Los diputados de Chubut en guerra contra el presupuesto judicial: todos los detalles de una disputa que se agravó más con el discurso de Panizzi

“Dejen de entrometerse en la vida del Poder Judicial y aprueben el presupuesto”. La frase imperativa con la que Alejandro Panizzi, presidente saliente del Superior Tribunal de Justicia, cerró su mensaje a la Legislatura el último martes, sonó a reto; tuvo más tono de reproche que de pedido.

Las caras de los legisladores presentes fueron más que elocuentes: si había alguna chance de que la ley fuera aprobada, el desafiante discurso sólo “echó nafta al fuego”, y ahora será el nuevo presidente, Mario Vivas, quien tendrá la tarea de tratar de acercar posiciones.

Tal como anticipamos en esta misma columna un mes antes del inicio de sesiones, la cuestión del presupuesto judicial para 2022 iba a ser un tema central de la agenda legislativa. Hay que recordar que no fue tratado por la Legislatura en el cierre del año pasado, lo que según Panizzi trajo innumerables inconvenientes para el funcionamiento y constituyó un avasallamiento de la independencia.

¿Cuáles son las razones por las que los diputados no quisieron aprobarlo? Los puntos son varios, y buena parte de la explicación está en la comparación con el presupuesto de los otros poderes, especialmente, con el Legislativo.

Podemos resumir el argumento de algunos de los legisladores de más peso en la Cámara, en la frase “alguna vez hay que ponerle el cascabel al gato”. Con esto se refieren a que hasta el momento nadie se animó a poner un freno al incremento de gastos de la Justicia, que es ostensiblemente más alto que el resto del Estado, especialmente en materia salarial.

La discusión no es nueva: la han tenido otras gestiones e incluso en este mismo período, la actual Legislatura sancionó en diciembre de 2020 una ley que congeló por seis meses la posibilidad de que el STJ se otorgara los incrementos de sueldo en sintonía con la Suprema Corte, algo que fue impulsado por el gobierno en la época de mayor crisis. Para la Justicia, esto generó atraso salarial, pero según la explicación de los legisladores, la ley no impedía aumentos, sino que decía que estos debían estar acordes a las pautas de los números provinciales, y no fijados por un criterio externo.

La verdad objetiva es que este sistema de acordadas automáticas del Superior en Chubut les evita tener que sentarse en paritarias con el gremio de los judiciales. Ya no hay negociación salarial en la Justicia, porque el criterio es de enganche automático con la política salarial del Poder Judicial Nacional.

El argumento para defender el sistema de enganche consiste en que es sólo una actualización de acuerdo al índice inflacionario. Pero según los diputados, el resultado es un incremento de los haberes de la Justicia muy por encima del resto de los trabajadores estatales en Chubut, que convierte a los judiciales en unos “privilegiados”.

AUMENTO EXCESIVO

En el marco de la comisión de Hacienda de la Legislatura, hay diputados que junto a sus asesores analizaron a fondo el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Judicial. Entienden, como dijo esta semana Juan Pais –presidente del oficialismo- que la función de la Legislatura no es sólo levantar la mano, sino analizar y controlar.

Para explicar la dureza de la postura legislativa, en este caso vamos a basarnos en este informe interno –al que tuvo acceso ADNSUR- de algunos diputados, que es el que da las razones para no aprobar el tema.

El primer dato a considerar es que el presupuesto total de la Justicia se incrementa en $ 9.639 millones, lo que representa un aumento de 94,73% respecto del presupuesto 2021. Pero otro valor que se está ponderando en Diputados: si la comparación se hace con el presupuesto efectivamente ejecutado por la Justicia el año pasado, el incremento con lo presupuestado sería del 120 %.

De ese total, el gasto en personal explica el 86,63% de dicho incremento, con un aumento de la planta de empleados en apenas 120 personas.

Aquí el primero de los argumentos en contra de este presupuesto: no cumple con la Ley de Responsabilidad que debe acatar Chubut de manera obligatoria. Según el artículo 10 de esa norma, “la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor de cobertura nacional”.

Los diputados entienden que, habida cuenta que el 91,87% de los recursos del Poder Judicial son provistos por la Administración Central, si el Presupuesto del Poder Judicial se incrementa a una tasa mayor que lo que establecen las Reglas de Responsabilidad Fiscal, esto obliga a los otros poderes a ir ajustando sus presupuestos de manera sucesiva a la baja, en términos de su participación en el Gasto Total, algo que ya viene ocurriendo.

El cuadro comparativo anterior, elaborado por diputados, indica que hace dos años la Justicia demandaba el 6,8% del Presupuesto Total, y que dos años después, ese monto asciende al 9,1 %, mientras el Ejecutivo bajó dos puntos en total.

