Comienza “La Era Banfi” en el STJ: los cambios de fondo que se vienen, el hombre clave con las horas contadas y los tres ministros que la respaldan

Históricamente, el cambio de presidencia en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ha sido un hecho rutinario que ha pasado desapercibido. Siempre se trató de una cuestión automática prevista dentro de un sistema rotativo que transcurre en períodos que van del 1° de abril al 31 de marzo de cada año.  

Pero este 2023 no será un cambio más, por dos razones centrales: una, que por primera vez en 65 años será una mujer la que conducirá los destinos de la corte; y dos, porque los cuatro ministros “más nuevos” tomarán el mando y buscarán cambiar la imagen y el funcionamiento del máximo organismo del Poder Judicial de Chubut.

Desde diciembre de 2021 -fecha en que la Legislatura aprobó los pliegos- hemos explicado en este espacio en reiteradas ocasiones la historia de cada miembro, cómo llegaron a ese lugar, y luego, el choque de estilos que provocó fuertes cruces internos en el día a día, que aún continúan. Evitando volver atrás en el repaso, tenemos que decir que esas disputas incluso se agravaron con el regreso de Alejandro Panizzi a sus funciones, y que el clima en los pasillos es aún más irrespirable.

Más allá de especulaciones y versiones interesadas, hay algunos datos objetivos que conviene primero dejar aclarados: el próximo viernes 31 será el último día de la presidencia de Mario Vivas, y está previsto para el miércoles 29 el último plenario de su gestión, donde los 6 ministros se verán las caras para resolver una serie de puntos que la mayoría desconoce, porque el contacto y el diálogo con el presidente son casi nulos en estos días.

Si bien para el martes 11 de abril está convocada la sesión especial para la lectura del discurso de Vivas ante la Legislatura, Camila Banfi Saavedra será formalmente la nueva presidenta desde el sábado 1° de abril, y ya viene trabajando -con el apoyo de sus pares Daniel Báez, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani- junto a personal de la casa, en la redacción de una serie de reformas del organigrama de funcionamiento de la corte, que comenzarán a tratarse en el primer acuerdo plenario que ella presida.

Una cosa es clara: el Superior Tribunal de Justicia no será igual de aquí en adelante, porque los cambios a introducir son fuertes. Con la “Era Banfi” se terminará seguramente la “Era Capraro” porque, más allá de la continuidad o no del actual administrador general, ese cargo será vaciado de poder: ya nunca volverá a tener la enorme cantidad de funciones que hoy ostenta, y será repartido en distintos roles en la búsqueda de mayor transparencia y control.

EL ROL DEL ADMINISTRADOR

Tal como hemos explicado en más de una oportunidad, con el arribo de los nuevos miembros en 2021, surgieron varios problemas de funcionamiento interno y de choques de estilos de conducción, que giraron en torno al enorme poder acumulado por el administrador general del Superior Tribunal de Justicia, en la persona del ex ministro de Economía de la gestión radical de José Luis Lizurume, el abogado Héctor Capraro.

Asumió en ese lugar en 2012, hace una década atrás, con la necesidad de aquella gestión de Fernando Royer, José Luis Pasutti, Daniel Caneo, Jorge Pfleger y Alejandro Panizzi, de tener una persona específicamente abocada a las tareas de manejo del presupuesto. Los jueces querían un especialista que se ocupara de los números y los papeles del día a día, para dedicarse de lleno a las audiencias, los expedientes y los acuerdos en política judicial general.

Capraro sobrevivió a aquella conformación y la siguiente, con el paso de Daniel Rebagliati Russell, y luego la llegada de Marcelo Guinle, Miguel Donnet y Mario Vivas. Cuando -por impericias del poder político- el Superior Tribunal quedó circunscripto apenas a dos miembros como Vivas y Panizzi, en una conformación inconstitucional, la enorme cantidad de tareas que tenía el presidente hizo que delegara cada vez más potestades al administrador general, que en el día a día pasó a tomar la mayoría de las decisiones.

Por supuesto que no es un libre pensador y acata órdenes generales, pero en la práctica, Capraro se convirtió casi en una especie de super ministro, decidiendo cuestiones presupuestarias, de manejo de personal, ingresos, cargos, y hasta cuestiones jurisdiccionales en toda la provincia, referidas al equipamiento de juzgados y oficinas.

Licitaciones, compras, concursos, organismos con misiones y funciones administrativas, elaboración del presupuesto, ejecución del mismo: todo requería la autorización y la firma de Capraro. Claro está que este avance se fue dando con la anuencia de los ministros Vivas y Panizzi, quienes estaban “superados” en sus tareas cotidianas, y debieron “delegar” decisiones en su mano derecha.

Pero este sistema hizo eclosión con la llegada de los nuevos integrantes del STJ en 2021, para quienes en la centralidad del poder de Capraro radica el meollo del problema de la falta de transparencia y control del sistema y algunos incluso lo definen como un mecanismo “monárquico y absolutista”. Por eso ya comenzaron a fijarle limitaciones en los últimos acuerdos plenarios y dieron inicio a un “operativo desgaste” para que avance con su jubilación y deje libre ese lugar.

GOLPE DE TIMÓN

Con la llegada de Banfi Saavedra a la presidencia se va a llevar adelante una reforma que viene siendo pensada, analizada y consensuada con los otros tres ministros que asumieron de manera reciente, es decir, Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos. La primera de las medidas en las que todos coinciden, es que el cargo de administrador dejará de tener ese enorme poder, y que será distribuido en diferentes funciones dentro de un Consejo o Comité Asesor.

