Cumbre de los tres poderes de Chubut: Arcioni, Antonena, diputados y ministros del STJ avanzaron para destrabar el presupuesto de la Justicia

La novela del Presupuesto Judicial 2023 sumó un nuevo capítulo, esta vez con un encuentro que contó con protagonistas estelares y donde no faltó ninguna figura. Los principales referentes de los tres poderes del Estado estuvieron cara a cara para tratar de resolver un tema que viene trabado desde fines del año pasado: los diputados se niegan a tratar el proyecto de ley que autoriza las partidas de gastos para el funcionamiento de la Justicia.

La historia es conocida y en este espacio hemos abordado las razones de una y otra parte, tanto desde quienes cuestionan el monto de incremento, como desde quienes defienden la propuesta elevada por el Poder Judicial. También dijimos que el discurso de Alejandro Panizzi a la Legislatura, previo a dejar la presidencia en abril, terminó de dinamitar los puentes que había con los legisladores, y hubo que empezar a trazar un camino desde cero, que todavía sigue sin recomponerse, más allá de las mediaciones que se tienden desde el Poder Ejecutivo.

Por esa razón, surgió esta reunión realizada hace 12 días en estricta reserva –pero de la que se enteró ADNSUR- con el fin de acercar posiciones y tratar de ver qué modificaciones hacen falta para que la Justicia logre que los legisladores aflojen en su postura hasta ahora intransigente.

La cumbre fue el martes 2 de agosto, en horario del mediodía; el lugar, fue el despacho del Ministro de Economía en Rawson, que utilizan de manera alternada el gobernador Mariano Arcioni y el ministro Oscar Antonena, ambos presentes como anfitriones del encuentro. Hasta allí concurrieron los presidentes de tres bloques que representan a 21 legisladores: Juan Pais (Chubut al Frente), Adriana Casanovas (PJ-Frente de Todos) y Manuel Pagliaroni (UCR).

Y por el lado del Poder Judicial, la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia que están en funciones, ya que Alejandro Panizzi cursa licencia por cuestiones de salud. Es decir que concurrieron Mario Vivas (actual presidente), Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos, Daniel Báez y Ricardo Napolitani.

Luego de dos horas de reunión, hay que decir que no hubo un acuerdo concreto, pero se habló de una serie de puntos a trabajar, y se abrió una chance para que, en el mes de septiembre, cuando el Ejecutivo envíe el proyecto de ampliación presupuestaria para los últimos tres meses del año, se incluyan algunas reformas que puedan habilitar el tratamiento de la propuesta de la justicia.

ARGUMENTOS

Desde el Poder Ejecutivo, tanto Arcioni como Antonena hacen las veces de mediadores y buscan acercar a las partes, ya que la discusión es entre el presidente del STJ, Mario Vivas, y los diputados, representados por Pais, Casanovas y Pagliaroni.

Los datos puntuales que hay que tener presentes: el proyecto de gastos de la Justicia para 2022 presentado en diciembre del año pasado, fue de $ 19.850 millones, unos $ 9.639 millones más que el total presupuestado el año anterior. Esto representa un aumento de 94,73% respecto del presupuesto 2021, muy por encima del incremento presupuestario de los otros dos, ya que el Ejecutivo subió un 50 % y el Legislativo un 35 %.

Si bien este proyecto no fue tratado en diciembre, hay que recordar que sí fue aprobado el presupuesto general para toda la administración estatal, que incluye los sueldos de la Justicia. Por ello, ante el argumento de los legisladores de que hay que poner un freno a los salarios judiciales, los ministros argumentan que ya están garantizados para este año, aprueben la ley o no.

Sin embargo, de acuerdo a la interpretación de la Constitución, debido a la no aprobación de la ley por parte de la Legislatura, la Justicia está imposibilitada de disponer de las 120 vacantes de cargos nuevos, así como tampoco puede utilizar las partidas extraordinarias para obras.

Por ello, el planteo de los diputados, reiterado el martes pasado en la reunión, es que la Justicia debe hacer un esfuerzo y ajustar sus números, dando un gesto al resto del Estado. El planteo original es que vuelvan a gastar el equivalente al 7,9 % de los ingresos por rentas generales, como el año anterior.

Como ya explicamos en su momento, los legisladores entienden que, si el Presupuesto del Poder Judicial se incrementa a una tasa mayor que lo que establecen las Reglas de Responsabilidad Fiscal, esto obliga a los otros poderes a ir ajustando sus presupuestos de manera sucesiva a la baja, en términos de su participación en el Gasto Total, algo que ya viene ocurriendo.

De acuerdo a un informe de la Comisión de Hacienda, hace dos años la Justicia demandaba el 6,8% del los ingresos provinciales y hoy ese monto asciende al 9,1 %; mientras que en el mismo lapso, el Ejecutivo bajó dos puntos en total. La diferencia entre el presupuesto de la Justicia y el de la Legislatura se amplió en tres años: de ser cinco veces más grande, paso a un volumen 7,5 veces mayor.

Según los cálculos de los legisladores, el costo salarial por empleado de la Justicia llega a triplicar en promedio al costo salarial de un trabajador del Ejecutivo. Y entienden que son desigualdades producto de la política de aumentos salariales enganchados a las subas de la Corte Suprema, un tema que ya fue congelado por ley durante 6 meses y que se amaga de manera permanente que puede quedar eliminado en forma definitiva.