También circula otro cuadro comparativo entre algunos diputados, que muestra cuánto aumentaron los presupuestos de la Justicia y la Legislatura en los últimos cuatro años. Indica que el Poder Legislativo gastaba 1016 millones en 2019, contra 5.315 millones del Poder Judicial (cinco veces más alto), y cuatro años después, la cifra es de 2.655 millones para la Legislatura y 19.850 millones para la Justicia (7,5 veces más alto).

ÁREA POR ÁREA

Según este análisis hecho por asesores legislativos, el detalle área por área indica que en la Judicatura el incremento de la planta de personal es de apenas el 4 %, pero los gastos de personal suben un 90 % para 2022: el gasto medio anual por agente, se incrementa de $ 3,8 millones a casi $ 7 millones.

En su elevación, el Poder Judicial explica que el incremento en la partida de personal surge de prever los aumentos correspondientes a todas las categorías, sumado a la creación de oficinas de gestión y cobertura de vacantes. Concretamente, se fundamenta la suba en el gasto de personal “en la/s acordada/s que no pudieron hacerse efectivas durante 2021”, habiendo ejecutado el 98% del presupuesto de personal en 2021. 

Siguiendo con el detalle área por área, dentro del Ministerio Público Fiscal, se plantea subir la planta de personal en un 14,4 %, pero el gasto en sueldos aumenta en 108 %. El costo anual por agente pasa de $ 4,2 millones a $ 7,6 millones.  

Respecto al Ministerio de la Defensa, el incremento de la planta de empleados es de apenas el 1,87%, pero el gasto de personal aumenta el 101 %, pasando el costo total por agente de $ 4,7 millones al año a $ 9,4 millones.

En comparación -dicen los diputados- el costo salarial promedio de un agente público en Chubut anualmente es de $ 2,6 millones, es decir, tres veces menos que respecto a un trabajador de la judicatura o de una fiscalía, y casi cuatro veces menos que un agente de la Defensa Pública. De ahí las desigualdades que –aseguran- no están dispuestos a seguir permitiendo.

RESPUESTA

En el Poder Judicial, las fuentes consultadas por esta columna saben que el camino para obtener éxito en la negociación con la Legislatura no es el elegido por Panizzi, que es más parecido a la confrontación, sino que habría más chances siguiendo la vía del diálogo, que es la que ya está tratando de implementar el nuevo titular de la Corte, Mario Vivas.

Desde el ámbito judicial sostienen que hay una interpretación errónea respecto a que el aumento presupuestario va a parar exclusivamente a sueldos, y afirman que en realidad hay allí una gran cantidad de responsabilidades y áreas, incluyendo obras edilicias.

Reconocen que la suba del 95 % es por el arrastre salarial del año pasado, pero además de esto, explican que ahora las partidas para el pago de servicios ya no pasan por el Ejecutivo, sino directamente por el presupuesto judicial.

A modo explicativo, argumentan que también depende de ellos el Tribunal Electoral, que exige una partida propia –algo que no es nuevo- y que en los gastos “ya estamos previendo juicio por jurados, y todo eso está incluido, pero no lo quieren entender”.

“Nos quieren sacar la acordada con la Suprema Corte que va acorde con la inflación, y quieren que negociemos en paritarias con el gremio, cuando en realidad, no advierten que el resultado puede ser peor” dicen desde el STJ. Los diputados responden que la verdad es que “no quieren pagar el costo político” de tener que negociar con los trabajadores.

En la Justicia insisten en que –a pesar de lo que se dice- la pauta salarial anual es del 35 %, y en realidad en esa materia se muestran tranquilos, porque entienden que este dinero ya está aprobado en el presupuesto general votado por los diputados en diciembre.

En todo caso, la polémica por la falta de presupuesto se debe a que, de acuerdo a la interpretación de la Constitución, no se podría disponer de las 120 vacantes de cargos nuevos, así como tampoco de las partidas extraordinarias para obras.

Voceros de la corte afirman que el remedio que aplican los diputados es peor que la enfermedad, porque “al no tener vacantes, hay que hacer contrataciones con recursos propios”, y además, en la Justicia cuestionan la sanción de leyes que generan más gastos, como por ejemplo “la ley de amparos nos obligó a crear un área de gente especializada en el tema”.

CUÁL ES EL LÍMITE

No hay dudas de que la guerra está declarada. El Poder Judicial no está dispuesto a ceder lo que considera su independencia: entienden que el presupuesto es lo que demanda el servicio de justicia eficiente y con todas las responsabilidades constitucionales. Creen que su política salarial está ajustada a la inflación, y que nadie puede venir desde afuera a imponer a otro criterio.

Incluso alguna voz desde la Justicia dijo a esta columna “el área a la que más plata destina el gobierno es educación y no hay clases hace cuatro años. ¿Por qué no se dedican a controlar en qué gastan ahí en vez de presionarnos a nosotros?”. El Ejecutivo hasta aquí prefiere no entrometerse demasiado, y deja el tema en manos de los diputados.

