta el año 2028.

¿CUÁNTO DEBE  CADA CHUBUTENSE?

Un ejercicio para estimar la deuda pública en relación a cada habitante de la provincia es distribuir el peso total de la deuda por la cantidad total de población. Esto no significa que alguien deberá sacar plata de su bolsillo, pero es la estimación de lo que representaría el hecho de que el Estado “somos todos”.

Así, si se considera que el Censo 2022 arrojó poco más 600.000 personas en la provincia, entonces cada chubutense hoy tendría una deuda de 1.338 dólares, considerando la deuda en esa moneda. Al mismo tiempo, tomando los valores informados en pesos, para afrontar entre 2024 y 2028, cada chubutense debería aportar otros 109.166 pesos. En total, convirtiendo los dólares al tipo de cambio de hoy, significaría un valor aproximado de 443.666 pesos por habitante.

Como se dijo, nadie tendrá que meter la mano al bolsillo, porque eso implicaría cargar sobre cada bebé que nace la obligación de abonar esa suma, además de niños, adolescentes y adultos mayores. Ni, obviamente, sobre la mayoría de una población que apenas llega a fin de mes.

Sin embargo, lo pagarán indirectamente todos, cada vez que una escuela no tenga clases (por falta de calefacción o docentes en huelga), cuando un hospital no pueda atender por falta de insumos o en cualquier prestación del Estado que, inevitablemente, se seguirá restringiendo ante el asfixiante peso de la deuda provincial.