El primer paso, dado que no hay presupuesto aprobado y no se pueden crear nuevos cargos, será reutilizar al mismo personal que hoy ya viene trabajando en la actual planta del Superior Tribunal pero en otras funciones: es un hecho que junto a Banfi no quedará la gente que viene trabajando hoy con la presidencia de Vivas, quienes serán reasignados.

Banfi se basará en una auditoría contratada hace dos años por el mismo STJ y que arrojó un diagnóstico muy duro: allí se explicó desde el punto de vista técnico que los roles no están bien distribuidos, que hay una centralidad que atenta contra los controles cruzados, que son la base de un sistema transparente.

En base al resultado de esa auditoría, habrá una reorganización del área de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales ante la coincidencia general de los cuatro nuevos ministros de que hoy no funciona. De hecho, ya hay una denuncia penal de Daniel Báez -publicada por esta columna en noviembre del año pasado- contra un funcionario por la organización de concurso para un cargo en juzgado de paz de Gastre ante las sospechas de que pudo haber estado arreglado y viciado de nulidades, mientras el sistema de control interno nunca lo advirtió.

Todo el área administrativa de distribución de personal con asignaciones de cargos y funciones dejará de depender de Capraro, pero además, la nueva presidencia buscará desdoblar las funciones de llamados a concursos y licitaciones para obras y equipamiento, que estará separada de la ejecución de los gastos. Habrá un rol para diseñar y planificar cómo se gasta la plata, y otro para controlar efectivamente cómo se gasta. El principio rector es que unos controlen a otros, algo imposible si todo recae en una misma persona.

Uno de los ejemplos más recientes que se descubrió como nueva muestra del descontrol reinante, fue el de un empleado de un juzgado de Trelew al que se le autorizó una licencia sin goce de haberes para irse a vivir a un país escandinavo, y a luego se descubrió que estuvo cobrando el sueldo durante 8 meses, sin que nadie se percatara. Otro caso más que demostró a los nuevos ministros -como ocurre en los concursos de cargos- que el sistema interno de controles no está funcionando.

Hay ministros que tienen enorme expectativa de que la llegada de Banfi pueda destrabar ante la Legislatura la aprobación del Presupuesto, en el entendimiento de que las trabas actuales obedecen a una relación desgastada de diputados como Juan Pais y Manuel Pagliaroni con el tándem Vivas-Capraro, que devino en una falta total de confianza, amén de la crisis política con Panizzi, quien el año pasado acusó a la Legislatura directamente de cometer una intromisión en otro poder.

“No podemos seguir dos años consecutivos sin presupuesto, en el resto del país no lo pueden creer”, afirma a esta columna uno de los nuevos ministros, quien ante la posibilidad de destrabar este trámite, es uno de los que se esperanza con un Consejo Asesor que sería un Triunvirato, conformado por un Contador, un Licenciado en Finanzas, y un Licenciado en Recursos Humanos.

MODOS Y PLAZOS

Los cuatro nuevos ministros coinciden en el diagnóstico y en las soluciones, pero hay diferentes matices de forma en cómo llevarlos adelante. En un extremo, está la personalidad de Daniel Báez, que va a fondo. Su estilo frontal lo ha llevado a chocar con Mario Vivas, pero hoy todavía más con otro de sangre caliente, como es Alejandro Panizzi.

Si bien tenían una excelente relación en el pasado, la convivencia en la corte generó un nivel de rispidez altísimo, y cunden los comentarios de pasillo sobre discusiones de tono elevado entre ambos. Este proceso de cambio que se avecina, y la opinión sobre las personas que deberían llegar a reemplazar a los actuales, tienen a Báez y Panizzi en cada esquina del ring.

Lo que debe definirse urgente desde abril es qué ocurre con el administrador general: el “sector duro” en las reformas es el que pretende avanzar contra Capraro hasta las últimas consecuencias, y aplicar todo el rigor de la ley para obligarlo a jubilarse a la fuerza, algo a lo que el abogado se resiste.

El “ala blanda”, con Banfi a la cabeza, cree que no es necesario llegar a una definición tan extrema contra Capraro, que podría incluso traer algún problema legal a futuro. La posición más bien sería obligarlo a irse por la buenas, ya que el vacío de poder será tan grande, que el actual administrador entenderá que -sin margen de acción- su continuidad tiene fecha de vencimiento a corto o mediano plazo.

El otro tema a resolver cuanto antes es la aprobación del proyecto de Presupuesto, ya que por segundo año la Justicia tuvo que reconducir el del año anterior. Hay muchas estructuras, nuevos juzgados y cámaras, tanto en la judicatura como en los ministerios públicos, que necesitan lo antes posible designar personal nuevo, algo que está frenado hace 16 meses.

Se deberá realizar un trabajo fino ante la Comisión de Hacienda de la Legislatura que preside Juan Pais, para buscar destrabar una ley presupuestaria que daría previsibilidad. Hay quienes creen en el STJ que esto se podría lograr con reuniones y expresiones de buena voluntad de la nueva presidencia; otros creen que también incide el peso del Poder Ejecutivo en definiciones políticas que dependen en gran parte del voto de los legisladores del oficialismo.

Será tarea de Banfi lograr el equilibrio hacia adentro de su propio organismo colegiado, que vive épocas turbulentas con voluntades disímiles y enfrentadas, y a su vez, lograr la convivencia pacífica sin perder la independencia con los poderes Legislativo y Ejecutivo, de los que la justicia depende para contar con los fondos necesarios para una buena gestión.

El final de la gestión de Vivas lo encuentra en minoría contra cuatro ministros que trabajan en equipo y en tándem. El pedido de más orden y transparencia es una velada crítica a su estilo de conducción. La llegada de Banfi promete cambios de fondo y una impronta totalmente diferente, que deberá demostrarla en la práctica. Un enorme desafío para la primera mujer en llegar a un cargo de semejante envergadura.