En la Legislatura no todos, pero un importante número de legisladores de ascendencia en sus pares, especialmente dentro de la comisión de Hacienda, ven las cosas de manera totalmente diferente. Tal como explicamos en los datos anteriores, consideran que la Justicia tiene una política presupuestaria egoísta, que no se ajusta a ningún parámetro local. Están convencidos de que esta situación, a la que nadie ha puesto límite, tuvo como consecuencia que el resto del Estado deje de gastar fondos en otras áreas, para destinar cada vez más al Poder Judicial.

Algunos diputados habían incluido la pregunta sobre la política salarial de la Justicia a los nuevos aspirantes que expusieron en diciembre. En la sesión especial, ninguno habló del tema, pero dicen que en privado varios reconocieron que merecía ser revisada. En las últimas horas, Camila Banfi Saavedra salió a defender el enganche con la Corte en declaraciones que fueron publicadas por ADNSUR.

“Ellos destinan la totalidad del incremento presupuestario a la suba de sus sueldos que habían quedado suspendidos en pandemia y quieren hacer retroactivos los incrementos otorgados por el poder judicial de la Nación, sin contemplar las particularidades ni realidades de Chubut. Encima, quieren que quede sujeta la obligatoriedad de hacer ampliaciones presupuestarias ante nuevas acordadas de la Suprema Corte. Es una aberración”, dijo a esta columna uno de los diputados más enfrentados.

Hay otra cuestión anexa pero no menos importante: no se trata solamente los sueldos del Poder Judicial, con su propia Ley de Porcentualidad, donde los empleados cobran un porcentaje de lo que cobran los magistrados. Sino que hay varios organismos del Estado que están “enganchados” a los sueldos de la Justicia, como ocurre con el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Contaduría General y la Oficina Anticorrupción.

Por eso la advertencia que algunos legisladores hacen al gobierno: “si permitimos esto, todo va a parar al tacho y vuelve el pago escalonado. Alguien tiene que parar esta bola de nieve”.

¿LA AUTARQUÍA?

La disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo con el Judicial no es nueva, y se viene dando con mayor o menor intensidad hace 15 años. Todo comenzó con la aplicación de la Ley de Porcentualidad, aprobada en la primera gestión de Mario Das Neves siendo Javier Touriñán presidente del bloque del oficialismo, y con Raúl Belcastro como secretario general del Sitrajuch.

Desde ese entonces, comenzaron los roces, en épocas en que Víctor Cisterna era ministro de Economía y el diputado justicialista Oscar García presidía la comisión de Hacienda.  El conflicto se desató en 2008, ya que hubo un achatamiento de la pirámide salarial, que generó un juicio por parte de Magistrados y Funcionarios que la provincia perdió. Lograron demostrar que les habían tocado sus ingresos, y la provincia tuvo que pagar.

La “solución” que se encontró fue la acordada del enganche con la Corte Suprema de la Nación. Ahora nadie se sienta en la Justicia de Chubut a discutir aumentos con el gremio ni con los jueces, sino que ya vienen fijados desde un sillón en el Palacio de Tribunales, y se aplican de manera automática. Pero esto viene generando impacto en el presupuesto, según los números que analizan los diputados.

Hace dos años atrás, desde el gobierno se buscó lo que se creía una salida al problema: un proyecto de Ley de Autarquía, que le otorgaba todos los años el 7,46 % de los ingresos de Rentas Generales al Poder Judicial.

Pero la respuesta desde la Justicia fue negativa, porque que estuvo no fue consensuado y que “en un contexto de inflación no nos sirve, porque además no queda claro el porcentaje de qué, nunca aclaran que son los fondos de libre disponibilidad”, dijo uno de los voceros. En concreto, la Legislatura decidió no avanzar, y el tema quedó en el freezer.

Desde el poder político, entienden que la postura de la justicia es “cómoda”: se dedican a decir cuánta plata necesitan y exigir el depósito (el 91 % de ese dinero lo envía Economía). De la otra manera, deberían manejarse con un monto variable ajustado a los ingresos, lo que les obligaría a ir haciendo cuentas de manera permanente y ajustes, con decisiones impopulares que hoy no se quieren tomar.

El frente de guerra volvió a instalarse con todo en este 2022, y el presupuesto judicial sigue sin aprobarse. La disputa es por fondos públicos: cuánto se distribuye a cada poder dentro del estado. Dicho de otra manera, la pelea es en qué se gasta la plata. La comisión de Hacienda de la Legislatura será el teatro de operaciones de las próximas batallas, en las que habrá nuevos actores, que serán los nuevos ministros del Superior que asumieron hace tres meses. El resultado será, o bien el Presupuesto del Poder Judicial se reescribe ajustando los números, o bien se aprueba como está: veremos quién gana la partida.