VACANTES

Del lado del Poder Judicial, se fundamenta la suba tan amplia en el gasto de personal “en la/s acordada/s que no pudieron hacerse efectivas durante 2021”, según dice la propuesta. Los jueces explican que este año prácticamente no hubo aumentos, sino que el incremento fue producto de actualizar las subas que habían quedado desfasadas respecto a la Corte Suprema el año pasado.

Otro de los participantes de la reunión, explicó a ADNSUR que las consecuencias de esta decisión del STJ de ponerse al día con la Corte Suprema, fue que los salarios en la justicia entre noviembre del año pasado –cuando comenzaron a actualizar todas las acordadas pendientes- y el mes de julio, subieron un 100 %, contra un 70 % del resto de los poderes.

Toda esta introducción sobre la discusión planteada en estos meses, sirve para explicar por qué el eje del encuentro de hace 12 días fue cómo hace el Poder Judicial para destrabar el tratamiento de su presupuesto. Entre los puntos discutidos, hubo dos centrales: uno son los futuros aumentos salariales y otro las vacantes pendientes.

“Van a tener que achicar, fíjense cómo lo hacen” repitieron los diputados el martes 2 a los ministros. Dejaron en claro que, así como está, la ley no va a salir. La cuestión a resolver es qué variable de ajuste puede llegar a implementar el Superior Tribunal en conjunto con los ministerios públicos, para “afinar el lápiz”.

Respecto al achique de las vacantes, si se aplica ese criterio, el más perjudicado sería el Ministerio Público Fiscal, que tiene la mayoría de los cargos a cubrir. “Tenemos que cumplir con la ley de juicio por jurados, el nuevo Código Contravencional que crea nuevas figuras, la nueva Oficina Judicial de Lago Puelo; que nos digan cómo hacemos para cumplir la ley si no podemos incorporar gente”, se quejaba uno de los ministros luego de la reunión.

Una de las ideas analizadas, es que el proyecto sea reformado, y en vez de crear 120 nuevas vacantes –que ya no se van a cubrir a esta altura transcurridas las dos terceras partes del año- se baje ese número solamente a 20 nuevos cargos, los más indispensables. Eso haría bajar el monto de manera considerable, porque serían 100 sueldos menos de empleados, funcionarios y magistrados que no se deberían pagar.

MÁS ESFUERZO

De todos modos, este acortamiento de cargos parece aún poco esfuerzo para los legisladores, que exigen gestos en el bolsillo, es decir, en el aumento de los salarios. Por esa razón, otro de los participantes del encuentro dijo a esta columna que allí se habló de otro punto: estaba previsto un incremento del 10 % para septiembre en el Poder Judicial, por lo que se planteó de no aplicarlo, y en todo caso dejarlo para el mes de diciembre.

Las posturas siguen bastante duras, y en el Superior Tribunal hay quienes no se quieren dejar torcer el brazo. La mejor definición de este razonamiento lo dio Alejandro Panizzi en su discurso de hace cinco meses: “dejen de entrometerse en la vida de la Justicia”. En resumidas palabras, consideran que –como poder independiente- nadie les puede decir cómo fijar su política salarial y de funcionamiento.

Pero está claro que las cosas han cambiado: ahora el STJ es un cuerpo de 6 miembros y todas las decisiones deben ser consensuadas. El presidente -en este caso Mario Vivas- no puede tener una postura individual, sino representar la opinión del conjunto. Y dentro de ese grupo, hay posturas intermedias que ven una salida elegante.

Lo que se charló en la reunión con el Gobernador, el Ministro de Economía y los diputados, es la chance de que, en vez de reformar el presupuesto original, los retoques al proyecto de la Justicia se podrían hacer cuando el Ejecutivo incremente las partidas en septiembre, debido a los mayores ingresos por recaudación.

En esta oportunidad, lo que se haría, sería no trasladar la misma suba presupuestaria para los tres poderes por igual, sino que el Poder Judicial debería arreglarse con mucho menos, y bajando las vacantes a unas 20 en vez de los 120 cargos originales, y el compromiso de no dar nuevos aumentos salariales, entonces sí dejar a los diputados trabajar sobre esa propuesta más ajustada.

Si esto se cumpliera, implicaría que -en el total del dinero ejecutado al final del año- las cosas quedarían un poco más “emparejadas” entre la Justicia y los otros poderes. Está claro que la idea de los diputados, es aplicar un “disciplinamiento”. Hay un grupo dentro de la actual Legislatura, que considera que llegó el momento de poner un límite a un poder privilegiado que se sigue manejando como si viviera en otra provincia.

La puja de poder entre la Legislatura y la Justicia sigue latente. Casi explota con la acordada que suspendía la Ley de Juicio por Jurados, pero esto fue subsanado –mientras aparecían versiones de inminentes pedidos de juicio político- por los mismos ministros de la corte, que entendieron que habían cometido un error, redactaron una nueva acordada y ahora se pusieron a trabajar a fondo en la implementación para 2023.

El dato novedoso es que ahora, en vez de participar solamente Mario Vivas de las negociaciones, lo hace todo el pleno del Superior Tribunal, y se abren más alternativas. Nuevas cartas aparecieron sobre la mesa a partir del encuentro del 2 de agosto. Habrá que esperar los próximos pasos, para ver si se resuelve una cuestión que tiene a Chubut desde hace meses en el límite de una crisis institucional.